Listin Diario Logo
18 de noviembre 2019, actualizado a las 11:21 a.m.
Login | Registrate
Suscribete al Listin Diario - News Letter
Puntos de vista jueves, 20 de septiembre de 2018

IGNACIO NOVA

El Presidente marchándole al transporte

  • El Presidente marchándole al transporte
Ignacio Nova
ignnova1@yahoo.com

Como cualquier país eufemísticamente llamado en vías de desarrollo, la República Dominicana tiene muchos kilómetros lineales y cuadrados de vías asfaltadas por construir para facilitar el urgente des congestionamiento de las arterias principales, especialmente cuando transitar la ciudad ha devenido en un verdadero problema y una costosísima, improductiva y obligatoria tarea de la que no escapa ninguno de nuestros nacionales.

Comparado con el organismo humano, la ciudad estaría en amenaza de infarto. Obstruidas sus arterias, los taponamientos ponen en crisis la ciudad, haciéndola insufrible, inhóspita, inhabitable, restando valor a las propiedades establecidas en las zonas de mayor tránsito.

Preservando el derecho a transitar como sus posibilidades e imposibilidades se lo permitan, nuestros conciudadanos optaron por priorizar hacerse de un transporte a una vivienda o mejor calidad de vida o más educación. A falta de un servicio de transporte público eficiente, cada quien optó por la solución personal. Recuerdo al ingeniero José Israel Cuello advirtiendo, desde su “Hablan los comunistas”, al difunto expresidente Antonio Guzmán Fernández, que la entonces recién creada Onatrate (Oficina Nacional de Transporte Terrestre) no podía estar comprando guagüitas sino autobuses capaces de movilizar mayor número de personas en una ciudad cuyas periferias comenzaban a abarrotarse por la inmigración proveniente del campo, al amparo del populismo balaguerista y del empuje de un industrioso sector económico que se instalaba por doquier, demandando mano de obra.

La crisis del transporte nacional inició cuando el fallecido expresidente Joaquín Balaguer optó por crear la crisis del petróleo para, con ella, generar la crisis de las gasolinas. Que la gente tenga autos se hizo híper rentable para el fisco.

Todo fue un bien estructurado plan de vías cerradas para justificar e imponer como necesario óy única solución posibleó el incremento desbordado de los derivados del petróleo usados para el transporte que el país ostenta hoy.

A los ojos de los desarraigados, ¿qué podía importar que las clases medias y altas óentonces mayoritariamente propietarias de vehículosó tuvieran que pagar más por la gasolina? Un pueblo que no había sido educado como el de entonces, ¿qué podía saber de la transferencia social de los costos productivos a través del precio del transporte, de la electricidad y de los alimentos?

El Estado balaguerizado había decidido encadenar dramáticamente las arcas fiscales al transporte para enfrentar el déficit financiero de 1988, la creciente deuda pública y la devaluación enorme que en el balaguerato sufrió el signo nacional. Nació así el mayor impuesto que pagamos: el que grava los combustibles, uno que se abona diariamente, en un consumo obligado, que penaliza la realización de tareas y trabajo y, junto a estos, el disfrute de uno de los derechos constitucionales: la libre circulación.

Pese al alto costo del transporte en el país y, más aún, de los vehículos, la ciudad se abarrota, más densamente cada día. Cada hora es más difícil encontrar una ruta por donde evadir los taponamientos que, a decir verdad, se generan por dos razones fundamentales: a) la falta de aplicación de la ley y b) la carencia de vías de entronque con capacidad de desagüe.

Quienes desde el 2000 han sido responsabilizados para desarrollar vías públicas facilitadoras del tránsito, han estado engañando al país y a los ejecutivos con soluciones cortoplacistas.

Lo que se ha hecho en Santo Domingo no tiene nombre y va contra de las reglas básicas del urbanismo y de la planificación a futuro de un sistema eficiente y duradero de circulación vial.

Si sobre estas circunstancias ponemos un pueblo al que la fortuna y óen mi punto de vista, Diosó ha dado posibilidades de progreso y desarrollo extraordinarios y que, sin embargo, conduce de modo irrespetuoso y temerario, ilustrando brutalmente el concepto de incivilidad, entendemos el caos que hoy caracteriza nuestro tránsito.

Visionarios, el expresidente Leonel Fernández y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) cambiaron el paradigma de soluciones vigentes sobre el tema, creando la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET) el 11 de septiembre del año 2005, desde donde se coordina y desarrolla el Metro de Santo Domingo.

Iniciado como un proyecto para aprender a planificar y a hacer, los resultados de la Línea 1, que cubre el tramo Villa Mella-Distrito Nacional, de Norte a Sur, están a la vista: unos usuarios que ya no desean regresar al tipo de servicio anterior. Este es el mejor argumento para continuar empujando soluciones, como lo propicia el presidente Danilo Medina, quien mantuvo al creador de este sistema, el ingeniero Diandino Peña, durante su primer mandato a la vez que, en las medidas de las posibilidades nacionales, apoyó y continúa apoyando el desarrollo del mismo al punto que hoy se habla de un Metro construido por dominicanos, con vagones para la Segunda Línea B, Este-Oeste, a punto de iniciar operaciones.

Muchos empleos se perderán, muchos choferes de concho y transportistas de estas rutas quedarán sin mercado por su incapacidad de competir con la iniciativa oficial. Pero mucho más gente se beneficiará, transportándose con mayor calidad, seguridad y a menor precio y tiempo.

El empresariado del sector transporte está retado a unirse y a desarrollar, junto al Estado o por sí mismo, las líneas complementarias al Metro de Santo Domingo o estaciones de autobuses dignas. También a garantizar que sus unidades no sean operadas por borrachos y drogados, como se ha podido apreciar, con responsables de innúmera muertes, accidentes y daños a las propiedades ajenas.

El gobierno, por su parte, debe considerar la creación de vías favorables a la inversión privada en transporte, a la vez que reduce la tolerancia oficial y legal ante la incivilidad de los conductores en las vías públicas.

¡Manos a la obra en el transporte!