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Víctima e inacción

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Luis Encarnación PimentelSanto Domingo

La realidad de que si la víctima de un robo o un atraco no formaliza y mantiene una acusación contra el responsable, el caso se cae y el hecho queda sin sanción. Es una falla tan grande y lamentable de nuestro sistema judicial que lo tornan en infuncional y en estimulador de la misma delincuencia que debe perseguir. No cabe en la cabeza bien puesta que notificada la ocurrencia de un delito o acción criminal, y habiendo ya hecho la policía el trabajo de ubicar y apresar a quien las investigaciones dan como responsable, el afectado deba lidiar y verse cara a cara en los tribunales -y a todo riesgo- con gente capaz de cualquier cosa y no saber dónde vive. Sencillamente se expone a la víctima al riesgo de ser afectada dos veces: con hecho original y luego, tras tener su ubicación -con amenazas e intimidación que muchas veces provienen de los implicados o de los familiares-. Ese absurdo -como el que la víctima debe pagar un abogado que le sangra los bolsillos, mientras al delincuente el Estado le tiene un defensor público- debe ser corregido. Supimos del caso de una señora víctima de un atraco en un carro público, del que se lanzó, y la policía apresó a los autores del hecho, que tras los delincuentes ubicar su dirección y hacerles varias amenazas, en una ocasión fueron por algo relacionado con el hecho y en el lugar le dijeron a los interesados que esa persona había muerto. En verdad lo que murió fue el caso, porque al no haber quien acusara los responsables irían a las calles a buscar nuevas víctimas (¿). Otro caso -ya familiar- fue el del robo de una camioneta, que tras esfuerzos personales del actual director policial, que en la ocasión era el responsable de recuperar, fue encontrada en San Francisco de Macorís y devuelta a los 15 días del hecho. Al tenerla otra persona, no el que la quitó pistola en mano, al fiscal del Plan Piloto preguntar si no formularían acusación, se le dijo que no, que esa no era la cara, aunque alguien fue. Sí se notificó el hecho y la Policía, que tiene fe pública, encontró el vehículo en el 2008, era la institución la que debería acusar y descifrar para poder aplicar la acción penal.. Nefasto, porque a los diez años del caso, llega una cita (un cumplido) para que alguien que no se ha querellado y aparece como “querellante”, aporte en un expediente casi caído por “desinterés de la victima” (¿). ¡Así no!

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