Desafío a la autoridad

UNO: DELINCUENCIA EN DESAFÍO.- En un estudio llevado a cabo por un organismo internacional, y que cubre toda América Latina, se estableció que un alto porcentaje de delitos que se cometen no son reportados a las autoridades. El director de la Policía Nacional se quejaba de algo parecido en días recientes. Si es así, entonces las estadísticas que se publican mienten o no recogen toda la verdad. Cuando se informa que la criminalidad está en baja, el dato debe tomarse con un poco de sal. Saber que el número responde más a deseo que a realidad. La situación -incluso- podría ser más compleja, o existir elementos que se escapan al análisis cuantitativo. Por ejemplo, la geografía del delito, la categoría del asaltante, o el propósito de la acción. Cuando se realiza un asalto en el centro de la capital y en un lugar de moda y cuyos parroquianos pertenecen a la clase media, no puede pensarse solo en robo. Igual cuando se ataca un vehículo militar y se agrede con un machete a un oficial. Ambos hechos tienen que verse como lo que realmente son: desafíos a las autoridades. En estos tiempos nada ocurre de manera casual, en todo hay un trasfondo, y proceder de manera inmediata y manu militari conviene, pero también determinar qué hay detrás. Lo que se esconde, lo que no se ve.

DOS: UNA BAGDAD OCUPADA.- Se tiene la impresión de que las autoridades conocen más de lo que aparentan o que por lo menos no guardan la forma. La militarización de la capital fue atribuida a una amenaza de huelga de parte de los choferes, pero la protesta fue en Santiago. Si la movilización iba a tener efecto en la Ciudad Corazón ¿a qué entonces alarmar a los capitaleños y hacerlo un lunes que se suponía los muchachos volvían a la escuela o por lo menos Educación había demandado dicha asistencia? Dicen que es mejor mostrar la fuerza que usarla. Aunque el operativo, al no explicarse y tomar a la población de sorpresa, da pie a todo tipo de conjeturas. No solo atemorizar a los choferes, sino de carambola mandar un mensaje a la delincuencia: la ciudad no está desprotegida. Habría que ver los lugares donde fueron estacionadas las tropas o circulaban las patrullas para determinar el alcance de la acción. Pues se supone que por cualquier tontería, y los choferes son políticos y socios del gobierno, no iba a proyectarse esa imagen de Bagdad ocupada. El gobierno -insisto- debe cuidar el juego, pues los equipos como los peloteros tienen momentos malos del mismo modo que también buenos. Lo llaman racha, y así como de fortuna, igual de desgracia. Esta administración gozó de buena suerte, y por mucho tiempo, de manera que si ahora los manes se rebelan, otro debe ser el tratamiento de los asuntos difíciles o conflictivos.

TRES: ATRIBUCI”N CONSTITUCIONAL.- Aunque se producen declaraciones sueltas, todavía la clase política o los partidos no asumen la convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura para octubre. De seguro que se pondrá en escena una estrategia diferente a la ocasión anterior, pues la experiencia ayuda a levantar los pies y no chocar de nuevo con la misma piedra. Incluso tendrá en cuenta los dos tiempos. El tiempo de la sustitución de jueces del Tribunal Constitucional y la evaluación de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia. La sociedad civil, sin embargo, no le pierde ni pie ni pisada al proceso, y no solo está atenta, sino que empieza a poner banderilla al toro antes que este sea lanzado al ruedo. Que falta esto o aquello, que no se podrá lo más porque se carece de lo menos. Finjus por lo menos quisiera que fueran otras las reglas de juego y que los fouls fueran aceptados como jonrones. No obstante, parece que el ampaya jefe va a aplicar el librito de la otra vez. Al menos con las vacantes del Constitucional. Esto es, la convocatoria (que ya se hizo), presentación de candidaturas, evaluación, entrevistas públicas y selección. Así que la sociedad civil puede insistir, maniobrar, pero posiblemente muera en el intento de condicionar un órgano cuyo funcionamiento se corresponde con la Constitución de la República. No es que no se puedan mejorar los procedimientos, pero la decisión será del Consejo Nacional de la Magistratura.

CUATRO: ENTRE ELLAS, EL GÉNERO.- Cuando la Junta Central Electoral anterior negó el reconocimiento a Opción Democrática (o Partido de Minú, como se le conoce), también a otras organizaciones que se creían con iguales derechos. Como los casos de los núcleos de choferes que quisieron dar el salto de sindicato o federación o empresa a partido político. Uno que otro se quedaron tranquilos, pero hubo que denunciaron, patalearon y amenazaron, sin que sus resabios lograran cometido. Ahora que el organismo de elecciones corrigió lo que el Tribunal Constitucional consideró una falta ¿qué harán las demás “víctimas”? ¿Recurrir ante la misma alta corte o introducir de nuevo el expediente de reconocimiento? Habría que ver los plazos o conocer el fallo del Constitucional, si abierto o cerrado. Lo cierto es que no consideraron en su momento las vías del derecho y creyeron que podían imponerse a las malas, con el tumulto y el discurso de barricada. Aunque como nota curiosa, vale decir que Rosario Graciano votó ahora a favor, cuando lo hizo en contra la primera vez. Claro que ahora estaba atada a una sentencia vinculante. Y lo mismo con Carmen Imbert, que siendo responsable del área, se abstuvo. ¿Podría hablarse de que faltó a la solidaridad de género?