El enfermo mental en situación de calle
La persona que padece un trastorno mental y que deambula por las calles sufre una situación de continua violencia e irrespeto a sus derechos, que empeora su ya difícil posición de estar en el mundo.
Un segmento importante de la sociedad apenas logra diferenciar a un mendigo sin hogar de una persona con un trastorno mental y que tampoco tiene donde vivir. Pero el indigente sabe reconocer muy bien a quien tiene un problema mental hasta el punto de no aceptarlo como par, de no admitirlo en su misma escala social. Esto sale a relucir más de una ocasión en los artículos periodísticos “En la piel de la locura” de Juan Salazar.
El mendigo al menos sabe pedir limosna, el trastornado mental en situación de calle ni eso. Queda claro que no solo su indefensión está al extremo de cualquier otro ser humano, sino que está al final de toda jerarquía social.
Este fenómeno no es exclusivo de nuestro país. España, México, Costa Rica y Panamá, por solo citar algunos estados, padecen por igual de este hecho complejo que tiene que ver con situaciones de desarraigo familiar, desempleo, pobreza severa y deterioro personal, que provoca una vergonzante exclusión social para las que los recursos asistenciales existentes, no importa la nación, no logran aportar todas las respuestas necesarias.
En República Dominicana, el Ministerio de Salud Pública (MSP) ha implementado el “Programa para la protección de las personas con enfermedad mental crónica en condición de deambulante”. El programa busca garantizar la protección de los derechos de este sector poblacional, por medio de la accesibilidad a los servicios de salud, al tratamiento y a la rehabilitación psicosocial, hasta lograr la reinserción familiar, social y laboral. Este programa cuenta con una articulación de diferentes actores que dan respuesta a las diversas fases del proceso: las áreas de salud que se encargan de la identificación de la persona en su territorio y que además realizan el levantamiento de la información en el instrumento diseñado para este fin, priorizan la intervención de acuerdo a la gravedad y la vulnerabilidad de la situación. La Dirección General de Salud Mental del MSP coordina la respuesta junto al transporte sanitario del MSP o al Sistema 911, además ubica la cama hospitalaria del Servicio Nacional de Salud, lugar donde se mitigará la crisis de salud mental. El departamento de trabajo social se activa e intenta identificar a la familia o en su defecto coordina con el Centro de Rehabilitación Psicosocial (CRPS), para el traslado posterior al alta desde la Unidad de Intervención en Crisis.
La reacción de la sociedad desde que observa a una persona con esta condición es el rechazo y pierde en ese momento todo sentido de solidaridad. Sobreviene el menosprecio y la humillación. Esa hostilidad es violencia, esa aversión es estigma; esta es una barrera invisible y es amoral. El programa busca devolverles su dignidad, respetando sus derechos.
Al actuar a favor de este grupo vulnerable, se busca conjurar la doble dificultad que padecen, por un lado, la de experimentar los síntomas propios de su padecimiento, a la vez que hacer frente a los efectos del oprobio. El primero puede ser transitorio con un buen tratamiento y un entorno adecuado pero el segundo trae conflictos permanentes y complejos. Pero ambos tienen innegables consecuencias en su calidad de vida y en su proceso de integración social.
Desde enero de 2017 hasta el mes de julio de 2018, se han realizado 171 intervenciones exitosas. Claro, no siempre que se organiza una intervención se logra completar la misma dada la movilidad de estas personas.
Se debe inferir que coordinar cada actividad, debido a los múltiples actores que participan, es un proceso organizativo complejo. Del total mencionado, 86 son del sexo femenino y 85 son hombres. Hay que destacar además que 50 personas han sido referidas al CRPS mientras que el resto ha sido reubicado con sus familiares previos acuerdos de atención especializada, próxima al hogar y con sus medicamentos garantizados. En los 18 meses que lleva el programa en ejecución solo una persona ha sido intervenida en dos ocasiones.
Estigma y discriminación se traducen en exclusión e irrespeto a los derechos. Es imperativo cambiar el modo en que la sociedad los percibe. La persona debe primar por encima de todo. Los seres humanos somos iguales, y a la vez diversos. La diversidad nos constituye, nos enriquece. Pero se debe articular la diversidad para que no degenere en injusticias y desigualdades. Este programa busca que el Estado cumpla con su rol, en cuanto a la protección de esta población discapacitada, y además, educar a la sociedad en la forma de tratar con esos ciudadanos.
Finalmente, al entender que el ser humano es un fin en sí mismo, que no hay equivalente, que somos seres en relación y que la autonomía se logra en la interacción con otros, creamos solidaridad y ciudadanía. Al ser ciudadanos nos aproximamos a la idea de justicia que es en esencia la historia de la humanidad.
El autor es director de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública