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No es solo “la ley posible”

La Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas aprobada la pasada semana en el Congreso no es ni por asomo la ley ideal, pero constituye sin dudas un excelente primer paso en el largo camino que debe recorrer la partidocracia dominicana hasta alcanzar niveles de fortaleza institucional que alejen los fantasmas de procesos de ruptura, como los que han conducido a países de la región a lamentables y dolorosas aventuras.

No se trata sólo de “la ley posible”, si no de una buena legislación que contiene avances importantes en materia de regulación del tiempo, modalidad y gastos en las campañas internas de los partidos, y que conlleva además mejoras en materia de transparencia en las fi nanzas de los partidos y las candidaturas, proscribe la doble afi liación, endurece las condiciones para el reconocimientos de partidos, agrupaciones y movimientos políticos, amplia y fortalece la gama de derechos y deberes de los militantes y crea las condiciones para la renovación de las cúpulas partidarias.

Sin embargo es probable que lo más transcendental que tienen esta legislación es que otorga facultades a la Junta Central Electoral para supervisar y organizar los procesos internos de los partidos políticos.

En el transcurso de las primeras tres décadas de la actual etapa republicana la política dominicana estuvo marcada por el bipartidismo representado en el Partido Reformista y el Partido Revolucionario Dominicano.

Hoy, esas dos otrora enormes maquinarias políticas y electorales, han devenido en minúsculos grupos que apenas superan la barrera del cinco por ciento de las votaciones.

En gran medida la razón de los consecuentes confl ictos y divisiones que aún continúan asolando esas dos organizaciones radica en que, como consecuencia de la incompetencia y ambición de las cúpulas, sus procesos internos ---tanto como elegir candidatos como autoridades--- han estado marcados por la opacidad y la trampa provocando descontento en dirigentes y militantes y desapego entre los votantes.

En muchas ocasiones se solicitó la participación de la Junta, pero esta se negaba alegando limitaciones en el alcance de la ley vigente… En lo adelante ya no tendrán esa excusa.

Y esa es una buena noticia para la democracia, ya que sólo la Junta con su basta experiencia, sus recursos humanos y logísticos y la fortaleza institucional y credibilidad de que goza, puede garantizar ---bajo cualquier modalidad de elección--- los necesarios niveles de confi anza y transparencia en los procesos internos de los partidos políticos.

Porque si hay algo sobre lo que existe un consenso prácticamente generalizado en la sociedad dominicana, es en que hace tiempo que los partidos políticos perdieron su capacidad de administrar sus procesos internos.

Ningún partido ---ni si quiera el alguna vez organizado y disciplinado PLD--- puede atreverse a montar asambleas electorales para elegir candidatos o cargos internos sin temor a que se produzcan desordenes, hechos violentos y confl ictos que deriven en fraccionamientos y divisiones.

El debate que encalló la Ley de Partidos se centró por cerca de un año en lo relativo al modelo de elección interna y los padrones de militantes… Algo a todas luces nimio e intrascendente.

Los partidos políticos han utilizado indistintamente padrones abiertos, cerrados semi-cerrados y semi-abiertos, y la base de sus confl ictos no ha estado necesariamente en la modalidad de sus listas de electores… El problema fundamental ha sido la falta de arbitraje como consecuencia de la desconfi anza que los militantes tienen en los liderazgos partidarios… Una desconfi anza cimentado en décadas organizando procesos poco democráticos y carentes de transparencia.

En principio la Junta Central Electoral mostró resistencia a este aspecto de la ley y convocó a los presidentes, secretarios generales y delegados políticos de los partidos a una audiencia pública para debatir sobre las primarias abiertas, donde proyectaron sus costos en más de cinco mil millones de pesos y plantearon cualquier cantidad de difi cultades logísticas.

Sin embargo ante la inminencia de la ley, el presidente del órgano electoral, Julios César Castaños Guzmán, informó que tanto el pleno como los equipos técnicos iniciaron los preparativos de cara a las proyecciones presupuestarias, y se toman medidas para afrontar los retos logísticos y de transmisión de data que supondrían para la Junta la organización de las primarias de aquellos partidos que decidan esas modalidad de elección. De igual manera informó que en las próximas semanas estarán convocando a las agrupaciones políticas para discutir lo relativo a la reglamentación de esta nueva legislación.

La sociedad confía plenamente que la Junta Central Electoral estará a la altura del reto que tiene por delante… Y de la misma forma espera que, ya superado el traumático proceso para aprobar la Ley de Partidos, los partidos con representación congresional saquen también adelante la legislación llamada a reformar el régimen electoral… La cual es, incluso, aún más importante y necesaria.

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