Violencia en América Latina

América Latina es una región con mucha desigualdad y violencia. Entidades académicas y organismos internacionales como la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID y el Programa de las Naciones Unidas, PNUD, plantean que el aumento de la violencia y del delito en la región se vincula a cuatro ejes principales: lo económico, lo social, los facilitadores del delito (las armas, el alcohol y las drogas) y la falta de capacidad y previsión de las autoridades para hacerle frente al desafío de la inseguridad.

El documento de FLACSO y AECID, “(In)Seguridad y violencia en América Latina. Un reto para la democracia”, es un diagnóstico académico que permite sustentar la visión de especialistas de Europa y América Latina, respecto la violencia y la inseguridad en la región.

Mayra Buvinic, directora de Género y Desarrollo del Banco Mundial, explica que “los costos económicos de la violencia se calculan a partir de contabilizar la menor acumulación de capital humano, una menor tasa de participación en el mercado laboral, menor productividad en el trabajo, mayor ausentismo, menores ingresos e impactos en la productividad de la generación siguiente y menor capacidad de ahorro e inversión”.

En el mismo contexto, Francisco Rojas Aravena, Secretario General de FLACSO, indica que la inequidad, el desempleo y la falta de oportunidades son elementos que generan violencia y cuestionan las políticas públicas aplicadas para combatir la violencia y la criminalidad.

El referido documento indica que el costo de la inversión del Producto Interno Bruto (PIB) en América Latina para el tema de la seguridad ciudadana oscila entre el 2% y 15% anual: en el caso de Brasil se ha estimado la inversión entre un 3% y un 5% del PIB al año; en Jamaica el costo estimado es un 3.7%, y en Costa Rica es un 3.6% del PIB.

Rojas Aravena continúa su estudio resaltando que, “entre estos costos están los incrementos de policías y su equipamiento, de patrullajes, costos vinculados a los procesos judiciales, servicios legales, la infraestructura carcelaria. (Ö). Los costos en pérdidas de capital humano y social son difíciles de revertir. El incremento en los seguros y las bajas en la productividad. También en los casos más graves implican la salida de inversionistas extranjeros y nacionales. Así como el alejamiento o caídas del turismo.”

Otro importante estudio del PNUD, “Seguridad Ciudadana con Rostro Humano 2014”, sostiene que la inseguridad sigue siendo un problema primario para el desarrollo de América Latina y vincula como causales o detonantes la descomposición social, la deserción escolar, lentitud del sistema judicial y las pocas oportunidades laborales.

El informe combina la paradoja, por un lado, del crecimiento económico sostenido de un 4,2% en promedio anual en los últimos 10 años, en la región, a la par que se ha incrementado la violencia y la inseguridad: “América Latina muestra hoy en día economías más fuertes e integradas, menos pobreza, democracias más consolidadas, así como estados que han asumido mayores responsabilidades en la protección social. Pero, el flanco débil de la región es la violencia, el crimen y la inseguridad y el aumento del temor entre los ciudadanos”.

Otro costo significativo del auge de la inseguridad es lo relativo a la alteración de la paz social. En este sentido, el referido estudio, prescribe que la República Dominicana es el país en donde mayor cantidad de personas (60 de cada 100) se ha visto en la necesidad de limitar o cambiar drásticamente sus lugares de recreación y esparcimiento, ocupando el primer lugar de toda la región.

El PNUD analiza varias maneras de medir el costo de la criminalidad y la violencia. Una de ellas, es “medir el costo por años de vidas perdidos” y está relacionada con los índices de homicidios y víctimas de la violencia. Para el año 2009, América Latina perdió 331 millones de años de vida como consecuencia de estas pérdidas: “Si una persona pierde la vida a los 25, en normales circunstancias, de acuerdo a las estimaciones, pudo haber vivido 75 años. Siendo así, se perdieron 50 años de vida de esta sola persona”.

Otra opción es determinar en qué proporción se afecta el potencial del crecimiento económico que permita el alza en los estándares de vida de la población. De acuerdo al Informe citado, sin la mortalidad excesiva debida a los homicidios, el Producto Interno Bruto (PIB) regional habría sido 0,5% mayor, lo que equivale a una ganancia potencial de más de US$24 mil millones en 2009, según la ONU. Otra modalidad que plantea el PNUD es realizar un cálculo contable estimando los costos directos e indirectos del delito, “la suma de esas estimaciones revela que los países de la región gastan en seguridad desde el 2,5% de su PIB, como Costa Rica (US$915 millones) hasta más del 10% en el caso de Honduras (US$1.700 millones)”.

Los planteamientos finales del Informe del PNUD respecto a qué hacer para prevenir y combatir los factores que inciden en los niveles y percepciones de inseguridad, coinciden con los lineamientos de la Estrategia Nacional de Desarrollo, END 2030.

El problema es grave y afecta a toda la región. No hay soluciones únicas y deben abordarse con distintas fórmulas que ayuden a prevenirlo y combatirlo. La intervención, apoyo y colaboración de los ciudadanos es fundamental.

El círculo vicioso que envuelve la criminalidad demanda sinergia e inteligencia para lograr soluciones integrales con responsabilidad compartida. La inseguridad pública afecta el orden, la paz pública, la integridad y los derechos de las personas. Limita el desarrollo e impacta negativamente la economía de casi todos los países de América Latina y el Caribe.

Las últimas encuestas reflejan que la violencia y la criminalidad han alcanzado dimensiones preocupantes, no solamente para la República Dominicana, sino en toda la región, disminuyendo significativamente las probabilidades de lograr un desarrollo humano y económico sostenible.