La libre competencia

La Republica Dominicana reconoce la libertad de empresa, en el marco de una economía de mercado y la garantía y protección por los poderes públicos. Uno de los elementos claves de la política económica actual y que promueve la productividad y los procesos del mercado, es lo relativo a la defensa de la competencia, conjuntamente con otros factores de regulación de la actividad económica.

El artículo 50 de la Constitución dominicana reconoce el derecho a la libertad de empresa como parte del catálogo de derechos económicos y sociales. En su parte capital, consagra que el “El Estado reconoce y garantiza la libre empresa, comercio e industria”, sin más limitaciones que las que especialmente dispongan las normativas.

El numeral 1 del indicado artículo, dispone como una de las obligaciones del Estado, favorecer y velar por “la competencia libre y leal” y obliga a que sean adoptadas las medidas necesarias para “evitar los efectos nocivos y restrictivos del monopolio y del abuso de posición dominante”.

La preocupación por la libertad empresarial radica en la necesidad de que los Estados que forman parte de lo que se conoce como “economía social de mercado”, liderada por la oferta y la demanda, deben contar con regulaciones que permitan a las personas “dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia”, y que sus actividades se realicen con estándares mínimos que garanticen los dos elementos esenciales de la competencia: la libertad y la lealtad. Esto es, competencia libre y leal.

La libre competencia se basa fundamentalmente, en la libertad de elección tanto para el consumidor, como para el productor. La competencia leal, presupone un comportamiento ético frente a los competidores, más allá de los intereses encontrados para posicionarse en el mercado.

La República Dominicana cuenta, desde el año 2008, con la Ley General de Defensa de la Competencia, No. 42-08. Esta normativa deviene, fundamentalmente, por la necesidad de dotar al país de una legislación que garantice y afiance el posicionamiento nacional dentro del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Centroamérica (DR-CAFTA), mediante el establecimiento de políticas que impidan posibles actos anticompetitivos, que limiten la entrada al mercado de nuevos productos o empresas.

Su objeto es promover y defender la competencia efectiva para incrementar la eficiencia económica en los mercados de bienes y servicios, a fin de generar beneficio y valor en favor de los consumidores o usuarios. La norma crea la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, como ente encargado de materializar el objeto de la Ley, por medio de investigaciones, informes, reglamentos, resoluciones y sanciones.

De igual modo, la Ley 1-12, sobre la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 (END), establece en el objetivo general 3.3, el propósito de lograr la “competitividad e innovación en un ambiente favorable a la cooperación y la responsabilidad social”. Para ello, la END traza como líneas de acción la necesidad de promover el funcionamiento de un mercado nacional libre de abusos de posición dominante, concepto que alude a ciertos actos o conductas dentro del tipo de prácticas que se consideran anticompetitivas.

La competencia libre y leal es especialmente relevante en la era de la globalización donde las relaciones corporativas han adquirido alto grado de complejidad y poder de influencia en los mercados mundiales, lo que permite que empresas multinacionales puedan representar una amenaza para las pequeñas y medianas empresas locales.

De ahí que, en el ámbito local, los gobiernos procuran fomentar una cultura de respeto al derecho de libre competencia, con énfasis en el comportamiento ético y leal de las empresas, como parte del sistema económico estatal, para orientar sus resultados al logro de los objetivos del desarrollo humano. A nivel global, se persigue el fortalecimiento y consolidación de las leyes de libre competencia y de las agencias y organismos autónomos que velan por el respeto a las normas.

Como prueba a lo anterior, se destaca la reciente celebración en el país de la Primera Cumbre Subregional de Jefes de Autoridades de Competencia de Centroamérica, El Caribe y México, evento celebrado los días 21 y 22 de abril de 2015, con el objetivo de diseñar una agenda multilateral que propicie un clima de mayores oportunidades de desarrollo y fortalecimiento para las agencias de competencia de la región latinoamericana.

El fortalecimiento institucional de los organismos encargados de velar porque los países presenten un ambiente favorable para la competencia libre y leal, es uno de los factores tomados en consideración para determinar el grado de competitividad de una nación. En el índice Global de Competitividad 2017-2018, elaborado por el Foro Económico Mundial, los países más competentes en el orden que se enumera son: Suiza, Estados Unidos, Singapur, Holanda y Alemania, seguidos por Hong Kong, Suecia, Reino Unido, Japón y Finlandia. En este escenario, la República Dominicana ocupa el lugar número 104 a nivel mundial, de un total de 137 países y el puesto 16 de 19 países de la región latinoamericana.

El referido informe explica que, aunque se centra principalmente en las instituciones públicas, las empresas privadas son igualmente un elemento importante en el proceso de crear riquezas y bienestar: “una economía se beneficia de negocios que son confiables, y en los que sus directores respeten prácticas éticas en sus negociaciones con el gobierno, con otras empresas y con el público en general.”

A fines de reforzar las prácticas de competencia libre y leal se encuentra en implementación desde el Consejo Nacional de Competitividad, un Plan de Acción Público-privado, para fortalecer la cultura de la competencia, fundamentada en principios éticos y leales que beneficien a la República Dominicana y su posicionamiento en la economía mundial. La ejecución de este plan permitirá que las empresas puedan seguir compitiendo de forma libre y en condiciones de lealtad en los mercados nacionales e internacionales.