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Puntos de vista lunes, 05 de marzo de 2018

El Pacto Fiscal

DANIEL TORIBIO

En los últimos días se ha estado desarrollando un consenso sobre la necesidad de realizar un pacto fiscal que permita elevar los niveles de ingresos del gobierno, bajar la deuda pública, incrementar el gasto social y en infraestructura, así como mejorar la eficiencia y eficacia del gasto.

La idea parece buena, en la mayoría de las ocasiones los cambios de las leyes impositivas han obedecido a elementos de carácter coyunturales, de prisa y no de forma pensada, pausada y razonada.

Cuando se habla de reforma tributaria y del gasto, todo el mundo está de acuerdo, el problema es el ¿cómo? y el ¿cuándo? La experiencia más reciente en el país de las dificultades de lograr acuerdos es el pacto eléctrico: el lunes 19 de enero del año 2015 en un acto en el Palacio Nacional ante la presencia del presidente del Consejo Económico y Social, monseñor Agripino Núñez Collado; funcionarios del gobierno, representantes del sector empresarial, sindical, académico y de la sociedad civil, se dio inicio a la discusión del pacto eléctrico.

La idea inicial era la de finalizar con un acuerdo en unos seis meses. Más de tres años han pasado, y, después de múltiples discusiones, no se ha firmado.

Es cierto que en el sector eléctrico confluyen muchos intereses, pero este es solo un subconjunto de la economía en general, por lo que llegar a un acuerdo en un pacto fiscal con todos los sectores es mucho más difícil.

Los informes del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional han disparado las alarmas de las defensas de los sectores económicos que tienen incentivos o que temen ser controlados por la administración.

El sector zona franca, que fue aludido directamente por el informe del Banco Mundial, salió en su defensa señalando que: “De aplicarse las recomendaciones de este nuevo estudio del Banco Mundial conllevaría consecuencias dramáticas para la estabilidad social y económica de nuestro país.” El sector turístico también ha reclamado que los incentivos al sector: “Deben de mantenerse por el gran nivel de retorno que representa esta actividad, y además porque este esquema es usado en destinos de competencia.” Las empresas instaladas en las zonas fronterizas, incentivadas por la ley 28-01, y sectores empresariales y sociales de estas zonas, están reclamando que se amplíen por 20 años más las exenciones que disfrutan. Mientras que la Asociación de industrias de la República Dominicana está reclamando, “...que se le retornen los incentivos que establecía la ley 392-07 que son homólogas o semejantes a lo que usan los países de Centroamérica.” Los comerciantes no quieren incentivos, sino que se elimine el pago del anticipo del 1.5 por ciento de las ventas brutas y que no se les instalen impresoras fiscales.

El gobierno tampoco estaría muy contento si en un pacto fiscal se le obliga a deshacerse del personal supernumerario que pudiera tener y que lo lleve a eliminar aquellas instituciones que solapan sus funciones o que son innecesarias.

Es por eso que se hace necesario que se inicie ahora una discusión de un pacto fiscal, antes de que comiencen a sonar los tambores electorales, que lo haría más difícil, y evitando así una medicina con dolores que obligue a una reforma rápida, parcial e ineficiente y sin idea clara del futuro. Tal vez un compromiso que implique que su aplicación comience con el nuevo gobierno sería un estímulo para que todos los sectores participen, incluyendo los partidos de oposición.