Disyuntiva municipal

El voto preferencial para los regidores es el nuevo tema de conflicto de cara a las elecciones municipales que el país habrá de efectuar en febrero del 2020 como paso previo a las presidenciales y congresales en mayo del mismo año. Las advertencias hechas por los presidentes del Tribunal Superior Electoral, Román Jáquez Liranzo, y de la Junta Central Electoral, Julio César Castaños Guzmán sobre las complejidades del montaje y los traumas contenciosos del proceso, contrastan con las voces que defienden la modalidad, la que catalogan como democrática y representativa. Un escenario interesante donde ambos bandos aparentan tener, sino la razón, por lo menos parte de la misma, toda vez que para los que están en contra, elegir a más de mil regidores con igual número de suplentes, conjuntamente a 158 alcaldes y 730 vocales es una acción compleja y costosa, sobretodo en un país con poca cultura de aceptación de la derrota algo que pronostica un gran fardo de reclamos y actividad litigante...y tienen razón. Sin embargo quienes sostienen que solo el voto preferencial puede validar los liderazgos locales, establecer compromisos, evitar las imposiciones, discrecionalidades y truchimanerías de quienes elaboran (y cambian) las listas colocando en posiciones ganables a sus preferidos o impedir que se siga “cumpliendo” de forma legalmente engañosa con las cuotas de la mujer mediante el otorgamiento de candidaturas que se saben perdedoras...también tienen la razón.

Y para más dificultad entra entonces el elemento legal porque el voto preferencial para los concejales es un mandato consignado en la Ley 157-13 por lo que no pocos se preguntan cómo es que lo que hoy se objeta no fue visto al momento de aprobarse la legislación, o peor aún, porqué no se tomaron los recaudos y las previsiones de rigor ante lo que ya se sabía que vendría. Quizás lo más salomónico sería establecer un punto intermedio, y disponer que para el certamen venidero se aplique la norma preferencial solo para aquellas salas capitulares que tengan más de un determinado número de miembros y que en las demás se aplique el listado. De esta manera se cumpliría con la ley, se reduciría la complejidad del montaje, los líos post electorales, pero sobre todo, se saldría del embrollo... y se pondrían trabajar en el certamen.