Por qué abortó el Pacto por la Justicia dominicana

La República Dominicana desperdició a principios de 2016 la oportunidad de enfrentar con éxito el muladar en que se anida su sistema judicial. Los sectores determinantes de la sociedad dieron la espalda con pasmosa indiferencia, al planteamiento de asumir un Gran Pacto Nacional por la Justicia. Prefirieron una cumbre y el resultado desde entonces raya en lo absurdo.

Cuando los escándalos de corrupción y la obsolescencia del sistema judicial tocaban fondo en febrero de ese año, el presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, Mariano Germán, planteó la idea de concertar un pacto. Se pensó de inmediato que esa sería la tabla de salvación. Pero el 7 de octubre asistíamos en cambio, a una cumbre cuyos resultados son intangibles aun.

La urgencia de este evento la puso en evidencia también la Coalición Acción por la Justicia y la Seguridad, integrada por 20 organizaciones de la sociedad civil, del empresariado, de las academias y otras instituciones. Se apresuraron a visitar a Germán con un maletín de propuestas debajo del brazo. Se comprometieron con entusiasmo a celebrar encuentros en los días subsiguientes. El Consejo del Poder Judicial designó al magistrado Samuel Arias Arzeno como coordinador para preparar la fecha de la cumbre.

Los dominicanos, que cada día que pasa pierden más la fe en la idoneidad e imparcialidad de una gran parte de los funcionarios judiciales, no cesan en preguntar cuáles poderosas fuerzas ocultas habrían hecho abortar la posibilidad de un Gran Pacto Nacional por la Justicia. Sin duda que carecen de entendimiento, por la falta de un diagnóstico objetivo.

El fracaso de la idea ocurrió precisamente cuando se estaban profundizando los males que le dieron origen a la cumbre. Cuando se creía que por fin los tres poderes del Estado: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, marcharían en una misma dirección, para dar otro puntillazo a la cacareada modernidad del país. Que habían cambiado su visión sobre la reforma judicial. Nada positivo nos han dejado como alternativa.

Se pensó que se darían pasos firmes para que la población disfrutara de un sistema de administración de justicia transparente, independiente y eficiente. Que se restablecería la confianza ciudadana en un sector que va minando sus estructuras por la desidia y el desprestigio.

O por qué no. Lograr un acuerdo de alcance nacional, regional, provincial o municipal, materializado por los actores políticos, económicos y/o sociales, públicos y privados, para concertar un conjunto de iniciativas y compromisos como lo establece la Estrategia Nacional de Desarrollo.

La cumbre de octubre en definitiva se quedó en retórica. Se desarrolló a través de seis ejes temáticos que todos conocían, entre los que se destacaron la autonomía e independencia, el acceso a la justicia, la eficiencia y eficacia en el procesamiento de los casos, coordinación interinstitucional, integridad en la labor judicial y gestión administrativa.

Durante todo este dilatado proceso de consultas participaron 1,848 encuestados, se celebraron 11 encuentros departamentales, para un total de 1,075 participantes; cuatro foros regionales con el sector justicia, de 343 participantes y 4 foros regionales con la sociedad civil, un total de 378 participantes. Todo tan superficial que se desconoce un solo resultado halagüeño. ¿Dígame usted?

Parecería que para la República Dominicana es demasiado aspirar a una reforma estructural del sistema de justicia, que incluyan cambios constitucionales, en el Consejo Nacional de la Magistratura, ejercicio de la abogacía, fortalecimiento de la carrera judicial y nuevos Códigos Penal y Procesal Penal.

Así como los reclamos constantes de la población sobre equilibrio, acceso verdadero a la justicia, agilización de los procesos, rediseño del sistema disciplinario para magistrados, procuradores, jueces, fiscales y personal de apoyo.

¡Ah! También, la rendición de cuentas y la transparencia en el sistema judicial, mejoría en la investigación de los casos de corrupción. Y como colofón, el cumplimiento con la asignación del 2.66 % del Presupuesto General de la Nación para el Poder Judicial, como estipula la Ley 194-04., Así no se podrían alegar ignorancia e inercia.