Economía y política criminal
La literatura económica en lo relativo a la economía del crimen ha sido amplia, pero de pluralidad restringida para un segmento de profesionales de la economía y el derecho, aunque mejor interpretado por quienes incursionan en ambas. En tal sentido, una de las contribuciones más importantes de la disciplina económica a la compresión de los fenómenos sociales ha sido precisamente la preocupación por los costos, es decir, la consideración sistemática de todas las oportunidades alternativas.
Es importante destacar que término de la economía, el concepto de costo de oportunidad adquiere dos dimensiones. Por un lado, este tiene que ver más allá de los pagos ya que se refiere a factores determinantes de las decisiones tanto públicas como privadas, mientras que, por otro lado, están las posibles repercusiones en otras esferas, desde una óptica global.
En ese contexto, para la economía, el mejor enfoque metodológico para interpretar el fenómeno del crimen es hacer un inventario de las posibles consecuencias de las conductas criminales, evaluar sus costos y sumarlos, lo que permitiría una cuantificación objetiva del gasto público en seguridad, justicia y sistema carcelario y la parte no cuantificable como el valor de la vida humana, el miedo y la intranquilidad. Por igual, está la denominada disponibilidad para pagar para mitigar un entorno con alta criminalidad, en ambas situaciones las mismas tienen un fuerte impacto en la productividad y el mercado salarial.
Es por tales razones que la economía del crimen ha enfatizado su profundización sustentada en la teoría de los comportamientos criminales y las propuestas de políticas criminales para contrarrestar la expansión del crimen como mecanismo de ocupación laboral ante la ausencia de oportunidades de trabajo. Se admite que estas interpretaciones generan grandes discrepancias entre los economistas y los jurisconsultos fruto de que los elementos constitutivos de los argumentos para defender las posturas que se sustentan.
En la política criminal de la economía del crimen puede considerarse de desarrollo reciente que ha resultado del estudio sistemático y científico del crimen que enfatiza el derecho sobre las infracciones y los delitos. En tal sentido el esquema adoptado por la economía del crimen para analizar las conductas delictivas, es más bien una extensión del modelo económico de elección racional muy utilizado para el comportamiento de los diferentes agentes económicos.
Las discrepancias más acentuadas entre la criminología y la disciplina económica está fundamentada en que la primera considera que el delito es una desviación de las conductas adoptadas por los individuos que son inevitables por ser predeterminadas. En cambio, la economía del crimen sostiene que las actuaciones delictivas son el resultado de un caso particular del esquema general de individuos racionales que actúan conscientes y que toman decisiones de delinquir en un cálculo de costos y beneficios.
Bajo ese enfoque, la teoría económica del crimen interpreta que el modelo general de análisis económico permite arribar a la conclusión de que cuando el individuo toma la decisión de cometer unas acciones delictivas lo hacen si los beneficios esperados tienden a superar a los costos. Pero resulta que tal teoría plantea que los criminales también responden a los incentivos, actúan racionalmente, por tanto, basan su decisión de delinquir en un análisis de lo que perciben como ventajas y desventajas de dichas actuaciones.
En virtud de que los resultados de cometer un delito son generalmente inciertos, el modelo económico utiliza el supuesto tradicional de que los individuos actúan como si estuvieran buscando maximizar una función de utilidad esperada. Es así como la teoría económica concentra mayor atención a los costos que a los beneficios, derivados de esta inconducta ciudadana por las consecuencias que tiene el cometer un crimen.
Para la economía del crimen, los costos de delinquir se pueden agrupar en tres grandes categorías, como son: los costos asociados con el uso de la tecnología, los costos que tienen que ver con las oportunidades perdidas y los costos asociados a la respuesta que espera el delincuente del sistema penal de justicia ante los hechos cometidos. Para la economía estos son los tres elementos determinantes en la ejecución de un determinado crimen, en particular el régimen sancionador imperante.
En ese esquema de análisis, la economía del crimen nos aporta el convencimiento de que la decisión de delinquir depende de la comparación entre lo que el individuo espera obtener del crimen y lo que podría obtener con otras actividades. En adición, se entiende que la incertidumbre del castigo impactara de manera contundente ante la esperanza de la impunidad, ya que los criminales no son indiferentes ante los riesgos, y tales criterios son determinantes al concebir una politica criminal.
El autor es economista y abogado