El próximo paso en Venezuela: ¿un ‘grupo de amigos’?

A juzgar por lo que me dijo en una entrevista el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Julio Borges, en medio de las protestas multitudinarias que ya han dejado al menos 29 muertos y 400 heridos, el próximo paso en la crisis de Venezuela podría ser la creación de un “grupo de países amigos” para encontrar una salida negociada a la tragedia del país.

En los últimos días, las naciones más grandes de América Latina -incluyendo México, Brasil, Argentina, Colombia, Perú y Chile- han fi rmado declaraciones conjuntas reclamando la restauración de los poderes constitucionales de la Asamblea Nacional, la liberación de presos políticos y elecciones libres.

Sin embargo, Borges me dijo que “hay un paso adicional que hay que tomar, y es que los presidentes en persona articulen un grupo de presidentes o de países amigos que verdaderamente presionen para que se logre el desenlace democrático y constitucional, y puedan darse elecciones libres”.

Ese “grupo de países amigos” reemplazaría el fracasado esfuerzo de mediación del Vaticano y la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR), que fue utilizado por el presidente Nicolás Maduro para ganar tiempo mientras llevaba a cabo un golpe, dijo Borges. Durante ese diálogo, el régimen de Maduro abolió prácticamente todos los poderes de la Asamblea Nacional, donde la oposición había obtenido una mayoría abrumadora en las elecciones legislativas de 2015.

Cuando le pregunté a Borges si la oposición aceptaría las nuevas ofertas de Maduro, de un “diálogo” a cambio de terminar las protestas en las calles, el jefe de la Asamblea Nacional me dijo: “Cualquier oferta que haga el gobierno, si no tiene garantías de los gobiernos de la región, de los países más importantes, va a ser de cero confi anza para el país”.

Agregó que “más que un nuevo esfuerzo de mediación, lo que se necesita es garantizar que el Gobierno cumpla con la Constitución”.

La fórmula de un “grupo de países amigos” se ha utilizado para resolver varios confl ictos latinoamericanos en las últimas décadas, e incluso fue propuesta para Venezuela en el pasado.

Pero ahora hay más interés en América Latina en esta idea, tras el anuncio de Maduro el 17 de abril de que dará 500,000 rifl es a las milicias civiles para que salgan a defender al régimen en las calles. Muchos vecinos de Venezuela están espantados que esas armas terminen siendo vendidas por los civiles en el mercado negro.

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, tuiteó horas después del anuncio de Maduro de que Colombia llevará el tema de la “militarización de la sociedad venezolana” a las Naciones Unidas.

Borges me dijo que, “en las últimas horas y en los últimos días he tenido la oportunidad de hablar con la mayoría de los cancilleres y bastantes presidentes de la región, y ese punto -las armas para las milicias- es el que sale en todas las conversaciones con mayor preocupación. Estas armas acabarán matando no solo a ciudadanos de Venezuela, sino también a ciudadanos de Colombia, Panamá, Perú y Brasil”.

Borges no quiso adelantar los nombres de los presidentes o países que podrían formar un “grupo de países amigos”. Pero no sería raro que la oposición escoja a la Argentina -que acaba de tomar la presidencia rotativa de UNASUR y cuyo presidente Mauricio Macri llevó un mensaje regional sobre Venezuela a su reunión del 27 de abril con el presidente Donald Trump- y Colombia o Perú, y que el régimen de Maduro postule a Panamá y Bolivia o Ecuador.

Mi opinión: Ante el creciente número de muertos por la brutal represión policial a los manifestantes, el creciente aislamiento internacional del régimen tras su suspensión del Mercosur y el anuncio de su salida bajo presión de la OEA, crecientes grietas con el Gobierno y una situación económica cada vez más desesperante, puede que Maduro no tenga más opción que aceptar un “grupo de países amigos” para buscar una manera de salvar la cara y salir de esta crisis.

Si la oposición es capaz de mantener su presión en las calles, Maduro podría no tener otra salida que aceptar una hoja de ruta hacia la redemocratización de Venezuela, con elecciones libres supervisadas por observadores internacionales creíbles este año.