¿Impunidad de sobrevaluaciones?
El Acuerdo arribado por la Procuraduría General de la República con la firma brasileña Odebrecht es un claro y abierto descargo de impunidad frente a la compañía, que confesó haber saqueado la República Dominicana durante 16 años, agenciándose contratos de obras del Estado de manera fraudulenta a través del soborno de funcionarios públicos.
Uno de los aspectos más graves de este Acuerdo con Odebrecht es el engaño que se pretende hacer ante la opinión pública, de separar la fi gura jurídica del soborno para obtener obras públicas con el tema de la sobrevaluación de éstas. La realidad es que el soborno de funcionarios públicos, para obtener contratos de obras del Estado y la sobrevaluación de las mismas, están indisolublemente unidas como conducta criminal. Sería ridículo pensar o imaginar que los confesados sobornos multimillonarios salieron de los bolsillos de Odebrecht como parte de sus ganancias lícitas, y no como producto de una sobrevaluación consentida por los funcionarios sobornados por ella.
El Acuerdo con Odebrecht por el pago de la multa del soborno pretende ser pasado bajo la mesa como un “resarcimiento indemnizatorio” al Estado por la conducta criminal de la empresa, siendo dos fi guras jurídicas totalmente diferenciadas. La multa es una sanción penal y el “resarcimiento” o “indemnización” son el producto de la reparación del daño causado por la actividad criminal, que es perfectamente cuantifi cable si el Estado hubiera ordenado las auditorías correspondientes a las obras de Odebrecht, en las que se arrojarían las sobrevaluaciones, que no son otra cosa que vulgares estafas contra el Estado Dominicano.
El Procurador General de la República, al ser preguntado sobre este aspecto por los periodistas que cubren la fuente del Ministerio Público, respondió de una forma que ha dejado en el asombro y la incredulidad al pueblo dominicano. El jefe del Ministerio Público declaró que investigar las sobrevaluaciones en el Caso Odebrecht no es atribución ni competencia de él, pues, a su decir, se trata de un asunto “puramente administrativo”.
El Procurador General de la República erró gravemente en su apreciación sobre su competencia. Las sobrevaluaciones de obras estatales en las que participan funcionarios y ejecutivos de empresas privadas, representan graves ilícitos penales, representan estafa agravada, falsedad, asociación de malhechores, prevaricación, entre otros delitos graves.
Las sobrevaluaciones de Odebrecht están confesadas ya por su ejecutivo, Hilberto Mascarenhas Alves Da Silva, en Brasil, que ha dicho que sólo para alimentar la caja 2 de sobornos internacionales Odebrecht tomaba el 22% del valor de cada obra. Es un patrón criminal usado en 12 países, incluida la República Dominicana. El derecho del Estado Dominicano a reclamarle a Odebrecht más de mil millones de dólares por concepto de sobrevaluaciones no puede ser renunciado, ni por el Presidente Medina, ni por el Procurador General de la República. Sería, a mi juicio, uno de los crímenes más grandes que se pudiera cometer contra la República Dominicana, en caso de que se consolidaran las pretensiones actuales.
Se pretende, igualmente, engañar al pueblo con el tema de la multa de 184 millones de dólares, queriendo pasarlo como un gran logro. La realidad es muy distinta; quien va a pagar esa multa es el propio Estado Dominicano, puesto que a Odebrecht le basta con agregarle a sus cubicaciones de obras sobrevaluadas (las actuales y las que sobrevendrán), el costo prorrateado de esta multa en 8 años. Un verdadero negociazo para quien confesó esquilmar a la República Dominicana por tantos años.
El Acuerdo con Odebrecht que pretende dejarla en el país trabajando, viola igualmente la ley y los reglamentos de ésta sobre Contrataciones Públicas, que obliga a la inhabilitación defi nitiva de la empresa que haya sobornado a funcionarios públicos. Toda esa normativa se ha tirado al piso con plena impunidad en el Acuerdo Procuraduría General con la fi rma Odebrecht.
Igualmente, se ha querido vender el embuste de que sin las pruebas que pueda dar Odebrecht no se podría procesar a ningún funcionario público en la República Dominicana. Falso de toda falsedad, y la prueba mayor es que tan pronto se conoció la fi rma del Acuerdo con la empresa brasileña, la Procuraduría General de Brasil anunció que en los próximos días enviará a la Procuraduría General de la República todas las pruebas que en el Caso Lava Jato y en el caso ante el Tribunal Electoral de Brasil, hayan mencionado o aludan a la República Dominicana.
Lo único que había logrado Odebrecht con los fi scales brasileños, era que esas informaciones y pruebas documentales (incluidas las delaciones premiadas de sus ejecutivos ante la justicia de Brasil), no fueran enviadas antes del 1ro. de junio; es decir, dentro de 40 días. Si no hubiéramos llegado al acuerdo de impunidad con Odebrecht, hubiéramos recibido igualmente de la justicia brasileña toda la documentación probatoria para procesar a los funcionarios sobornados de República Dominicana a partir del próximo 1ro. de junio.
Igualmente, en los Acuerdos que hizo Odebrecht y sus ejecutivos, tanto en Brasil como en los Estados Unidos, se estableció de manera clara y precisa la obligación de colaborar y suministrar pruebas a las autoridades judiciales de los 12 países afectados. No era, pues, un derecho opcional de Odebrecht no colaborar y entregar las pruebas.
Lo más grave de lo que ha ocurrido, es el mensaje a futuro a los funcionarios públicos y a los constructores y contratistas del Estado: sobrevaluar obras engañando al Estado Dominicano no es un delito penal. Sigan haciéndolo con toda impunidad. Y si algún día los atrapan en sobornos, con el simple pago de una multa todo queda borrado, como si nada hubiese ocurrido. ¡Pobre Estado de la República Dominicana!