Ya era hora...

Justo el martes pasado y luego de una inexplicable inercia frente al reclamo colectivo y la preocupación de las autoridades sanitarias, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales decidió intervenir el vertedero de Duquesa, escenario de confl icto entre la empresa administradora del botadero y las siete alcaldías que componen el gran Santo Domingo, Boca Chica y Los Alcarrizos.

Paradójicamente el de los desperdicios en un negocio de rentabilidad muy limpia y las tarifas de vertido, pesaje y falta de pago, han sido el meollo en las discrepancias entre Lajún Corporation y los ayuntamientos provocando la ralentización y la paralización del botado muchas ocasiones.

Un complicado forcejeo de intereses donde se hace difícil distinguir no solo quien es quien, sino para quien responde quien o cuáles son las agendas ocultas de cada cual. Por tanto determinar dónde está la razón tiene que ser una competencia exclusiva de las jurisdicciones contenciosas mientras que la responsabilidad Estado debe ser la de sacar ese pleito del vertedero y evitar los riesgos sanitarios, ambientales y de otros tipos que eso conlleva.

Es innegable que el tema Duquesa requiere de una investigación profunda. A lo largo de su historia que data de mucho antes del 2004, cuando fue su puesta en funcionamiento, muchas golosas manos entre palaciegas, edilicias, congresuales, y judiciales han tenido que ver con esto y donde lo único claro es que existen muchas cosas que aún no están claras.

Escuchar decir al director del Consejo Estatal del Azúcar que en esa entidad no hay ningún documento que avale la venta de los 200 mil metros del relleno sanitario o al presidente de la Comisión de Contratos de la Cámara de Diputados que allí nunca llegó el contrato de esos terrenos, sugiere pensar que quizás en lo concerniente a Duquesa lo único limpio pudiera ser la basura.

Al igual que los puertos, la frontera, el transporte, la tasa de cambio o la energía eléctrica, los desechos sólidos también deben ser considerado como un asunto de seguridad nacional y por tanto debe ser asumido y tratado como tal. Y es que el mal manejo o una emergencia en un relleno sanitario tiene un costo muy alto que se paga en vidas y calamidades.