Las capas medias y el país que era (1)

Es innegable que en el transcurso de los últimos veinte años el país ha cambiado significativamente y que uno de esos cambios ha sido la irrupción-expansión de las llamadas capas o clases medias. Estas han avanzado de manera importante en el contexto de la composición social dominicana, si bien la pobreza, la desigualdad y la exclusión social continúan siendo problemas todavía presentes de manera importante. La pobreza monetaria se redujo de manera notable; la cobertura escolar de nivel básico pasó a estar por encima del 95%; la cobertura y el acceso a la salud han mejorado y la expansión de la Seguridad Social ha sido de las principales y poco divulgada reivindicación social, entre otras cosas. (Cfr. Montás, T., y Villamán, M., 2016).

Ahora bien, estas innegables transformaciones traen aparejadas novedades sociales que se traducen en conductas políticas que de no ser tomadas en consideración pueden hacer que los gobiernos, de repente, se encuentren gobernando el país “que es” como si fuera el país “que era”. Sin duda, como todavía problemas del ayer están severamente presentes hoy, habrá prácticas gubernamentales que tendrán acierto social, pero al mismo tiempo, habrá demandas sociales que aparecerán como desatendidas, no respondidas por los gobernantes de turno que de esta manera parecerán no entender adecuadamente las transformaciones que ellos mismos han propiciado.

A mi juicio, esta es una manera adecuada de entender y dar cuenta del conflicto social-político que hoy vive la sociedad dominicana.

Relativa y aún precariamente cubiertas las necesidades básicas de empleo, vivienda, alimentación, educación y salud, las capa medias tenderán a demandar el mejoramiento de estos logros sociales obtenidos, pero sobre todo, se orientarán a demandar la construcción y funcionamiento adecuado del “entorno institucional” que les garantice el mantenimiento de lo logrado y su mejoramiento constante.

La cuestión institucional se coloca así en el centro de la preocupación de esta franja ciudadana que aparece a la cabeza de los movimientos que lideran estas demandas intentado así que la democracia política se constituya en canal real de democracia social y económica.

En este contexto, habrá viejas prácticas que ya no tienen espacio: aquellas que atentan contra la institucionalidad declarada que pasa a ser institucionalidad demandada. Este es el caso de la Corrupción y la Impunidad que fueron en el pasado socialmente asumidos como “mecanismos de acumulación originaria” “legítimos por inevitables”, pero que ya hoy no lo son más y pasan a ser vistos como violación de una institucionalidad deseada a la que se apuesta como mecanismo de aseguramiento de los niveles de mejoría social alcanzados y de las condiciones que, en lo adelante, otorgarían legitimidad o evidenciarían la ilegitimidad de los nuevos ascensos.

Así las cosas, si bien la corrupción puede ser asumida, desde el hartazgo y la indignación legítima, como la causa omnipotente de todos los males la lucha contra ella también puede y debe ser oportunidad para constituir vías expeditas de construcción de una más sólida institucionalidad democrática apoyada en una mayor conciencia ciudadana que la demanda, y que exige un juego democrático que se desarrolle en mayores condiciones de igualdad para todos y todas. Que, en consecuencia, evite y castigue la utilización del Estado como mecanismo de enriquecimiento, elimine su concepción como “botín de guerra” y propicie una ética pública que pueda expandirse y asentarse como criterio de buena práctica política.

En mi opinión es de esto de lo que se trata y no entenderlo así podría conducir a caminar hacia un innecesario “foul de gobernabilidad”.

Para evitarlo algún precio habrá que pagar para reponer la confianza en las posibilidades de la democracia para construir vida buena y decente.