Alcances del “poder exterior del Estado”
En la denominada era del conocimiento y la Información global, es un imperativo para los Estados asumir “plena y genuinamente” el deber de lograr la efectividad de sus ejecutorias en el campo internacional.
Lo que equivale a decir, que sus gestiones y negociaciones sean el resultado de la aplicación de una política exterior formulada de acuerdo a los requerimientos contemporáneos, y que a la vez esté “bien compenetrada con los intereses de la nación”, en la dinámica de un metódico ejercicio de la diplomacia, que hoy requiere ser “propositiva, realista e inteligente”.
En ese contexto, el consistente análisis de la situación internacional (y el estudio de sus perspectivas), así como las evaluaciones periódicas sobre el curso del desempeño del llamado “poder exterior del Estado” y, asimismo, de los resultados de las correspondientes interacciones del país en el escenario internacional, tienen una primordial importancia en las responsabilidades de los “Centros de Pensamiento Estratégico” y de los Departamentos de Investigación y Prospectiva Internacional, establecidos en diversas Cancillerías con la finalidad de prever los rumbos y márgenes de acción de la política exterior en situaciones caracterizadas por su gran fluidez y, sobre todo, su propósito consiste en potenciar la calidad y eficiencia de la acción exterior del respectivo Estado.
Conforme a la conceptualización de tratadistas contemporáneos, el “poder exterior del Estado” consiste, básicamente, en saber proyectar apropiadamente “la soberanía del país”, (conforme al concepto actual), en los vínculos con los demás Estados, y con otros Sujetos de Derecho Internacional y actores de la vida internacional, y con ello, el fiel cumplimiento del ineludible deber de promover, salvaguardar y defender los intereses fundamentales de la nación.
Con el propósito de lograr la eficacia del referido poder los Estados actúan en el marco de los deberes y derechos que les corresponden en el campo internacional.
Asimismo, las naciones deben estar plenamente conscientes de los fundamentos en que se sustenta ese poder y de sus alcances, para tomar, con la debida propiedad, las providencias que se juzguen pertinentes en lo concerniente a los desafíos, retos, oportunidades y riesgos que se derivan del ejercicio de tal poder.
En esa dinámica, los límites de la acción exterior del Estado los establece, para cada país, la Constitución política respectiva. En ese sentido, según el artículo 128 de la Constitución Dominicana (vigente), el Presidente de la República dirige la política exterior. La institución del Estado especializada para la ejecución de esa política es el Ministerio de Relaciones Exteriores.
En un contexto globalizado, la competitiva presencia internacional del Estado demanda una política exterior de largo plazo, según sostiene C. Barco, que lleve al plano de las relaciones internacionales los objetivos concernientes al desarrollo del país, en especial aquellos vinculados al crecimiento económico sostenido y a la “superación de la pobreza”, y con ello, la promoción del comercio y las inversiones en el metódico ejercicio de la diplomacia económica y comercial. En tal propósito deben estar presentes los esfuerzos del país orientados a la consolidación del “estado de derecho” y la democracia, a fin de afianzar la ruta hacia el desarrollo nacional en el marco de la justicia y la equidad (J. Duroselle).
En el escenario internacional, una eficiente representación del Estado exige contar con un “servicio diplomático” a la altura de ese nivel de responsabilidad, tanto en su consistente y debidamente actualizada formación (“técnica, conceptual y práctica”, que debe incluir sólidos fundamentos culturales e idiomas), como en su actitud, experiencia, habilidad y talento; actualmente requeridos para un efectivo, digno y profesional ejercicio. Evidentemente, en la adecuada representación del Estado, además de lo precedentemente señalado, es imprescindible la efectiva elocuencia verbal y escrita, esencial para las gestiones, negociaciones, y exposiciones de diversa naturaleza; así como para la necesaria respuesta, o bien fundamentada aclaración, de cualquier situación o modo de agravio al país, cuando las circunstancias lo ameriten.
Debe recordarse, en igual contexto, que a medida que cambian los factores que inciden en el equilibrio del poder, se crean nuevos métodos y estrategias. En ese marco surge el concepto del “poder inteligente” (“smart power”), acuñado por J. Nye. En ese orden, existe un “poder duro” (“hard power”) caracterizado por la fuerza militar o el poderío económico, y un “poder blando” (“soft power”), que los Estados expresan especialmente a través de su “cultura y valores”. En esa dinámica, los Estados usan a conveniencia uno u otro poder, o los concilian de manera estratégica en la consecución de sus objetivos.
Naturalmente, no todos los Estados suelen contar con el “hard power”.
Por último, debe insistirse en la conveniencia de que los Estados a través de su actividad diplomática puedan proyectar adecuadamente una imagen “atractiva y confiable” del país, por ser esencial para la obtención de fundamentales objetivos de la política exterior, e indispensable para el fomento del denominado poder suave (“soft power”). Asimismo, dicha imagen es un factor imprescindible para la efectiva ejecución de la denominada diplomacia pública. Todo ello teniendo en cuenta el “principio de unidad de acción exterior del Estado”.
El autor es embajador de carrera y consultor internacional.