La democracia vale más de 80 pesos

Evitábamos el tema. Sin embargo, las acertadas declaraciones del Presidente de la Junta Central Electoral publicadas ayer en este diario nos invitan a decir la Democracia no tiene precio. Con objetividad meridiana, el señor Rosario señaló lo que puede ser la ruta crítica de la reelección, si el mandatario decidiera optar por ella. Quien suscribe no objeta una reelección consecutiva cuando es basada en el mérito acumulado por un gobernante durante su ejercicio. Cuando la sustenta la convicción ciudadana de que problemas que atañen a las mayorías se han enfrentado con determinación por una administración dedicada a solucionar o mejorar sustancialmente males que la afectan. Estamos convencidos de que bastarían seis períodos para echar adelante a nuestro país. Para colocarlo en el pináculo del orgullo. En este período, 2012 al 16, quedará bastante apuntalada la infraestructura escolar. Y consignado el 4% del PIB a la Educación. Eso, que garantizará su sostenido avance cualitativo, entrega a la sociedad un punto de partida para prever y demandar acciones y políticas públicas. A próximos gobiernos (2016-20, 2020-24) le tocará profundizar y fortalecer estas conquistas, enfrentar los problemas en salud, sostenibilidad energética, robustecer una economía autosuficiente en lo alimentario, ampliar el suministro de agua potable a las barriadas, promover industrias que ahorren divisas y reorientar lo que hoy consume el gasto público deficitario hacia la demanda interna de bienes y servicios. Se trata de quitar presión a la cuenta corriente para avanzar a un crédito saneado. Eso empezaría a “desfazer el entuerto” de aquel hábito económico despreciable, propio de la cultura política dominicana, generado en la colonia, llevado al paroxismo y consagrado irresponsablemente durante Buenaventura Báez y Ulises Eureaux (Lilís): el situado, la corrupción administrativa y, posteriormente, el endeudamiento externo para sufragar el enriquecimiento ilícito con los macrocefálicos gastos “modernos” del gobierno del Estado. Negamos mérito a pretender gobernar para desgobernarnos. Peor aún: no hay derecho ni pudor en disfrazar bajo referencias y tecnologías “de punta” el deseo de usufructuar los bienes públicos. Valoramos, en cambio, una cartilla de fines estructurados, garantes de que al final de cada mandato algo obtendrá la sociedad en beneficio. Hablamos de ganancia social como fin del gasto público que sufragan los impuestos. A una “rational choice” anclada al “contrato social”. Aunque debamos revivir a James M. Buchanan, superar la irracionalidad oportunista advertida por Donald Wittman en “El mito del fracaso democrático” y elevar la econometría y sociometría al pináculo de los sistemas de medición de resultados de los paradigmas sobre la democracia socialmente rentable y la libertad que puedan expresar los imaginarios, discursos y socio narrativas de gobernantes y candidatos. En fin, que merecen gobernar sólo quienes creen profundamente que lo único capaz de justificarlos es el compromiso con los postulados del llamado buen gobierno. En tal sentido, toda administración ha de guiarse por estadísticas y demandas sociales. Jamás en historias, intereses de grupos “teoretizados”. En datos ciertos recogidos por la observación empírica, organizados por métodos, comparaciones, experiencias locales y foráneas y análisis, sí. Valen gobiernos científico-técnicos orientados a los fines de las mayorías, no de grupos parciales demasiado enriquecidos ya, con mayor capacidad de cabildeo. Convertir sólo en referencia aquello de que Política es “nucleamiento” grupal, “celulación”, segmentación de lo general por y a favor de visiones/intereses particulares. Tal política como praxis ha colisionado y hace demandar otra, diferente. Vivimos los tiempos de la libertad. Libertad ante la que ni nuestros paradigmas pueden constituirse en obstáculo de la sociedad soñada, del país amado, del bienestar general anhelado para nuestros ciudadanos y los hijos de sus hijos. Responsabilidad política, en fin. Ética. Dejarse determinar por fines sociales y humanos. Al respecto y hasta hoy, el presidente Danilo Medina brilla con una luz solidaria y decorosa. Merece el premio de la reelección. Es verdad que los problemas nacionales heredados le asaltan a cada paso. Y hasta son usados como acusaciones inmerecidas por quienes más aportaron a agravarlos. El Presidente calla cuando la gente quiere que hable. Y su silencio es elocuencia y prudencia: evita avisperos. Se cree llegada la hora de hablar de la reelección y que el tema se abra espacio en el PLD bajo la Ley de Partidos Políticos, cuya aprobación sí propiciará como parte del concordato. Que la forma de establecerla sea mediante el referéndum, como afirma el Presidente de la JCE, me celebra y me canta. Hasta ayer, cuando este diario lo publicó, estuvimos solos en esa visión. Que hable de referéndum el PLD, habíamos pedido en carta al ministro Camacho. Estamos acostumbrados a la soledad, es amplitud de miras. Habitamos su espacio con temas y visiones comprometidas sobre nuestra sociedad. Hoy, otros las repiten y dicen suyas. Esta columna es vanguardia. Partiendo de la experiencia de Duarte, no se esperan reconocimientos. Sí agravios. Apoyo, pues, y valoro las afirmaciones del señor Presidente de la JCE. A su cuantificación del referéndum entre $500 y $800 millones de pesos le digo: la Democracia no tiene precio. Porque la Democracia es el ejercicio político de la libertad, antecede y hace posible la Justicia. Mejor si la JCE garantizara que esos $500 u $800 millones estimulen el consumo interno, demanden bienes y servicios locales. Ejerciten la nacionalización racional del consumo electoral. Sería inversión en nuestro desarrollo, pequeño como son, estructuralmente, $800 millones. Entre $77 y $124 pesos por votantes. Algo tan pírrico no podrá detener jamás el ejercicio político de la libertad. Menos la de su forma más avanzada: la democracia directa.