Donación y trasplante

El Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante (INCORT) felicita al equipo de médicos que logró realizar un Trasplante Hepático Renal combinado a una paciente necesitada en el Hospital General Plaza de la Salud (HGPS). Esperamos que en un futuro cercano nuestro país pueda continuar cosechando éxitos, y ofertar nuevos y complejos procesos terapéuticos que todavía no se realizan. Por otro lado, nos vemos en la necesidad de aclarar a toda la ciudadanía los conceptos que de forma reiterada ha emitido el DR. Julio Castaño; presidente del Consejo del Patronato del Hospital General Plaza de la Salud, sobre convertir ese centro hospitalario en el único en realizar trasplantes en nuestro país. Estas ansias de ser el único centro trasplantador fue la característica fundamental de lucha que a mediados del siglo pasado en aquellos países donde competían de forma salvaje los servicios públicos y privados de salud. Hoy en día y por suerte ese debate quedó en el pasado. La donación y el trasplante es práctica habitual de los centros de mediana y alta complejidad y los diferentes grupos que antes competían entre sí, se han convencido que unificando esfuerzos y voluntades, han logrado generar una Cultura Nacional de Donación y Trasplante, con la que todos ganan. En los países que lideran el mundo en donación y trasplante como España, y en América Latina, Argentina, Uruguay y Brasil, esta modalidad terapéutica que está coordinada y regulada por el Estado y además entre sus políticas más importante está la de llevar este tratamiento a los lugares donde se necesita, o sea crear centros de forma racional que permitan a los pacientes necesitados acceder al tratamiento necesario. En nuestro país existe una moderna Ley sobre donación y trasplante de órganos, tejidos, y células la 329-98; en sintonía con las leyes de los países iberoamericanos, esta crea y define dos estructuras públicas: el Consejo Nacional de Trasplante (CNT) como entidad rectora y el Instituto Nacional de Coordinación de Trasplantes (INCORT), para la coordinación y facilitación de la actividad trasplantadora y ejecutor de las políticas que emanan del CNT. En los países con programas sólidos de trasplante y en toda Iberoamérica, los principios que sustentan la donación y el trasplante de órganos, tejidos y células han descansado principalmente en la equidad, la solidaridad y el altruismo. Estos conceptos éticos, defienden que todos los nacionales sin distinción de raza, género y condición social, tengan el mismo derecho a ser trasplantados. Nuestro país ha logrado un crecimiento sostenido en lo relativo a la donación y el trasplante, desde el 2008 hasta nuestros días se ha multiplicado la donación de órganos de personas fallecidas. Este reiterado tema de que la Plaza de la Salud sea el único centro de donación y trasplante, constituye una verdadera preocupación para los dominicanos de escasos recursos y para aquellos que no disponen de aseguramiento, ya prácticamente menos de un 20% de los dominicanos podrían tener acceso a la salud en esa institución y es de todos sabido solo atiende a los asegurados del régimen contributivo y a los que disponen de recursos propios, a pesar de haber sido constituida, creada y mantenida con fondos públicos, o sea por todos los dominicanos, es como una clínica privada altamente costosa, selectiva y en procura de lucro, pero que recibe una generosa subvención mensual del Estado. Sobre listas de espera para trasplante renal. Entre las diferentes funciones que le asigna la Ley 329-98 al INCORT, está: ï Coordinar la extracción y asignación de órganos a nivel nacional y con entidades internacionales. ï Mantener un registro actualizado de donación y trasplante de órganos y tejidos. ï Para asegurar que la asignación de riñones entre los pacientes en lista de espera con criterios éticos de justicia y equidad, en todos los países y foros internacionales, La OPS/OMS, La TSS, la RCIDT recomiendan; que la Lista de Espera para Trasplante Renal sea única, gestionada por un organismo (Dirección Nacional de Donación y Trasplantes,) que represente al Estado en materia de donación y trasplante, preferiblemente dependiendo de un software que contenga los criterios médicos protocolizados y consensuados por los diferentes centros hospitalarios, sociedades científicas y aprobado por la entidad rectora. OPS/OMS Oficina Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud. TSS: Sociedad Internacional de Trasplantes. RCIDT: Red Consejo Iberoamericana de Donación y Trasplante. El INCORT, ha diseñado un SOFTWARE que siguiendo los criterios acordados y establecidos como prioritarios por todos los profesionales del trasplante de nuestro país, asigne de forma justa y equitativa los órganos; la Plaza de la Salud quiere manejar su propia lista de espera, a pesar de que sus médicos han participado en la elaboración de los criterios y protocolos necesarios para que un paciente pueda ser incluido en la lista de espera. Esta institución nacional no ha enviado al INCORT la relación de pacientes debidamente estudiada, requisito necesario para ser incluida en el programa de la lista nacional y maneja un listado de personas que podrán ser trasplantadas o no solo si disponen de los recursos que esa institución les exige a los pacientes para realizar dicho procedimiento. La selección de un receptor en lista de espera exige la adopción de unos criterios de justicia distributiva que sean públicamente defendibles. Justicia utilitarista (normas de justicia que redunden en el mayor bien para el mayor número, obtener el máximo beneficio con el mínimo riesgo). Justicia de principios (como distribuir los bienes, igualdad en el acceso a los recursos o nivel de salud mínimo e igual para todos). Transparencia, tanto para los criterios de exclusión como en los criterios de selección final o de distribución de órganos. En estos criterios deben cumplirse tres principios fundamentales para que la asignación de órganos sea de forma trasparente, justa y susceptible de verificación. En nuestro país en las últimas décadas se han desarrollado diferentes sistemas de salud que compiten y chocan entre sí, producto del proceso de privatización que, lejos de mejorar la atención sanitaria de los dominicanos, ha generado un incremento en la discriminación y sesgo en la atención, dejando cada vez más desprotegidos a los pacientes más pobres. Estos centros, lejos de servir para el bien social razón fundamental de su creación, se han convertido en verdaderos centros de lucro, se sitúan por encima de las leyes que regulan la práctica médica en el país, esto quiere decir que dificultan ser regulados y se sienten con el derecho de desconocer el carácter rector del Ministerio de Salud Pública (MSP) de nuestro país lo que ha generado un retroceso que de forma sistémica ha dificultado la aplicación de las políticas nacionales de salud. El autor es director del INCORT