Aborto, diputados, iglesias y Estado

Cuando muchas veces en mi vida de sacerdote escuché objeciones: ´Pero, dime, ¿por qué la Iglesia se opone al aborto, por ejemplo? ¿Es un problema religioso?ª ó´No, no. No es un problema religiosoª... Es un problema científico, porque allí hay una vida humana y no es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema. Papa Francisco. Discurso en la Asociación de Médicos Católicos. Italia, 15 de noviembre, 2014. En aprobación política sugerente y beneficio para todos concluyó anteayer el debate sobre las observaciones que al tema del aborto en el Código Penal hizo el Presidente de la República. Quedó claro que el Ejecutivo ejerció su deber de jefe de Estado buscando que las leyes garanticen derechos fundamentales consagrados en la Constitución a favor de la ciudadanía. Y, en especial, eviten que las leyes obstruyan los fines sociales del Estado, dados como oportunidad para diseñar y ejecutar políticas públicas orientadas al bien común. Ante la Constitución, son ciudadanos los nacidos en el territorio nacional en circunstancias específicas. Un nonato no es ciudadano porque no ha nacido. A pesar de ello, su Artículo 37 consigna a su favor que “El derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte”. Ante la Constitución, ciudadana es la madre. A ella garantiza el derecho que da al nonato, le otorga otros, fundamentales y relativos a la dignidad de la persona humana, y le impone deberes. Las políticas públicas están orientadas al bienestar de la ciudadanía. El Estado está obligado a garantizar y a crear las condiciones favorables para el desarrollo pleno e integral de sus ciudadanos, hombres y mujeres. Para el Papa Francisco “no es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema”. Y como se puede ver, con relación al aborto y hasta anteayer, se podían perder vidas de mujeres o de nonatos. El Estado ha reclamado el derecho a preservar la vida de la madre ciudadana ante iglesias que protegen la vida del no ciudadano, nonato y, en casos extremos, ni la de él ni de la madre. El tema irrumpió propiciado por esa irracionalidad constitucionalizada y en medio del incremento de la prostitución infantil, el sexo irresponsable, la delincuencia, las violaciones y todo tipo de aberraciones sexuales nacidas de la pobreza extrema y el hacinamiento, capaces de marcar para siempre las vidas de las víctimas, generalmente mujeres ciudadanas. 712 mujeres son abusadas cada mes en el país. Hace días, una adolescente de 15 años fue asesinada en una cabaña en tanto las Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) crecen sin control, se establece que los adolescentes son sexualmente activos en los barrios y los hospitales colapsan por la cantidad de menores parturientas. Obstruir la educación sexual en las escuelas, el uso de preservativos y el aborto en toda circunstancia como pregona el discurso religioso no contribuía ni contribuye a algo socialmente positivo en entornos hacinados y de pobreza angustiante, donde los abusos van de la mano con la pobreza (4,217 en la provincia Santo Domingo en 11 meses). Al hacerlo, las iglesias confirman el apego a sus credos, su derecho y razón de ser donde Dios no es reconocido y, muchas veces, donde ni ellas tienen o procuran presencia por la pobreza de los moradores, una tierra de nadie, abandonada al estado de naturaleza y deshumanización. Ante problemas tales, las manos del Estado deben estar libres y ni el gobierno ni otro poder estatal pueden ser instrumentalizados para limitar los derechos constitucionales de las mujeres. El gobierno y los diputados que despenalizaron la práctica de abortos en circunstancias especiales, reclamaron el derecho de los poderes públicos a ejercer su deber social: proteger a ciudadanas violadas, con riesgo de muerte por un parto o evitar traer a la vida productos con la capacidad de vida seria y objetivamente comprometida. Aún así, el tema no se agota ahí y amenaza con ir al Constitucional donde saben que ningún fuero desborda los del Estado. Como estaba planteado y hasta tanto el tema sea “desconstitucionalizado”, frente al aborto hasta el gobierno carece de posibilidad de acción; está reducido a lo policial, su capacidad de realizar políticas de salud y educación orientadas a la población afectada es contradicha por credos, supuestos y la certeza puesta en lo no verificable. Pese a la aprobación, participar de un aborto hace a mujeres, médicos, clínicas y hospitales reos de la Constitución porque sobre ella no hay ley válida. La aprobación abre vías para su logro, precondición de las políticas públicas, de lo que especialmente trató el debate, a colegir de la decisión del Ministerio de Salud Pública de incluir en su presupuesto del 2015 RD$60 millones para distribuir anticonceptivos; del comunicado del Colegio Médico Dominicano y de sus pasados presidentes. En la teoría del Estado moderno, este y sus fines están por encima de sus grupos sociales integrantes. Las observaciones al tratamiento del aborto en el Código Penal aprobadas por la Cámara de Diputados manifiestan esa tendencia que desarrollará a la par que la conciencia y confianza sobre la utilidad de fortalecer la capacidad operativa del Estado en beneficio de los ciudadanos. Es dudable que la Iglesia, protagonista realista y principal en la creación de nuestro Estado y democracia, en cuya defensa persevera entusiasta y enérgica, pueda romper o debilitar sus lazos con el gobierno por lo propuesto y aprobado anteayer sobre el aborto. Ni aún porque sea desconstitucionalizado. Al contrario, participó en el debate para ratificar su profesión de fe y acoger los lineamientos del Papa Francisco, ampliando, a la vez, el espacio a concordatos prácticos, oportunidades para que iglesias y gobierno trabajen sobre de lo que genera los abortos: carencia de educación, pobreza, exclusión, sexualidad y paternidad prematuras e irresponsables. Y si corregir lo que está mal y trabajar unido a las iglesias da votos, pues que Danilo Medina los gane. Deba transferirlos a otros o no, llámense o no Leonel Fernández.