Alineados por la salud
El incremento de $20 pesos a la cápita del Seguro Familiar de Salud y la aprobación de $4 pesos per cápita, más coste de traslado de un centro a otro, a los accidentados de tránsito acogidos o no al régimen subsidiado del Sistema de la Seguridad Social, aprobados por el Consejo Nacional de la Seguridad Social mediante la resolución #322-2 el pasado 11 de diciembre 2013, satisfizo viejos reclamos de las ARS y la población. Ellas pedían actualizar la cápita vigente, estática desde el 2002 en $181.34 pesos. También que se les pagaran las atenciones a los accidentados de tránsito (FONAMAT). La respuesta aporta a la mejora del servicio de salud nacional. A partir de ella, a los accidentados de tránsito del régimen subsidiado o sin seguro no se podrá negar atenciones médicas. Independientemente de interpretaciones, la resolución muestra una alineación estratégica favorable al reclamado incremento de la calidad de los servicios de salud básica y catastrófica servidos a los pobres. En ella participan la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL), la Comisión para la Reforma del Sector Salud, SeNaSa y, naturalmente, el ente regulador: Consejo Nacional de la Seguridad Social. Ha de esperarse que esa alineación persista y se constituya en voluntad operativa y práctica. En ello subyace la oportunidad de mejoras sucesivas en la cobertura de salud servida a la población menos favorecida. Para empezar, la revisión del listado de medicamentos. Anteayer la Dra. Altagracia Guzmán Marcelino, Directora Ejecutiva de SeNaSa, en un encuentro con los medios, confirmó que la actualización del listado con fines de integrarle 34 fármacos para el cáncer y la hipertensión es necesaria. Abogó porque la lista incluya las múltiples combinaciones o presentaciones en las que se ofrecen estas medicinas orientadas a ayudar a los enfermos en su batalla contra esas patologías, dadas las diferencias de los padecimientos cardiovasculares y cancerosos. Ello evitará que, por su falta, se agraven esas enfermedades y a evitar infartos y muertes, afirmó. Atender tal necesidad ratificaría, ante la ciudadanía, que se trabaja por un servicio de salud cuyo objetivo es mayor calidad de vida, salvar vidas humanas: el ser humano. Un reclamo así encontraría oídos sensibles en quienes ejercen la administración pública observando las disposiciones constitucionales del Estado garantista. También en quienes desean encontrar destino justo, urgente y necesario a fondos presupuestados que sus destinatarios iniciales no pudieron ejecutar, si los hubiere. Con tales oídos la ha escuchado el CNSS, que declaró ayer estar trabajando en tal revisión. Servir una salud universalizada conlleva altos costos. No disponer de los recursos a tiempo, a situaciones financieras deficitarias. Un déficit financiero puede ser loable si ilustra el compromiso hecho realidad de la inclusión social a la salud, por encima de posibilidades y circunstancias económicas coyunturales. Como la vida humana es sagrada, la salud no puede esperar. Recordemos que las ARS que sirven el régimen subsidiado sufragaron sus costos posteriores a 2003 en un entorno en que, desde ese año, la economía sufrió un sensible impacto. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) promedió, de 2003 a hoy, 12.7384, afectando en igual grado costos de bienes y servicios. La vigencia de la cápita anterior generaba pérdida o déficit en esas ARS. El régimen subsidiado no admite incremento de la cápita por vía mercadológica. Alimentación, Salud, Educación y Energía son necesidades esenciales de la supervivencia social y el desarrollo económico. Suplirlos con seguridad y eficiencia, razón y deber ser del Estado. La educativa y la salud, derivadas de mandatos constitucionales, no admiten medianerías. A nadie aporta y nadie quiere una patria de enfermos, hambrientos o iletrados. Las naciones crecen cuando sus gobernantes lo entienden, lo ponen en marcha y lo logran. Al respecto, SeNaSa comunicó los resultados de su plan de afiliación 2013: al 31 de diciembre superó su meta de afiliar al 67% de la población pobre del país (2,761,858 personas). Algo más valioso si los próximos objetivos son aportar a la calidad del servicio e integrar al 33% restante. Se aspira a una administración pública ejercida como servicio suplido por servidores públicos. Para redimensionar lo financiero observemos que en septiembre 2013, por ejemplo, SeNaSa recibió una demanda de servicios de salud en el régimen subsidiado igual a $425 millones 287 mil 821 pesos con 05 centavos. Para atenderla recibió, del régimen subsidiado, RD$346,969,983.41: casi 104 millones de pesos menos, un significativo 23%. Lo ideal y favorable al sistema y los usuarios puede ser que esa alineación desemboque en un acuerdo/pacto por la viabilidad financiera del sector salud orientado a los pobres. Es claro que con el incremento de la cápita (Resolución #322-2 del CNSS), el régimen subsidiado permitirá mejores condiciones a las ARS para ajustar sus operaciones a un nuevo nivel de ingresos esperados (11.029% más). En el ínterin, es imposible renunciar a la esperanza. Al gobierno compete realizar los aportes pertinentes (transferencias) para que los activos de esas ARS no continúen sufriendo el impacto de un servicio de salud a todas luces comprometido con la ley y con la vocación y convicción de (nos consta) abnegados y valiosos servidores públicos.
