¡Haití impone su agenda!

El gobierno ha hecho lo debido frente al conflicto haitiano, se ha manejado con prudencia y fino tacto. Ha jerarquizado políticamente un tema que muy bien pudo haber dejado a la subsidiaridad diplomática para continuar su agenda sin alteraciones. Desde el 23 de septiembre cuando el Tribunal Constitucional emitió la sentencia 168/13, el Presidente Danilo Medina ha dado la cara en defensa de un derecho de soberanía irrenunciable y de aplicación obligatoria. La sentencia, por ser vinculante a todos los poderes públicos, tiene que ser cumplida independientemente de que le guste o no al Ejecutivo o de los perjuicios políticos que pueda provocar su aplicación. El gobierno, sin embargo, se ha empeñado en buscar fórmulas para atenuar sus efectos garantizando los derechos de todos los extranjeros al alcance de la sentencia. El Presidente Medina ha seguido paso a paso el curso de los acontecimientos, ha consultado a todos los sectores que participan en el debate, ha analizado el tema con expertos en la materia y ha tomado las decisiones que ha considerado adecuadas en el momento oportuno... ... Por encima de las presiones, de las malas interpretaciones y de las acechanzas de grupos que quisieran ver desplomarse su popularidad y que fracase su gestión de gobierno Un talón de Aquiles...Es obvio que la popularidad de Danilo y de su gobierno está subordinada en este momento a la habilidad que tenga para gestionar la actual crisis política con Haití y su destreza para salir bien librado de ella. La situación es difícil y delicada porque Danilo no puede dar un solo paso en falsoÖ Es una crisis que coloca al gobierno en el filo de la navaja. Legalmente Haití no tiene la razón, pero cuenta con la solidaridad de las potencias irresponsables que le han dado la espalda a su eterna crisis, y con la conmiseración que provoca su mendicidad internacional y su ostensible miseria extrema. Es una realidad que coloca al gobierno en desventaja frente al conflicto con Haití, y en ese escenario poco valen los argumentos legales que sustentan la razón del Estado dominicano. En el otro extremo está más del 90 por ciento de la población dominicana que no aceptaría que el gobierno trance la aplicación de la sentencia 168/13, y que ni siquiera alcanza a comprender la naturaleza del grave conflicto diplomático que confronta el país en este momento. No estaba programadoEl gobierno de Danilo navegaba sin problema hasta el 23 de septiembre pasado cuando se emitió la sentencia, y no tenía en agenda enfrentar una crisis de tal envergadura cuando apenas cumplía su primer año. La regularización de la inmigración ilegal, compuesta en más de un 90 por ciento por haitianos que han cruzado la frontera de forma ilegal, era tarea pendiente desde hacía muchos años a pesar de que en agosto de 2004 se aprobó una ley con ese propósito y un año después, en 2005, la Suprema Corte sentó jurisprudencia en esa misma dirección. Lo que nadie podía sospechar ocurrió de repente: una claque compuesta por oenegés financiadas por organismos internacionales asociadas con grupos de la prensa iniciaron esta campaña contra la sentencia del Constitucional. Del resto se ha ocupado la conmiseración, por un lado, y la perversidad de grupos haitianos de poder que ven la sentencia como el motivo ideal para evadir su incompetencia e irresponsabilidad. Pero no podemos permitir que Haití nos imponga su agenda...