Gobernabilidad y Desarrollo Humano

Todos somos conscientes de la importancia de una buena gestión pública para la materialización de una democracia fuerte que permita, a su vez, alcanzar un verdadero desarrollo para todos los miembros de la sociedad. Cuando la administración pública actúa conforme a principios básicos de eficiencia y efectividad se logra la gobernabilidad. Este término -gobernabilidad- de acuerdo a Manuel Alcántara Sáez, politólogo y profesor e investigador de la Universidad de Salamanca, se define como “la situación en la que concurren un conjunto de condiciones favorables para la acción de gobierno; estas condiciones están en su entorno o son intrínsecas a éste”. El Banco Mundial, por su parte, entiende que la gobernabilidad reside “en la forma del régimen político, en el proceso de ejercicio de la autoridad y de gestión de los recursos económicos y sociales de un país para su desarrollo y en la capacidad del gobierno para diseñar, formular e implementar sus políticas y cumplir sus funciones”. Otros expertos en el tema como, Ángel Flisfisch, politólogo y exsubsecretario de Relaciones Exteriores de Chile, señala que “se entenderá que la gobernabilidad está referida a la calidad del desempeño gubernamental a través del tiempo, ya sea que se trate de un gobierno o administración, o de varios sucesivos, considerando principalmente las dimensiones de la oportunidad, la efectividad, la aceptación social, la eficiencia y la coherencia de sus decisiones”. Como vemos, todas estas posiciones nos acercan a la idea de un “buen gobierno” que actúe conforme a principios básicos como la justicia y la eficacia, además de un irrestricto apego a la ley. El concepto “gobernabilidad” implica para la Organización de Estados Americanos (OEA), la existencia de una estabilidad institucional y política, con efectividad en la toma de decisiones y la administración; continuidad y consistencia de esas decisiones; una correlación estrecha entre las demandas de la sociedad y la respuesta del gobierno a las mismas; y un estado de madurez social que permita a los ciudadanos la capacidad de asumir responsabilidades compartidas con el gobierno. La gobernabilidad se convierte entonces, en un elemento fundamental en la democracia. Autores como Paul Hirst, sociólogo y teórico político británico, explica que “la democracia ha debido ser reinterpretada de acuerdo a las nuevas relaciones de los gobiernos con organizaciones públicas y privadas, con miembros de la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales, con agencias y organismos internacionales y, finalmente, con otros gobiernos”. En América Latina, la gobernabilidad y su relación con la democracia ha sido y sigue siendo particularmente importante, pues se entendía que a través de una buena gobernabilidad se afianzarían los procesos democráticos que rompieron con las dictaduras que durante años subsistieron en los países de la región. Una buena gestión pública hace posible que los gobiernos puedan afrontar tres elementos esenciales que han aumentado la incertidumbre de los gobiernos y han afectado los niveles de gobernabilidad en Latinoamérica: la globalización, las transformaciones económicas y los procesos de individualización. Es tal la importancia en lograrla en los últimos años que, inclusive, es utilizada como un elemento a tomar en consideración al momento de evaluar el desarrollo humano y la calidad de vida intrínseca al crecimiento económico de los pueblos. Es así como organismos internacionales, como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), dedican esfuerzos puntuales en la lucha por garantizar que los países de la región puedan alcanzar los niveles deseados de buena gobernabilidad asociados a la democracia y el desarrollo humano. En nuestro país la Unidad de Gobernabilidad Democrática del PNUD procura el fortalecimiento de las instancias del estado vinculadas a la gestión pública a través de tres grandes ejes: (i) consolidación de la democracia, brindando apoyo tanto a nivel Legislativo, al órgano Estatal coordinador de los procesos electorales y a los partidos políticos; (ii) fortalecimiento institucional de los tres poderes públicos, en favor de la consolidación del Estado de derecho; y (iii) organización de la gestión y administración pública, sobre la base del desarrollo humano, gestión orientada al establecimiento de una cultura de servicio público basada en la transparencia en la gestión de un Estado moderno, eficiente y con participación de la ciudadanía. El Art. 138 de la Constitución ha establecido ocho principios básicos que deben regir la administración pública: eficacia, jerarquía, objetividad, igualdad, transparencia, economía, publicidad y coordinación. Igual importancia le otorga la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 (END), cuando plantea en el primer eje estratégico la necesidad de lograr “un Estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúan con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y desarrollo nacional y local”. Para lograrlo, se plantean cuatro objetivos generales: una administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados; el imperio de la ley y la seguridad ciudadana; una democracia participativa con una ciudadanía responsable; y una convivencia segura y pacífica. El empoderamiento de los pueblos obliga a los gobiernos a que sus actuaciones se ajusten a los mandatos constitucionales, focalizando el ser humano y su desarrollo integral. La gobernabilidad correlaciona las demandas de las sociedades y las respuestas de los gobiernos; es esencial mejorar los niveles de las democracias contemporáneas ampliando las oportunidades para las personas, aumentando sus derechos y capacidades para que vivan conforme a sus valores y aspiraciones.