Libertad de expresión, denigrante

La agresión verbal se ha convertido en una penosa costumbre dominicana, a través de los medios de comunicación y fuera de ellos. En ocasiones cualquier palabra improcedente o bien sea mal aceptada, es censurada con determinación juzgándola abusiva, denigrante o impropia. Esa realidad sucede sin advertir que las quejas pueden ser tan ofensivas como lo estimado en agresión, o simplemente como error. ¡Nos urge educación! Respecto a los funcionarios gubernamentales, es importante para la credibilidad de ellos mismos, que cualquier desavenencia entre organismos públicos o privados se haga en privacidad, para que la ciudadanía no tenga que enterarse de discrepancias ajenas; consciente que con frecuencia alguna información llega irrespetuosa, como si fuera natural. Todo en un tiempo cuando la palabra viene agresiva, cargada de infortunio y degradación, con expresiones que demandan gran educación, porque se ofende con facilidad, considerándose valientes. No podemos hablar mal dando inicio a discusiones que terminen en la justicia. En síntesis, existen palabras que pueden convertirse en un drama eludible, sin ninguna precaución para expresarse; necesitamos cuidarla evitando alteración de animosidad ciudadana, con temáticas que requieren ser discutidas reservadamente. El Procurador de la República, señor Francisco Domínguez Brito, con su acertada expresión, en relación con la sentencia de la Bahía de Las Águilas, como: “desastrosa y vergonzante” levantó una protesta de parte de la Asociación de Jueces y Juezas, lástima la ocurrencia de la justicia; considerando que la ciudadanía esperaba un fallo distinto, para preservar el patrimonio dominicano. Nunca vimos Jueces y Juezas, salir unidos en su propia defensa, por algo que no consideramos ser intencional para deshonrar la justicia, sino una actuación reflejando el sentimiento nacional. La Bahía de las Águilas es una mina de oro, evaluando su belleza y condiciones apropiadas para una evolución turística moderada, con finalidad de no afectar el medio ambiente. Entendemos el necesario crecimiento del patrimonio nacional, sin los existentes desfalcos erróneamente callados, que llenan nuestro país. Tenemos que nombrar lo real escondido, porque delincuencia existe donde no lo imaginamos. El dominicano amante del país debe prestar ayuda, para entre todos tratar de desintegrar esta locura delincuencial, dañando la nación, ausente de transparencia en la vida nacional. En ocasiones una ciudadanía considerable se ha quejado de veredictos judiciales que debieron de ser mucho más efectivos; estamos conscientes que los acusados salen en libertad de cárcel preventiva y de ahí para sus casas por falta de pruebas, otras veces por pruebas contundentes. En variables casos se acusan a políticos por malversación de fondos y no se investigan. Optemos porque la justicia sea justa, no excesivamente suave como opera. No seguiremos soportando el caos, tenemos que combatirlo, porque la preservación de la vida es lo más importante. Defendamos la armonía nacional para vivir tranquilos. Si a los jueces las quejas les resultan ofensivas; ha llegado el momento de que la justicia dominicana haga un esfuerzo porque se cambie el C”DIGO PROCESAL PENAL entendiendo que: Cuando el C”DIGO NAPOLE”NICO se encontraba vigente en el país, la delincuencia nunca desangraba la esperanza, ni la armonía ciudadana que se disfrutaba en esa época; no como en el presente con semejante desastre que todos los ciudadanos sufrimos diariamente. Es evidente que parte del desagrado a los jueces recae en el Código Actual, señalado como el responsable de sentencias censurables, con omisiones dolorosas para el país. Le pedimos a Dios que la justicia dominicana adopte lo justo, al lograr el valioso apoyo de un Código Procesal efectivo y moral, con suficiente equidad para lograr veredictos aceptables para toda la nación, que ayuden a fomentar la anhelada paz para la República Dominicana.