¡Vaya clase empresarial!

Para poder entender el proceder de la clase empresarial dominicana, hay que remontarse a sus orígenes después de la caída de la dictadura de Trujillo. Durante su régimen de 31 años, Trujillo lo acaparó todo impidiendo que se formaran grupos económicos y empresariales influyentes en la economía. Los que existían antes de 1930 los enfrentó, y a los que no pudo destruir los absorbió. Los únicos grupos económicos que se formaron durante la Era fueron los suyos o de su familia y sus allegados. En el experimento pseudo-democrático de los 12 años de Balaguer, y en un contexto de guerra fría, se establecieron las condiciones para la formación de la actual clase empresarial, que todavía en segunda y tercera generación dominan el escenario económico nacional. Su surgimiento y consolidación, sin embargo, se basó en dos premisas: a) La destrucción del aparato productivo y empresarial que se le expropió a los Trujillo, y b) a través de la ley 299 que creo privilegios desmedidos y exenciones impositivas mediante una política arancelaria protectora. Con el agrupamiento de las 24 unidades productivas expropiadas a los Trujillo se creó la otrora poderosa Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE). Con su destrucción se eludían políticas estatistas que entonces eran consideradas comunistas, al tiempo que se evitaba lo que denominaron “competencia desleal del Estado”. A esto contribuyeron grandemente tanto Balaguer como los gobiernos subsiguientes, al convertir ese emporio empresarial estatal en un nido de clientela política e ineficiencia que terminó por hacerlo sucumbir y desaparecer. Con un marco legal favorable y cargado de “incentivos”, ese nuevo capitalismo dominicano se sirvió por décadas con la cuchara grande recibiendo toda suerte de privilegios y exenciones impositivas a través de una política arancelaria sobreprotectora que lo convirtió en un enorme parásito que creció y se diversificó a costa de esas ventajas que el Estado les otorgaba. Todas esas distorsiones, establecidas a partir de la ley 299, dieron origen a una élite empresarial rentista que creció sin cultura competitiva y bajo la sombra del Estado benefactor. Pero de pronto los tiempos cambiaron y el mundo se transformó. Las políticas neoliberales obligaron a abrir los mercados y a competir globalmente, por lo que esos privilegios debieron suprimirse. Pero la cultura empresarial dominicana no cambió con los tiempos. Esa es la razón por la que todavía los gremios empresariales exigen al Estado que tome medidas para favorecerlos o favorecer “su competitividad”. Desde los primeros acuerdos comerciales ratificados por el país, la clase empresarial dominicana ha ido perdiendo espacios debido a su falta de competitividad. Los empresarios atribuyen estas falencias al Estado. La mayoría de sus argumentos se basan en las elevadas cargas impositivas, otras en el alto costo de la electricidad ---en eso no les falta razón--- y últimamente la cruzada es contra el Código Laboral y la supuesta responsabilidad “del régimen laboral dominicano y el pobre desempeño de su institucionalidad” sobre la alta tasa de empleo informal, la cual cifran en más de un 65 por ciento. Lo que ahora quieren los empresarios gremializados es que se modifique el Código Laboral. Lo cual no está mal si se entiende que data de 1991 y que se hace necesario adecuarlo a los nuevos tiempos. Pero sucede que lo que realmente les interesa modificar es la parte relativa a lo que denominan “las altas cargas laborales”, en referencia a una serie de derechos adquiridos por los trabajadores que incluyen la regalía pascual, los seguros médicos y de pensiones, así como el régimen de cesantía para el despido. Los empresarios entienden que para poder ser competitivos y poder crear “empleos de calidad” hay que reducirles la carga laboral. Es decir, reducir los beneficios de los trabajadores. ¡Qué barbaros! En un país donde casi la mitad de la población se encuentra debajo de la línea de pobreza y la mayoría de los trabajadores ---formales e informales--- no tienen ingresos que les permitan cubrir sus necesidades básicas, la clase empresarial entiende que para ser competitivos y darle “calidad” a los empleos, sus empleados deben ser más pobres y estar más desprotegidos. Para esos gremios empresariales la competitividad no se alcanza con innovación, eficiencia, productividad o calidad. Para ser competitivos necesitan que el Estado les resuelva sus problemas. Que les bajen los impuestos y les otorguen privilegios y exenciones. Y que las ya de por si precarias condiciones de sus trabajadores, sean aún peores. Así como la clase empresarial exige mejoras en la educación para con ello mejorar la calidad de la mano de obra, en esa misma proporción el país debe exigir una clase empresarial con mayor sentido de responsabilidad social Y en ese sentido, esta que tenemos deja mucho que desear. Ahora están chantajeando al Gobierno y al Presidente con ese asunto pretendiendo presionarlo con charlas, conferencias y movilizaciones exigiendo que desde el Estado se creen las condiciones para modificar el Código Laboral en beneficio de sus intereses empresariales y en detrimento de los trabajadores. El Presidente Medina no debe permitir esto. Cualquier modificación al Código Laboral debe hacerse respetando los derechos adquiridos de los trabajadores y garantizando su seguridad social y laboral. La pobreza ---y eso la sabe Danilo--- no se combate con sueldos de miseria ni desprotección laboral.