Jueces sancionados
En la edición del Periódico El Caribe del martes 16 de octubre del año en curso, fue publicada la noticia en la que se informaba que desde el año 1998 hasta la fecha, al menos setenta y cinco jueces han sido juzgados por presunta comisión de falta en el ejercicio de sus funciones, de los cuales cuarenta y uno fueron destituidos. Esta suma probablemente constituye la mayor cantidad de jueces depuestos de sus cargos durante todo el período de vida republicana de nuestro país. Durante el antiguo régimen (ancien regime) del Poder Judicial nunca se produjeron procesamientos ni destituciones importantes de los miembros del poder judicial. La falta de seguimiento y sanción a sus malas actuaciones, por parte de una instancia oficial era la constante. La cifra citada constituye un récord y es una realización que hay que reconocerle al nuevo poder judicial surgido en la República Dominicana, de la implementación primera, la ola de la reforma promovida por el presidente Leonel Fernández durante su primer mandato del año noventa y seis, a través del Comisionado para la reforma y modernización de la Justicia, que durante el primer año de gobierno del presidente Fernández realizó un extraordinario esfuerzo para la conformación de un nuevo poder judicial. Esta información significa, sin duda alguna, que hemos avanzado en nuestro país en la implementación de un sistema de justicia, eficiente, eficaz, honesto y transparente. La situación del poder judicial previo al año Mil Novecientos Noventa y Seis (1996), no podía ser peor: Elección de jueces en todas las instancias de la judicatura por criterios estrictamente de carácter político, falta de capacidad profesional de un número importante de estos. Condiciones laborables deprimentes, en espacios destartalados, abandonados y poco higienizados, niveles paupérrimos de remuneración salarial, ausencia de políticas de formación y capacitación carencia de un sistema de promoción y altos niveles de falta de transparencia en la administración de justicia. Los niveles de degradación alcanzaron niveles de tal magnitud que el propio presidente Balaguer en una acción similar a la de Poncio Pilato afirmó que el poder judicial era un mercado donde se compraban y se vendían sentencias. No obstante estos avances, llegó un momento, sin embargo, en que ese poder judicial se sumió en una especie de letargo y de cansancio, donde se banalizaron decisiones importantes, y sus principales actores exhibían un exagerado nivel de hipersensibilización frente a cualquier crítica que se le hiciera, aunque esta fuera de buena fe, que lo que sumado a la facilidad con que los infractores lograban obtener su libertad escandalizaron a la sociedad y le hicieron perder apoyo en la ciudadanía. Sectores importantes de la opinión pública nacional se quejan permanentemente del atraso económico, social y político en que se ha mantenido nuestro país en las últimas décadas. Escuchando algunos exponentes de esta expresión del sentimiento de sectores importantes de la sociedad uno se llena de pesimismo y piensa que no vale la pena seguir luchando por un país mejor. Sin embargo las informaciones como la publicada en el diario El Caribe son un claro matiz de que no es verdad que no hayamos experimentado avances, el establecimiento y existencia de este poder judicial, con los ajustes realizados, es una muestra de los progresos logrados. La sociedad dominicana ha experimentado cambios políticos, sociales, económicos e institucionales en los últimos veinte años, estos están a la vista de todo el mundo y que debemos admitir, aunque sea necesario seguir luchando para preservar esas conquistas, profundizar el establecimiento de un auténtico estado de derecho, construir un país donde los dominicanos puedan materializar sus sueños de vivir una vida plena, en paz, en armonía, en libertad y en justicia social.
