Política exterior y desarrollo nacional

La trascendental importancia que han adquirido los asuntos de carácter internacional se hace patente, en la actualidad, al confirmarse mediante estudios recientes que es cada vez mayor el número de países que considera su política exterior parte esencial del proyecto nacional de desarrollo. En el mismo sentido cabe señalar, que siendo la política exterior una actividad continua por parte de un gobierno para modificar situaciones que están fuera de su competencia directa, su aplicación se manifiesta por una serie de decisiones que, generalmente, se ejecutan hoy en el marco de relaciones y canales diplomáticos (J. Duroselle). Resulta esencial para este ejercicio identificar con precisión, por medio de consistentes análisis y periódicas evaluaciones, el rol que debe desempeñar el país dentro de la comunidad de naciones en su conjunto y en los grupos regionales en particular, así como ante los organismos internacionales. Como base para ello es necesario obtener, a través de esos estudios, un diagnóstico sobre la actual realidad nacional, los elementos positivos con que cuenta el país, así como aquellos que deben ser superados para impulsar el desarrollo, e igualmente, cómo poder tener una apropiada y fructífera representación en el exterior (que por las responsabilidades que debe asumir requiere una efectiva profesionalización), inclusive tales estudios deben precisar el nivel de competitividad de la producción exportadora del país, a fin de que puedan tomarse las providencias correspondientes (G. Ruales). En ese contexto, una política exterior que en su formulación y en su consecuente ejecución se proponga aprovechar los beneficios que ofrece un mundo globalizado, suele generar mayor competitividad y crecimiento económico al país, y además facilita “conquistar” nuevos mercados para los productos nacionales y puede “optimizar” las condiciones para atraer la inversión extranjera. Asimismo, genera nuevas opciones para la adecuada concertación de tratados y también permite aprovechar ventajosamente las facilidades que ofrece la cooperación internacional; igualmente favorece la promoción a nivel internacional del patrimonio cultural y artístico de la nación para proyectar convenientemente una imagen digna, “atractiva” y confiable del país, que además podría ser una apropiada forma de fomentar el turismo. Del mismo modo, si entre las finalidades de esa política se establece como objetivo la armonización de la legislación a nivel nacional con los instrumentos jurídicos internacionales de los cuales el país es signatario, este ejercicio sería especialmente conveniente para impulsar la modernización, perfeccionamiento y efectivo cumplimiento de la normatividad en materia de derechos humanos, transparencia, combate a delitos transnacionales y a la corrupción, así como para la protección del medio ambiente y también para la conservación de la diversidad y patrimonio culturales. Cabe puntualizar, que sólo conforme a consistentes criterios técnicos, en función de los intereses fundamentales de la nación, y en conocimiento pleno del entorno nacional e internacional, es como se establecen con el debido fundamento las líneas de acción de la política exterior, en lo concerniente a las relaciones bilaterales, con cada uno de los Estados de la Comunidad Internacional. La misma regla aplica en las relaciones multilaterales. Resulta imprescindible para los intereses y la adecuada proyección de la nación la activa y bien sustentada participación del país en los diversos foros e instancias de carácter multilateral. Asimismo se tendrá presente para los fines correspondientes la presencia en el escenario internacional de actores no estatales. Conforme a la legislación interna de cada país, la formulación y dirección de la política exterior, suele corresponder al Jefe de Estado, con el efectivo auxilio del Ministro de Relaciones Exteriores para la ejecución de estas labores. Para este cometido es esencial la participación de la Cancillería (institución especializada para este ejercicio), cuya labor hoy debe estar al servicio del desarrollo nacional. En función de ello a la Cancillería se le exige, además de la implementación de nuevas acciones y métodos, la modificación y la efectiva adecuación de sus tradicionales roles y responsabilidades, que incluye, cuando corresponda, la conciliación de actividades con otros ministerios. Asimismo, se procederá con actores no estatales, con los que debe mantenerse un diálogo constructivo orientado a la colaboración (R. Saner/L. Yiu). Como factor coadyuvante con una política exterior enfocada al desarrollo nacional, está la implementación de la denominada “diplomacia pública” y consecuentemente del proyecto “estrategia marca país”. Cabe señalar, finalmente, tal como coinciden en afirmar tratadistas contemporáneos, que una política exterior consonante con los requerimientos actuales lleva al plano de las relaciones internacionales los esfuerzos del país orientados a la consolidación del estado de derecho y la democracia y, asimismo, los firmes y bien sustentados objetivos de desarrollo de la nación, en especial aquellos que tienden al crecimiento económico sostenido, y a la “superación de la pobreza”. Contribuyendo de esa forma al afianzamiento de una consistente ruta hacia el desarrollo nacional, en el marco indelegable de la justicia y la equidad. El autor es presidente del Instituto Hispano Luso Americano de Derecho Internacional.