Reforma fiscal y cine dominicano
La ley de cine que el Ministro de Cultura anterior promovió es hija del afán de lucro del funcionariado, de la necesidad de preeminencia farandulera de un Ejecutivo cuasi saliente, del sueño de un empresariado cinematográfico inexistente y del deseo utilitarista sobre el cine anidado en sectores de la industria turística. De intereses así puede surgir cualquier Frankenstein. Y convertirse en Ley. Entre esta Ley y su Reglamento el derecho a concurrir a las oportunidades en igualdad de condiciones choca contra la discrecionalidad del funcionariado “facultado” para decidir sobre lo que entra o no al beneficio de la Ley. Se trata de un funcionariado que nos cree ilusos. Y que las empresas internacionales de cine tienen algo que buscar en un país problematizado y cuestas abajo. Venden la ilusión de que no hay naciones con paisajes más hermosos. Desean que nos traguemos el fárrago de que podemos ofrecer “extraordinarias locaciones” como si las que mejor se ven no se construyeranÖ Si las locaciones del cine fueran realidades, deberíamos reconocer que el imperio español tuvo más oportunidad, mayores recursos y más tiempo para edificar ciudades más espectaculares en México, Puerto Rico, Cuba y Perú, para mencionar pocos casos. Las alturas que emergen desde las costas para formar espectaculares acantilados y alturas son impresionantes en el Sur del Continente y en otras ínsulas, por demás con terribles volcanes. Culturalmente, otras naciones (Honduras, México y Perú por ejemplo) poseen perfiles más exactos de lo prehispánico, incluyendo una arquitectura precolonial majestuosa, inexistente en Quisqueya. Y Haití, Cuba, Jamaica, Barbados, Brasil, etc., de lo afroamericano. Tanta presunción, ¿no ignora que hasta el FMI dio carácter “sofisticado” a lo nuestro, que el calificativo parece extensible a nuestra etnicidad y modo de ser? ¿Contrastamos con algo conocido allende el mar? Para muchos, ese funcionariado tenía sus ojos puestos, no en la industria del cine sino en la publicidad política camuflada de cinematografía. Y en la plata. Era su pretexto “legal”, patente de corso, para presentarse ante las figuras internacionales de la industria con propósitos económicos, políticos y publicitarios. ¿Se presta esa Ley a todo eso? ¿Propicia el lavado de activos camuflado de IED y cultura? ¿Y la prostitución? ¿Puede una Ley de Cine, atrapada entre los remanentes de burbujas turísticas propiciar el desarrollo cinematográfico? ¿No es Turismo quien vende playas, bellas mujeres y otras cosas? ¿Por qué las autoridades entronizadas al amparo de esa ley venden lo mismo? ¿Lo que hay detrás de la ley de cine es la venta de ocupaciones? ¿No es esa función del Ministerio de Turismo? ¿Cómo se podrá prevenir que al amparo de esa Ley se construya un paraíso fiscal y otro para la realización de películas Triple Xs? ¿Pueden las máscaras, maquillajes y caracteres cinematográficos facilitar el lavado y disimularlo? ¿Cuándo hemos recibido algo interesado en fundar aquí, en ayudarnos a superar el eterno debacle construido para el beneficio de veinte? Una Ley instrumentalizable en esas direcciones, ¿justifica exoneraciones? ¡El cine nacional sí necesita una Ley de fomento y de estímulo! Porque el cine debe ser para los cineastas. Con la Reforma Fiscal el Congreso podría tener la oportunidad de promover el verdadero cine nacional. Esto es eliminando las exoneraciones a las empresas foráneas cuyos ejecutivos y accionistas mayoritarios no presenten aval de los Ministerios de Justicia de sus respectivos países y un historial de realizaciones cinematográficas culturales tangibles. Esto es ampliando las facilidades, concesiones impositivas y patrocinio oficial a las producciones cinematográficas culturales locales, incluyendo su exhibición y circulación en formatos caseros (DVDs, TV, etc.). Esto es garantizando que el 100% de la inversión realizada por empresarios y empresas nacionales en proyectos de valor cultural pueda ser deducido del Impuesto Sobre la Renta y, cuando el importe a pagar durante el año fiscal sea menor, acreditarlo al próximo período fiscal, por la tardanza del retorno económico de esta industria. Y obligando a que, al menos, el 90% del capital y personal directivo, artístico y operativo de las producciones que aspiren al beneficio de la Ley sea dominicano. Si no es así, sufriremos un cine dominicanoide que además tendrá calidad de subproducto. Fortalezcamos esa Ley y transparentemos sus controles. Así no podrá ser retorcida a favor del fomento de un paraíso fiscal, de la politiquería, del lavado ni de las películas Triple Equis. Para que también los cineastas puedan construir su propio destino. Y para que conste en acta.
