Muy grave

La revelación hecha por Yeni Berenice Reynoso, fiscal del Distrito Nacional, de que más de 1,500 procesos de narcotráfico se encuentran estancados porque los imputados han sido declarados en rebeldía, no puede ser pasada por alto. Legalmente una persona es declarada rebelde cuando no obtempera ni es localizada para presentarse a juicio. Pero lo grave de todo y preocupación de la magistrada, es que muchos de estos acusados han sido puestos en libertad mediante presupuestos de arraigo avalados básicamente en certificaciones de juntas de vecinos, clubes, iglesias y entidades de la sociedad civil. Papeles que son depositados por ante la jurisdicción penal que estableciendo que el acusado no representa peligro de fuga, resoluta una de las siete medidas cautelares que establece el Código Procesal Penal en su artículo 226, pero obviando la del apremio corporal (cárcel). El mismo procedimiento ocurre cuando el prevenido guarda prisión y solicita revisión para obtener libertad. Solo que a juzgar por las cifras, una vez es concedido el fallo la persona espanta la mula como se dice popularmente, evadiendo la justicia e incentivando la práctica y también el gran negocio de togados y sin togas. El llamado de la representante del ministerio público es serio y responsable porque pide a la justicia que sea más cuidadosa al conocer medidas de coerción y a la sociedad que no se preste a ligerezas. Pero también porque le dice al país lo que se está dando y no se sabía. Si como se dice vulgarmente, por la plata baila el mono, más fácil lo harían a quienes le pongan un dinero en las manos (en el tema narco eso no es problema) para que firmen un papel diciendo que tal o cual es una persona es seria y honorable, al margen del prontuario, reincidencia o los hechos que le imputen. Las generalizaciones son injustas y seguro que dentro del grupo hay entidades y personas sorprendidas en su buena fe, pero destapada la situación y conocida la práctica, hay que ser más cuidadoso con este tipo de cosas.