El FMI y la carroña política
La misión del Fondo Monetario Internacional es velar por el buen funcionamiento de los países miembros, donde meten sus narices para garantizar su disciplina económica, fiscal y monetaria y así asegurar que cumplirán con el pago de sus compromisos internacionales con capitalistas, fondos de inversión y bancos de desarrollo ligados a los poderes que lo financian y controlan. La tarea del Fondo es hacer – dentro de este “mundo de paz y multilateralidad” surgido de la postguerra– lo que antes hacían los marines cuando secuestraban las aduanas: arrebatar la soberanía económica de naciones insolventes. Desafortunadamente países como este sólo pueden acceder a ventanillas de crédito y recibir inversión extranjera contando con el aval del FMI. Y como la necesidad tiene cara de hereje, República Dominicana se vio obligada a firmar un acuerdo Stand-by con el Fondo para contrarrestar los efectos de la crisis económica que se abalanzaba sobre el país. En ese acuerdo se estipula que –de inicio– el Gobierno manejaría un déficit fiscal de 3.6 por ciento del PIB, que para el año 2009 le otorgaba la discreción para endeudarse por unos 120 mil millones de pesos. Pero estalló la crisis de la deuda europea. Grecia, Irlanda, Portugal, España e Italia fueron languideciendo ante una deuda que les absorbía sus ingresos, al tiempo que sus otroras pujantes economías iniciaban un proceso de caída libre. La Unión Europea intervino y exigió políticas restrictivas como garantías para los paquetes de ayuda a los países en dificultad. El FMI, que es controlado por los países de la Zona Euro, también cambió su visión y sus políticas hacia el resto del mundo. A la República Dominicana se le empezó a exigir recortes brutales con una reducción del déficit en un uno por ciento anual en los 3 años siguientes. Nuestro país quedó condicionado a perder las valoraciones positivas de los organismos multilaterales y de las agencias calificadoras, por lo que debió acceder a las exigencias del Fondo asumiendo un enorme costo político. Pero el sacrificio se hizo, y tanto en el 2010 como en el 2011 se produjeron importantes recortes fiscales sin que ello afectara sustancialmente los programas sociales, haciendo un gran esfuerzo para aumentar los ingresos tratando de evitar consecuencias inflacionarias para los más pobres. Se mantuvo el Stand-by y con ello la estabilidad macroeconómica, las buenas perspectivas de inversión y el acceso a las ventanillas de crédito. Y así transcurrió todo hasta la sexta revisión del acuerdo, pero para la séptima ya el Fondo no sólo reclamaba que el Gobierno se mantuviera dentro de los parámetros del déficit, sino que exigía la liberalización de la tarifa eléctrica con un aumento –de entrada– en torno al 18 por ciento. Una petición inadmisible, no sólo porque se encuentra fuera de las atribuciones del FMI, que debe limitarse a velar porque el país se mantenga dentro de los márgenes de gastos acordados, sin importar dónde o cómo se gaste ese dinero, sino porque además un aumento de esa magnitud supondría un elemento inflacionario que afectaría considerablemente los precios de la canasta básica, el acceso al empleo y la capacidad competitiva de la industria nacional. En una correcta decisión, el Presidente Fernández y su equipo económico se negaron a aceptar esas exigencias del FMI. Y no sólo por una razón político-electoral –que también influye en este escenario– sino porque en una economía tan inelástica como la dominicana, cuando se producen aumentos como el de la electricidad, los precios afectados por el incremento en el costo de ese insumo jamás vuelven a su nivel anterior. Esa es la razón por la que el Fondo Monetario Internacional mantiene congelado el acuerdo con República Dominicana. Y es la causa de que Hacienda se viera precisada a colocar ahora los 250 millones de dólares en bonos soberanos autorizados para el presupuesto del próximo año. No fue para gastarlos ahora en campana política –no podría hacerlo aunque quisiera porque violaría la ley de presupuesto– sino para obtener condiciones favorables en el mercado de valores que pudieran perderse en caso de que el país no continúe dentro del acuerdo con el FMI. Esa es una posibilidad real, pues el presidente Fernández no tiene la intención de producir más aumentos de la electricidad en lo que queda de gestión, aunque ello conlleve la ruptura del Stand-by, muestra de lo cual es el sometimiento de una ley de readecuación de la tarifa técnica, que iniciará su aplicación a partir de agosto de 2013 y que contempla que los aumentos a la tarifa no pueden ser superiores al 1.5%, mensual. En medio de este impasse surge una nueva torpeza de la Comisión Económica del PRD que utilizando medias verdades pretende colocar a las autoridades en una situación comprometida al denunciar un supuesto “incumplimiento” con el FMI. Con semejante posición sugieren que Hipólito Mejía y su gente le piden al Gobierno que aumente la tarifa según las exigencias del Fondo, sin importar que la factura de los que pagan se vea sustancialmente incrementada. Esta pifia permitió al Gobierno tomar la ofensiva y explicar las razones del congelamiento del Acuerdo. El PRD quiso recoger beneficios electorales pretendiendo forzar a las autoridades a asumir una medida onerosa para las familias de medianos ingresos y para la clase productiva, evidenciando que poco les importa el bienestar de los dominicanos. Aspira, en cambio, a que el país se fastidie creyendo que de esa forma obtiene ganancias electorales. ¿Se puede ser más carroñero en el ejercicio político?
