¡Pánico, se puede exportar!

Una banda de ladrones, manipulando hábilmente a un grupo de adolescentes protegidos por el Código Procesal Penal, estructuró, en una sola noche, el operativo de sustracción de las tapas metálicas de las alcantarillas de la Ciudad Colonial, sin que, increíblemente, nadie se enterara de que se llevaban material tan pesado. Algo salió mal y la Policía los encontró antes de que las trasladaran al lugar de venta. Pocos días después ocurrió lo mismo en la zona oriental de la ciudad, con la diferencia de que estas sí se las llevaron. Casi simultáneamente, desde Santiago se reportó la sustracción de los cables que alimentan de energía a los semáforos de la ciudad, mientras que, en la ruta a la cárcel de Najayo, se llevaron kilómetros de cables que servían para darle servicio telefónico al precinto. Para colmo, la tumba de Caamaño fue saqueada. Ante estos y otros hechos similares, sospechamos que a los altos ejecutivos de las telefónicas del país les ha vuelto el temblor en las piernas, luego de la calma que les proporcionó la medida de la Dirección General de Aduanas, de prohibir la exportación de metales fundidos, ya que el relajito del robo les estaba costando a esas empresas sobre veinte millones de pesos anuales. Una acción está siempre asociada a otra. Si han vuelto a robar metales, es porque se han reactivado las empresas que los compran y funden. Si los compran, es porque han encontrado la manera de sacarlos del país y, si los pueden sacar, es porque su poder es tan grande, que han burlado la disposición oficial que lo prohíbe. Las telefónicas y las autoridades saben quiénes manejan el negocio de comprar metales robados, para luego fundirlos y exportarlos en furgones, con la mirada complaciente de quien debería frenarlos. Don Rafael Camilo, director de Aduanas, ha prometido control. Falta ver si será efectivo, porque no es nada fácil poner fin a esa lucrativa actividad ilícita que, además, hace gran daño a la inversión extranjera.