Una propuesta
Está claro que al problema del motoconcho hay que buscarle una solución, pues no es posible que continúe creciendo en el desorden con que nació. Sin embargo, no creemos que las medidas adoptadas por la AMET para ordenar ese peculiar sistema de transporte sean las mejores para solucionar la situación. Si bien es cierto que gran parte de los motoconchistas andan al margen de la ley, no menos cierto es que hay muchos que cumplen con todos los requisitos legales, que es ese el único medio con que cuentan para obtener el sustento de sus familias y que han resultado afectados con las medidas que, en no pocos casos, se aplica indiscriminadamente. Confiscar motores porque sus conductores no tienen casco protector o porque no portan matricula, seguro o licencia, no es la mejor vía para resolver el problema, habida cuenta de que luego muchos motores no aparecen o cuando se consiguen no son utilizables porque se les han sustraído piezas. Por eso proponemos a la AMET apresar a los motoconchistas infractores por 48 ó 72 horas o por algún periodo acorde con la infracción. En un país en el que las cárceles están repletas de delincuentes de todos clases, resultaría un castigo ejemplar que un hombre que se gana la vida honradamente se vea compelido a compartir una celda con violadores, criminales, pervertidos sexuales o sicarios. Además, de decidirlo así, AMET se libraría de las suspicacias ciudadanas que existen en torno al monto y destino final de las multas que aplica. Resulta irritante para el común de los ciudadanos comprobar cada día cómo militares de cualquier rango y rama andan en motores sin cascos y sin placa transitando por túneles y elevados ante la mirada indiferente de agentes de la Autoridad Metropolitana de Transporte. Y también resulta sumamente irritante que cada día decenas de vehículos tomen en contravìa calles y avenidas y ocupen las aceras sin que ninguna autoridad imponga la sanción merecida. El transporte en el país, en todo el país, hay que regularlo, hay que ordenarlo, pero la ley debe ser aplicada por igual a todos los conductores desaprensivos, sin importar que sean civiles o militares, sin importar que sean funcionarios o simples ciudadanos. Lo justo, lo legal es que todos seamos medidos con la misma vara.