Burbujas
Con un “El presente es aterrador, pero el futuro parece que puede ser peor porque hay tendencias que se replican de un país a otro”, Gonzalo Marroquín, segundo vicepresidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha hecho saltar la pus sobre la llaga. Fue en el foro de emergencia que realizó la asociación de dueños de medios de las Américas en Caracas, Venezuela, el pasado viernes, donde en general, la SIP alertó sobre la situación de la libertad de prensa en la región ante la persistencia de los casos de asesinatos de periodistas y de “persecución legal” a los medios. Marroquín afi rmó que en la región se están empleado diversas acciones para “reprimir a la prensa”, que incluyen “la violencia contra periodistas, la persecución legal, la aprobación de leyes restrictivas en materia de libertad de expresión; el uso y abuso de concesiones de frecuencias radioeléctricas y la publicidad estatal para premiar y castigar”. En República Dominicana, un intento por limitar la libertad de expresión ha querido ser puesto en marcha. Se trata de la propuesta del diputado Alfonso Crisóstomo, quien el pasado jueves presentó un proyecto de modifi cación de la Ley 200-04, o de Libre Acceso a la Información Pública, en la que se incluyen restricciones al derecho de la ciudadanía a exigir transparencia en el uso de los fondos públicos y la administración del Estado. Felizmente, el propulsor de la legislación, José Tomás Pérez, y un grupo importante de comunicadores además de representantes de diversas organizaciones de la sociedad civil, han llamado la atención sobre el peligro de esa iniciativa, y se han puesto a la vanguardia en la defensa de la libertad de expresión en el país. Una muestra más de que los dominicanos saben bien lo que les conviene.