Crisis internacional y respuesta nacional
La crisis económica es mundial. Ha sido desatada desde los mercados globales, pero tiene repercusiones particulares en cada nación. El incremento desmedido por la especulación financiera de los precios del petróleo; la crisis financiera de los Estados Unidos que se ha extendido a los demás bancos globales; los efectos de políticas erradas y factores climáticos en los precios de los alimentos, entre otros, han dado un carácter global e internacional a la actual crisis. Pero sus manifestaciones en cada país son distintas. Por ello, las respuestas son particulares y específicas en cada país. Las medidas anunciadas por el Presidente Fernández el pasado jueves 17 ponen el dedo en la llaga para el caso de República Dominicana. Nos enfrentamos a un vendaval de tendencias a incrementar la inflación, causar un desbalance en las finanzas del gobierno y, por tanto, descarrilar la estabilidad macroeconómica que tanto esfuerzo nos ha costado retomar. Por ello es necesario actuar. Como analizamos en un artículo anterior, ya las autoridades monetarias, el Banco Central, comenzaron a poner en ejecución medidas a proteger la estabilidad de precios y cambiaria. También afirmamos que estas medidas requerían ser complementadas con medidas similares en el campo fiscal. No pasó una semana sin ver los resultados. Las medidas anunciadas por el Presidente y, sobre todo, el ajuste del gasto en RD$20,000 millones, combinan una restricción en gasto y un fortalecimiento en gastos para proteger a los más débiles. El problema energético nacional, caracterizado de mejor forma por el hecho de tener que disponer de 36,000 millones para cubrir los déficit de un sector eléctrico ineficiente que provee un mal servicio y 13,000 millones para subsidiar el gas licuado de petróleo a amas de casa y transportistas, es el mayor drama de la República Dominicana. Casi 50,000 millones. Más que el gasto en educación y salud combinados. En el caso del sector eléctrico, en algún momento será necesario revisar la tarifa actual, que no se toca desde 2006. Ello no implica transferir costos a las capas medias y bajas de la población. Pero es necesario poner el dedo en la llaga. Un parque de generación basado en 68% en derivados del petróleo ha producido un retraso de la tarifa eléctrica de 40% en promedio. Por otra parte, la actual emergencia exige que se ponga fin al escándalo de lo que pasa con el llamado “Acuerdo de Madrid” firmado por el pasado gobierno de Hipólito Mejía. Algunos productores se han convertido en parásitos que viven de las transferencias que reciben del presupuesto del gobierno. Hay casos de productores con energía contratada bajo el Acuerdo de Madrid que no producen un kilovatio de electricidad, se lo compran a otro en el mercado mayorista, indexado al fuel oil, aunque usen otro combustible y reciben sumas millonarias. Por este lado, estimamos, que el gobierno pudiera ahorrar, de desmontarse el Acuerdo de Madrid, más de 300 millones de dólares. Consideramos que el Acuerdo de Madrid debe ser declarado en suspenso mientras dure esta crisis, al menos, o si no anulado por Ley del Congreso Nacional, ya que las pacientes negociaciones de la CDEEE sólo sirven a los que reciben sus beneficios para ganar tiempo y mantener el status quo. Por otra parte, el gobierno puede estimular el uso de energías alternas y más baratas dentro del paquete que anunció el Presidente. La oferta del presidente Chávez de construir, con fondos de Petrocaribe, una nueva facilidad de importación y regasificación de gas natural, y construir un gasoducto desde Santo Domingo hasta Haití, debe dársele todo el carácter y proceder a su más pronta concretización. La sustitución del uso de derivados del petróleo por carbón mineral y gas natural en la producción de electricidad debió comenzar ayer. Con inversión privada o con inversión pública. En la parte social hay otras medidas que en el mediano plazo pueden contemplarse a fin de complementar las medidas anunciadas por el Presidente. Una de ellas, y quizás la más importante, combinado con el propósito de proteger a los más pobres, es instituir, de forma progresiva, comenzando por las provincias más pobres, el Almuerzo Escolar. Con esta medida se puede incluir a más de un millón de niños y de paso, incentivar a que los padres envíen a sus hijos a la educación pública. En todo caso, las medidas nacionales para enfrentar una crisis internacional y global, más compleja que cualquier otra que haya afrontado el mundo y la República en particular, ya comienzan a tener respuestas, sin esperar el 16 de agosto. Los dominicanos podemos sentirnos tranquilos, aunque vigilantes, de que nuestro gobierno está caminando el camino correcto, y que todo se está haciendo para protegernos de los efectos combinados de esta crisis compleja que afecta a la humanidad.
