El gran retroceso de la UE

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Julio Ortega TousSanto Domingo

Francia tierra de asilo. Inglaterra país de las libertades individuales y del Habeas Corpus. Europa, tierra del Estado del Bienestar y de los gobiernos socialdemócratas. Continente de los derechos de los trabajadores, de los derechos humanos y de la gran revolución de 1789 en Francia. Pareciera que muchos de esos atributos comienzan a desmantelarse. No menos cierto es que Europa ha sido también la tierra del nazismo, del fascismo, del estalinismo, la trata de esclavos, el comercio triangular y de la expoliación y explotación más vil de los países colonizados, de inicios del siglo XVI hasta mediados del XX. Pero el cambio que está experimentando la política interna en los países europeos tiene porque alarmar a más de uno. La OIT logró establecer un acuerdo mundial que costó décadas de luchas, particularmente en Europa y Norteamérica: la jornada laboral de 8 horas al día y la semanal de 48. Desde la revuelta de los trabajadores de Chicago, signada por la matanza del 1 de mayo de 1886, hasta el histórico acuerdo de 1919 de la OIT y el Congreso de Versalles, la consigna famosa que movilizó a millones fue “8 horas de trabajo, 8 horas de ocio y 8 horas de sueño”. Recientemente una “directiva” de la Comisión Europea, que es algo así como el gobierno de la Unión Europea, estableció que los 27 Estados nacionales que la forman podían aplicar la jornada laboral de 60 horas semanales, es decir de diez horas diarias por seis días, y en casos “excepcionales” podría llegar a 78. Este es el mayor retroceso del mundo laboral desde 1919 y nos retrotrae a 1840, cuando el gobierno estadounidense estableció la jornada de diez horas de trabajo como máximo. Por otra parte, casi al mismo tiempo, la Comisión adoptó otra directiva sobre inmigración, ratificada además por el Parlamento Europeo, tradicionalmente más “político” y “progresista” que la CE. En Europa, dado los bajos índices de natalidad y los elevados salarios, desde fines de la Segunda Guerra Mundial hasta el presente, muchos países han basado su prosperidad y bienestar en masas de inmigrantes de las ex colonias, todos países pobres, y hasta de los propios países europeos del sur en una época ñespañoles, portugueses, griegos e italianos- entre otros. Desde hace unos 20 años los movimientos de ultraderecha culpan a esos inmigrantes de ser los causantes de todos los problemas que confrontan sus países y se ha desarrollado una xenofobia creciente. Esa histeria anti-inmigrante fue la que dio pie a la nueva “directiva” de la UE. La misma aprobó que los Estados nacionales puedan expulsar sin garantía legal alguna a todos los inmigrantes indocumentados. Apresarlos y retenerlos hasta un 18 meses sin acusación ninguna, e incluso repatriar a los niños y menores de edad a terceros países distintos a los que son originarios. ¿Derechos humanos? Para esta gente no. Con razón el Presidente de Ecuador, Rafael Correa, que tiene más de un millón de emigrantes ecuatorianos en Europa, le ha llamado la “directiva de la vergüenza”. En los casos más extremos, como el del nuevo gobierno italiano, se impulsa una reforma aún más radical, que convertirá la inmigración en un delito penal y se le podrá castigar al infractor hasta con cuatro años de cárcel. El último ataque frontal contra las libertades instituidas por décadas y siglos, son las nuevas políticas para “luchar contra el terrorismo”. Todos los Estados han autorizado a sus cuerpos de seguridad, y hasta los que no son suyos, a obviar los procesos judiciales y retener a los “sospechosos de terrorismo”, sin asistencia de abogados casi indefinidamente, incomunicados, como pasa en Inglaterra. Las normas que regulan los controles en los aeropuertos de la UE son secretas. Nadie las conoce y se puede hacer cualquier cosa. Incluso Suecia, país del “libertinaje”, se ha aprobado que todos los mails y las conversaciones telefónicas de los ciudadanos puedan ser intervenidas y escuchadas por los servicios secretos a su entera discreción, sin orden judicial alguna. Las cárceles clandestinas y los vuelos clandestinos “para luchar contra el terrorismo” han sido aceptados por todos los gobiernos. Ciertos opinan que esta tendencia se limita sólo a ciertas libertades individuales o de los inmigrantes, pero que no ponen en cuestionamiento el “llamado modelo social europeo”. Sin embargo, el conocido intelectual español Nicolás Sartorius, dirigente de la Fundación Alternativas dice que “estamos ante un retroceso clarísimo de los derechos sociales y ciudadanos”. Con la disminución del crecimiento económico, el efecto de la crisis financiera internacional y los aumentos de los precios del petróleo, la mayoría de los países de la Unión están entrando un período de desempleo masivo, inflación y bajísimo crecimiento, lo que pondrá mucha presión en los sistemas sociales vigentes. Esto es un hecho que debe ponernos a pensar a los dominicanos. Si no vamos a tener posibilidad de tener más emigrantes y más remesas que equilibren nuestra economía, y por el contrario, nos mandan miles que ya están fuera, no podemos tampoco ser más papistas que el Papa. ¿Qué queremos indicar con esto? Que sí los dominicanos debemos plantearnos seriamente un amplio programa de reducir la presencia de emigrantes ilegales en nuestro país y olvidarnos de los cantos de sirena que cada cierto tiempo nos acusan de “racistas” o “antihaitianos” y solo proceder según los mejores intereses nacionales.

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