El fallo v/s los intereses

No cabe duda, los fallos de Tribunales y Cortes mortifican a quienes hayan tenido que ver con sus resultados directos, ganando o perdiendo en sus pretensiones. Esto es siempre así porque los fallos tienen que resolver las cuestiones que les son sometidas como objetos de la operación judicial y, en la generalidad de los casos, los hechos y circunstancias dirimidos permanecen concentrados con una extensión circular cerrada y limitada a la suerte de los protagonistas del drama que sigue siendo el juicio de lo criminal. Res inter alias judicata. Sin embargo, otras veces ocurre que el fallo trasciende y se extravasa por sus significados al asumir consideraciones de principios que conciernen a intereses públicos más vastos y sensitivos. Un ejemplo impresionante de ello acaba de producirse con una decisión de la Audiencia Nacional de España, al condenar a miles de años de reclusión a tres imputados y a penas menores a una veintena de coimputados, así como pronunciando el descargo de un ausente, apodado El Egipcio, que está siendo sometido a apercibimiento penal en Italia. En efecto, El Egipcio se reputó, en principio, como el autor intelectual del hecho terrorista del 11-M de la Estación del Metro de Madrid, que fuera explosionada por el terrorismo con un saldo trágico de 192 muertos y millares de heridos. Es posible que los jueces que ordenaran su descargo llegaran a tener “el pálpito” de que se trataba de un “pez gordo”, pero, la prueba y su cadena de custodia se contaminaron, según parece, como para no servir de apoyo a una condena. El hecho es que las implicaciones del fallo han sabido ir más lejos, pues al centrar y definir la decisión sobre los imputados se estableció que el horror del 11-M fue obra del extremismo islámico, sin que aparecieran en el seno del fallo indicaciones de participación posible de ETA, la organización terrorista vasca. Todo ha ocurrido, de tal modo, que el fallo parece resolver una pugna política, sin proponérselo, muy sensitiva entre los dos partidos mayores de España. Preciso es recordar que a raíz del ataque terrorista, a tres días de unas elecciones generales, se advirtió claramente que el Partido Popular perdía las mismas como consecuencia del error de su gobierno de atribuirle el espanto, con una fijación tubular, a la legendaria organización terrorista del país vasco. Se dijo, desde la oposición socialista de entonces, que con ello se le mentía al pueblo por el temor de que se asociara el ataque a fuerzas radicales de la JIHAD, por la participación de España en la coalición que hace la guerra de Irak. El fallo judicial se ha visto como un vigoroso medio de prueba contra la tesis del partido popular, hoy en la oposición, cuando se está al borde de una nueva elección. Con ese fallo se está cometiendo la insolente injusticia de pretender juzgar desde la calle a los jueces que estuvieron millares de horas dedicados a las profundas y complejas averiguaciones del caso. Es algo parecido a lo que ha ocurrido aquí con el fallo del Caso Baninter. Desde luego, se hace necesario guardar las distancias que entrañan las características disímiles de los hechos juzgados. Aquí la mortificación brotó de la banca, asociada como entidad global de la nación. La misma Asociación de Bancos que tuvo la osadía o torpeza de proponer una terna de peritos a la Suprema Corte de Justicia, encabezada por alguien que ya detentaba la condición de ser parte de una administración ilegal del banco colapsado, cuya destrucción figuraba como fundamental agenda de la Autoridad Monetaria de entonces. Es decir, que aquella entidad que pretendía contaminar la necesaria imparcialidad, que es de la esencia de todo peritaje, y que se supo mantener presente en las prolongadas audiencias del juicio oral al través de la representación sesgada que hacían algunos abogados de la Autoridad reclamante de resarcimientos de daños, producidos primordialmente por la propia Autoridad, esa Asociación, repito, es la que ahora pretende criticar el fallo porque la aludió severamente. Es ahora cuando aparecen los falaces alegatos de pulcritud; no se intentó llevar la prueba en contrario de lo sostenido por los testigos y los propios Expertos del Panel del Fondo Monetario Internacional, a quienes ellos, como Asociación, no lograron convencer de su inocencia y ajenidad en las omisiones delictivas de la supervisión que prohijó todo un estado de cosas de malas prácticas generalizadas. Así no vale. Las auditorías asistidas que fueron realizadas por el Fondo Monetario Internacional y que obligaron a buscar la tolerancia y la prudente comprensión del nuevo gobierno electo para hacer una tarea de reestructuración y enmienda, todo ello fue materia de menciones probatorias del juicio, en audiencias abiertas y de puertas cerradas y era allí, en el juicio, cuando la Autoridad tenía que hacer valer sus arrogantes y torpes alegaciones que hoy hace por la prensa. No haberlo hecho así, sólo se explica porque la Autoridad no está en condiciones de hacer públicas esas auditorías asistidas, porque sabe exactamente que con ello desnudaría la realidad que teme. Ha preferido, como siempre, enroscarse en su vieja arrogancia. No. Tienen, ya, límites, sus excesos y perversidades. Han recibido un preaviso de que no van a contar con el aparato judicial como un vulgar preservativo de sus odiosas simulaciones y disimulaciones. Lo ha sentado así un tribunal de la República, obrando en su nombre. De manera que los falsos prestigios se pueden ir acostumbrando a que tienen fronteras sus despropósitos imperiales y que podrían ser atajados por fallos dimanantes de un poder público que mantuvieron mucho tiempo en catalepsia y que hoy parece salirle al paso en ocasión de satisfacer la inaplazable necesidad del estado de derecho, tan soñado y demandado por muchos de los que hoy lo impugnan, cuando se hace evidente su nacimiento y posible desarrollo. En verdad, parece ser que los gritos que se han dado frente a ese estado de derecho en ciernes son tan vacíos como los de las plañideras; sólo utilizables como un ardid, o un traje a la medida, para canalizar las peores deformaciones del quehacer público y pretender salir de ello nimbados por la gloria de los próceres.