Droga, Estado y juzgados especializados

1 de 2 A medida que transcurre el tiempo, así los años, el comercio ilícito de drogas se está convirtiendo en una inminente amenaza a la seguridad nacional e internacional, y es por ello, que los cultivos de la hoja de coca, de la cual se extrae el clorhidrato de cocaína, crece tanto en Bolivia, Perú y Colombia, como en Ecuador, Brasil, Venezuela y Panamá, lo que ha convertido a la producción y distribución de drogas en una fuente extensa y muy considerable de ingresos, siendo los mercados más lucrativos, el de Estados Unidos y Europa, pero el consumo, lamentablemente, se ha extendido a la República Dominicana en dimensiones preocupantes, ya que antes sólo éramos “puente del narcotráfico”, y hoy, somos “poderosamente consumidores”. Ante este fenómeno, son más los narcotraficantes que se acercan a nuestro país, no sólo a traficar drogas, tanto para el envío de estas a otros países como para la distribución a nivel local, lo que provoca que los niveles de drogodependencia se incrementen, sino que también realizan grandes inversiones económicas, tratando de integrar en el sistema económico legal dichos dineros, con la intención de dar apariencia de haber sido obtenidos en forma licita, tipificándose con ello el delito de lavado de activos, moviendo, en sentido general, grandes capitales que permiten a los “narcos” tener acceso a las más avanzadas tecnologías para realizar sus operaciones, a contratar los mejores abogados y procurar protección de las autoridades que persiguen y juzgan los delitos relacionados al narcotráfico, siendo cada vez más complejo el procesamiento de este tipo de delincuentes. Es por ello que se impone, que el Estado ponga en ejecución una “Estrategia Nacional” que impulse y promueva una revisión exhaustiva de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas en la República Dominicana y la Ley 72-02 sobre Lavado de Activos, que tenga como resultando la creación de la Ley sobre Drogas y Delitos Económicos, la cual instituya, de manera especial, no obstante la revisión de las penas, la sanción a la tentativa del tráfico de drogas, la conspiración y la creación de los juzgados penales especializados en narcotráfico y delitos económicos, permitiendo esto último que, los hombres y mujeres que sean designados para presidir estos juzgados, sean debidamente capacitados en el área especifica citada. Gustavo A. De Los Santos Coll