El Banco Central y la reforma constitucional

La autonomía y estabilidad de la política monetaria debería ser un tema central de la próxima reforma constitucional. En efecto, el trato otorgado tradicionalmente en Hispanoamérica a la banca central ha evolucionado profundamente en las últimas tres décadas. De entidades dependientes totalmente del gobierno central, fuente de financiamiento inflacionario al gasto público, los bancos centrales se han convertido en entidades casi totalmente separadas de las políticas de los gobiernos de turno. Esta renovada autonomía real, no en palabras, de los bancos centrales, ha sido clave para eliminar el financiamiento que los dominicanos llamamos inorgánico, y por tanto para sentar las bases de la estabilidad de precios y de las monedas nacionales. Es evidente que la política monetaria no puede someterse a los vaivenes de la política de gasto y la política fiscal de los gobiernos centrales. Pero tampoco la política fiscal debe ser una extensión de la política monetaria. Lo inverso es tan pernicioso como lo primero. La política monetaria tiene y debe mantener un objetivo central: control de la inflación. Al poner en el centro este objetivo, el banco central debe controlar otras variables como la política de crédito y costo del dinero, sus efectos sobre el tipo de cambio y la evolución de la balanza de pagos del país. Sin embargo, desde inicio de los años 1990, muchos programas de estabilización y anti-inflacionarios se basaron en controlar el tipo de cambio de la moneda nacional frente al dólar, incluso creando “bandas” de fluctuación, como el típico caso de la política cambiaria del gobierno de México durante la administración de Carlos Salinas de Gortari de 1990 a 1996. Paralelamente, Salinas de Gortari y su gobierno profundizaron la apertura comercial de la economía mexicana, con su pico representado por la firma de Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA) entre los Estados Unidos, México y Canadá. Además México, olvidando las grandes asimetrías y grados de desarrollo que le caracterizan, hizo su entrada en “el club de los ricos”, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Pero esa combinación fue fatal: apertura comercial repentina a las importaciones y control del tipo de cambio en una banda reprimida para controlar los precios. El resultado fue la creación de un enorme déficit en Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos, es decir, lo que mide la totalidad de las transacciones de ingresos y egresos de divisas con el exterior. Al momento de Salinas abandonar la Presidencia de la República, el déficit en Cuenta Corriente era enorme. Más de 8% de PIB y las presiones para “abrir la banda del peso” eran cada vez mayores. Cuando “la banda de fluctuación” fue abierta por el nuevo gobierno de Ernesto Zedillo sobrevino el desastre. La tasa de cambio pasó de 3 por 1 a un pico de 11 por 1, en unas pocas semanas. México se despertó atónito, y una de las conclusiones más importantes, entre otras, en medio de un colapso financiero, fue la necesidad de no atar la política monetaria a la política fiscal, ni la política fiscal a la política monetaria. Coordinarse, pero con autonomía de cada área. A partir de ese momento se pasó una ley que hizo totalmente autónomo al Banco de México, que es como se llama su banco central. Se estableció un periodo para el Gobernador de seis años inamovible. Se instituyó un Directorio de cinco miembros a dedicación exclusiva, por periodos también de seis años rotatorios, que determina la política monetaria con el único criterio de mantener baja la inflación y sanear el sistema financiero. El Banco de México no se inmiscuye en política fiscal de los gobiernos. Lo mismo había sucedido en Chile previamente, posteriormente en Venezuela, en algunos países de América Central es una tendencia creciente y en muchos otros países más de la región. El caso más emblemático es el de Chile, que en la Constitución votada al final de la dictadura de Augusto Pinochet, todavía vigente, se elevó a rango constitucional la prohibición del Banco Central de financiar al sector público. En otras palabras el BC no puede dar financiamiento al gobierno, no puede inmiscuirse en otros asuntos que el control de la inflación, de los agregados monetarios, del costo del dinero y la estabilidad del sistema financiero. Chile ha continuado esa tradición bajo los cinco gobiernos democráticos desde el fin de la dictadura en 1990. Por ello, el tema del estatuto del Banco Central y su función en la próxima reforma constitucional propuesta por el Jefe del Estado y en proceso de consenso y debate debe llevar consigo todo un capítulo sobre el Banco Central, el Régimen Monetario y la Moneda. La base de esa reforma es ampliar y fortalecer el nivel de autonomía del Banco Central. A pesar de importantes avances instituidos en la Ley Monetaria 180-01, y las modificaciones sugeridas por el FMI para profundizar la autonomía del Banco Central y de la Superintendencia de Bancos, creemos que nuestro Banco Central es todavía muy dependiente del Ejecutivo. No hay un Directorio de profesionales a tiempo completo. Todavía la Junta Monetaria es un órgano donde influyen intereses más allá de lo que la banca central demanda. Los escándalos de gestión de la crisis bancaria de 2002 y 2003 están impunes del lado de las grandes responsabilidades de los gobernadores, miembros de la Junta Monetaria, y de la Superintendencia de Bancos. Es una materia pendiente. El Banco Central requiere instituir la estabilidad del empleo de su personal y que todo ingreso sea por concurso por oposición. El BC todavía incursiona en áreas que no debería, a pesar de que se ha seguido un proceso muy positivo de “desmonte” de las responsabilidades “desarrollistas” del Banco Central, como es el traspaso de los fondos de desarrollo al BNV, el traspaso de la gestión de la deuda publica a Finanzas y el traspaso del Instituto de Tecnología Industrial al gobierno. Necesitamos un banco central con una autonomía real de rango constitucional. Que sus autoridades no cambien con cada gobierno. Que se establezca la rotación. Que los miembros de la JM sean profesionales a dedicación exclusiva. Más transparencia. En fin que sea el garante de la estabilidad de los fundamentos macroeconómicos del país. Eso debe estar en nuestra nueva Constitución, claramente establecido y respetado.