Genética o naturaleza

Gustavo Gandini, ingeniero agrónomo, toma en su mano un puñado de tierra y lo acerca a su nariz.

“Huele a vida”, dice orgulloso. Está en la finca piloto de la asociación de pequeños productores de Bananos Ecológicos de la Línea Noroeste (Banelino), que exporta actualmente 14 mil cajas de banano orgánico semanales.

Para junio de este año, antes de las inundaciones que afectaron la zona, exportaban 45,000 cajas cada semana. Entre dos hileras de matas de bananos, pequeñas hojas de maní forrajero cubren el suelo. Un poco más allá hay otra hilera de plantas de limones.

“Esto va en contra de todo lo que aprendimos cuando nos enseñaron producción de banano”, dice Gandini, experto en cultivos orgánicos.

La técnica de esta finca, conocida como siembra con cobertura, ofrece diversos beneficios: evita que crezcan otras hierbas y que el suelo se erosione con las lluvias, mantiene la humedad y crea un espacio para que proliferen insectos que controlan las plagas.

“Pero lo más importante es que en la raíz de esa planta (el maní) se fija una bacteria que le aporta 250 kilogramos de nitrógeno por hectárea por año al suelo, que es lo que necesita el banano”, afirma Gandini.

¿Y si le cae una plaga al banano?

“Tengo insecticidas biológicos a base de extractos de hongos y de plantas. También hay abonos hechos a partir de desechos orgánicos. Eso es biotecnología”, responde el experto.

El monocultivo, la siembra de una sola especie, naturalmente no existe y crea un desequilibrio. En la agricultura convencional ese desequilibrio se balancea con la aplicación de fertilizantes y herbicidas químicos.

La agricultura convencional, explica Gandini, es como un molino de viento: necesita insumos externos para girar (insecticidas, fertilizantes, maquinaria).

La agricultura orgánica, al contrario, trata de que nada entre de afuera, sino que todo se genere naturalmente, porque considera no sólo el factor económico de la plantación, sino también la parte ambiental, proteger la biodiversidad, y social, beneficiar a los pequeños productores y a sus comunidades.

“Es mucho más que no usar químicos. Es toda una filosofía”, asegura el ingeniero.

La primera exportación orgánica de República Dominicana se realizó en la década de 1980. Hoy nuestro país es el mayor productor a nivel mundial de guineos y de cacao orgánico, explica Juan Arthur, director del Programa Nacional de Agricultura Orgánica.

Según Arthur los productos orgánicos tienen por lo general un sobreprecio mínimo de un veinte por ciento por encima de los productos convencionales.

Pero su mayor ventaja es que se trata de un mercado que no tiene límites y que ha venido creciendo entre un veinte y un treinta por ciento anual. “Siempre hay mayor demanda de lo que se puede suministrar” afirma.

Según el Centro de Exportación en Inversión de República Dominicana (CEI-RD) en 2006 se exportaron aproximadamente 89.6 millones de kilogramos de productos orgánicos por valor de más de 33 millones de dólares.

Entre los productos exportados figuran: cacao, banano, tomates, pepinos, naranjas, ajíes, piñas, cocos y plátanos.

Muchos coinciden en que la República Dominicana se está posicionando como país-marca en el mercado internacional de los productos orgánicos.

Según sus defensores, una amenaza se cierne sobre este tipo de plantaciones: la posibilidad de entrada al país de cultivos transgénicos.

De manera oficial, en la República Dominicana no se siembran transgénicos, pues la Secretaría de Estado de Agricultura (SEA) no permite su uso ni importación.

El problema es que para saber si una semilla es transgénica o no “habría que hacer una serie de análisis que aquí no hacemos”, explica Enrique Comprés, encargado de la unidad de análisis de riesgo de plagas de la SEA.

Según las normas internacionales, todas las semillas transgénicas deben estar etiquetadas como tales.

“Los transgénicos todavía no nos pueden demostrar que conservaremos el medio ambiente y las especies nativas no serán contaminadas”, dice Susana Rodríguez, agrónoma dominicana.

Una ley de biodiversidad que estudia actualmente la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales regulará en el país todo lo relativo a los transgénicos. Se debate si ésta debe aprobar o prohibir su cultivo.

Al parecer, la ley sólo permitirá su uso en investigaciones. Andrea Brechelt, directora de la Fundación Agricultura y Medio Ambiente (FAMA) y presidenta del Cluster de Productores Orgánicos, considera que los transgénicos deben prohibirse por completo, pues permitir su entrada para uso científico sería una puerta abierta para que lleguen también semillas de cultivo.

Es un riesgo que, según Brechelt, el país no debería darse el lujo de tomar. “Ese tipo de cosas aquí casi no se controlan ni se revisan; puede ser que entren de manera masiva también para la siembra”, dice.

No todos piensan igual. Para Bernarda Castillo, directora del Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria (IIBI), la discusión entre trasnsgénicos y orgánicos está superada.

Asegura que técnicamente no se ha podido probar que una especie contamine a la otra.

“Eso era antes. Además, los cultivos que aquí se exportan son cultivos tropicales, como el mango y el aguacate, de los cuales nunca se van a introducir marcas transgénicas al país”.

La posición de la Fundación por losDerechos del Consumidor (FUNDECOM) es muy clara.

“No nos oponemos a que se investigue, pero los consumidores tienen derecho a estar informados para poder decidir el tipo de producto que desea consumir”, opina su presidenta “, Altagracia Paulino. De hecho, según Brechelt, el 80 por ciento de los productos alimenticios derivados de soya y maíz que llegan al país están elaborados a base de transgénicos. Además, el alimento para animales que se importa en el país también está hecho, en la misma proporción, a base de transgénicos.

Mientras la Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que “los alimentos géticamente modificados actualmente disponibles en el mercado internacional han pasado las evaluaciones de riesgo y no es probable que presenten riesgos para la salud humana”, hay organizaciones que los relacionan con el aumento de cáncer y nuevas alergias.

PROBLEMAS TRANSGÉNICOS

En las últimas décadas del siglo XX, la humanidad logró una proeza tecnológica: modificar genéticamente semillas vegetales para crear plantas a la medida. Algunos cantaron victoria en la lucha contra el hambre y celebraron la grandeza del genio humano.

Pero los llamados transgénicos, para muchos otros, sólo han venido a traer problemas: riesgos en la salud humana, daños al medio ambiente y dependencia económica de las casas que fabrican las semillas.

El informe “La imposible coexistencia”, elaborado por la organización ecológica Greepeace (greenpeace.org) denuncia los efectos socioeconómicos y ambientales que provocó la siembra de maíz transgénico en España, desde su aprobación en 1998.

La contaminación de cultivos convencionales y ecológicos con los transgénicos es un hecho, dice el informe: “La estrategia de la industria semillera es contaminar, generando una situación irreversible que elimine cualquier alternativa de cultivo”.

Un artículo del Centro para las Políticas Internacionales (CIP, por sus siglas en inglés) critica que la mayoría de los transgénicos no fueran desarrollados para incrementar el rendimiento o el valor nutritivo, sino para resistir herbicidas.

Según el texto, compañías como Monsanto, una de las mayores productoras de soya transgénica, aumentan sus ventas al ofrecer a los productores un paquete completo: la semilla y el herbicida fabricado por ellos.

Finalmente, los detractores de los transgénicos señalan que el hambre en el mundo no es un problema de producción, sino de distribución.

El Protocolo de Cartagena sobreBioseguridad (PCSB) es un tratado internacional que busca dar garantías a los países suscritos ante actividades que involucren la manipulación, transferencia y utilización de organismos vivos modificados. Dentro de éstos se encuentran los alimentos transgénicos.

Básicamente, el PCSB contiene normas para el movimiento transfronterizo de los organismos vivos modificados que serán introducidos al medio ambiente de forma intencional, aquellos que se introducen de forma ilegal o accidental, así como los que serán utilizados como alimento humano o animal, o para procesamiento y los destinados para uso en laboratorio.

El protocolo no aplica para productos farmacéuticos ni para alimentos procesados, ya que éstos no se consideran organismos vivos.

La República Dominicana es parte de ese convenio desde el año 1996, pero es en septiembre de 2003 cuando lo ratifica e inicia la creación de un marco de bioseguridad que busca crear la zapata que permitirá asumirlo de forma definitiva.

Este acuerdo es un instrumento previo, pero en realidad la posición del Estado frente a los alimentos transgénicos está contenida en la Ley de Biodiversidad que aún no ha sido aprobada.

Mientras se crea la ley, el país cuenta con el protocolo como instrumento jurídico para manejar los casos que se relacionen con el traslado de transgénicos.

Por el momento, acogiéndose al artículo 20, se creó el Centro de Intercambio de Información de Bioseguridad sobre Biotecnología, a través del cual deberán gestionarse, entre otras cosas, la importación de organismos genéticamente modificados.

Sobre el tema, el PCSB establece las siguientes especificaciones:

- La introducción de alimentos transgénicos destinados a la siembra de alimentos, el consumo animal o humano o para procesamiento, debe ser notificado al Centro de Información en un plazo de 15 días, poniendo a disposi ción de éste las leyes, reglamentaciones nacionales.

- Ante la ausencia de reglamentaciones nacionales (como es el caso de República Dominicana), el Centro de Información tomará la decisión de permitir la importación de alimentos transgénicos en base a una evaluación de riesgo que se hará en un plazo de 270 días. El tratado contiene una serie de procedimientos administrativos aplicables a los movimientos transfronterizos de este tipo de mercancía, basado en el llamado principio precautorio, que exige a las partes la notificación previa de estos traslados. Estas garantías reflejan el interés de los países de conservar su biodiversidad tomando en cuenta, además, los riesgos para la salud humana.