Presidenta de Perú insiste en que un adelanto de elecciones depende del Congreso
Dina Boluarte, presidenta de Perú. Archivo / LD
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, cuyo gobierno enfrenta ya dos meses de protestas masivas pidiendo su renuncia, insistió este martes en que es el Congreso el que debe resolver un posible adelanto de elecciones y que no dimitirá.
"La reflexión, creo yo, está en el Congreso, sobre todo en la Comisión de Constitución, quienes deben de analizar. Nosotros como gobierno tenemos que hacer gestión, tenemos que gobernar", dijo Boluarte a periodistas durante una visita a la sureña región Arequipa.
Sus declaraciones ocurren cuatro días después de que la Comisión de Constitución del Parlamento peruano bloqueó hasta agosto cualquier debate sobre un posible adelanto de los comicios para renovar al presidente y los legisladores, un clamor popular que sacude al país desde diciembre y que deja 48 muertos.
La decisión del Congreso mandó al archivo un proyecto de ley que envió la propia Boluarte y que planteaba que las elecciones generales se celebren en octubre próximo, casi tres años antes de la fecha prevista por las leyes peruanas en 2026.
La presidenta, que no se había manifestado hasta ahora tras el archivamiento del proyecto, sostuvo que no ha habido "ningún silencio" de parte de su gobierno. "No nos vamos a detener en esa situación", agregó.
Sobre la demanda popular que exige su renuncia, Boluarte alegó que "no es la gran mayoría" de peruanos la que la pide y que hacerlo no resolvería la actual turbulencia política.
"Mi renuncia no termina la crisis, mi renuncia no acelera absolutamente nada, ni siquiera el espacio de tiempo para poder convocar a unas elecciones adelantadas", afirmó.
La última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) y el diario La República, divulgada a finales de enero, reveló que 74% de los encuestados considera que la presidenta Boluarte debería renunciar.
El reclamo de adelanto electoral está marcando el gobierno de Boluarte, quien asumió el pasado 7 de diciembre tras la destitución del exmandatario izquierdista Pedro Castillo, encarcelado tras su fallido intento de disolver el Congreso y gobernar por decreto.
Las crecientes protestas, reprimidas por las autoridades, han llevado a la presidenta y a los parlamentarios a proponer varios proyectos de adelanto de los comicios, pero todos se han estrellado contra la falta de consensos entre ambos poderes.
En vista de ello, el periodo de mandato de la presidenta y los congresistas se mantiene por ahora en cinco años, que se cumplirán en 2026.