El nuevo proyecto de ley sobre inmigración, una apuesta de alto riesgo para el gobierno
El presidente de Francia, Emmanuel Macron (tercero por la derecha), flanqueado por el almirante Bernard Rogel (segundo por la derecha), preside el consejo semanal de defensa, en la sala Júpiter del palacio del Elíseo, en París, Francia, el 31 de mayo de 2017. Charles Platiau/Pool Photo via AP
El Consejo de Ministros aprobó este miércoles el proyecto titulado "Ley para controlar la inmigración y mejorar la integración". En 2022, Francia otorgó 320.000 nuevos permisos de residencia, en tanto que las primeras solicitudes de asilo sumaron 137, un incremento de 31%.
El proyecto de ley pretende facilitar los repartimientos de los inmigrantes a quienes no se les ha concedido un permiso de residencia, así como a aquellos que hayan cometido actos delictivos. Al mismo tiempo incluye una batería de medidas para favorecer el otorgamiento de permisos de trabajo a personas que se desempeñan en actividades consideradas "bajo tensión", en razón del desequilibrio entre oferta y demanda.
En materia de asilo la reforma quiere acelerar las expulsiones de aquellas personas cuyas solicitudes la justicia estime improcedentes, pero también “reducir de varias semanas” los plazos de decisión para favorecer a quienes se juzgue merecedores de ese estatuto.
En los últimos 40 años, Francia aprobó 29 leyes sobre migración. Esta es la 30, todas con objeto de restringir la llegada de inmigrantes. Un récord en Europa.
Para la derecha y la extrema derecha francesas esas cifras muestran que el gobierno promueve "las regularizaciones masivas" y que el país está siendo "invadido por extranjeros".
El gobierno del presidente Emmanuel Macron perdió la mayoría absoluta en el Congreso por lo que para aprobar su proyecto de ley migratoria precisa del apoyo de la derecha representada por Los Republicanos. Pero su principal dirigente, Eric Ciotti, conocido por sus posiciones extremas en materia de migración, juzga que el texto gubernamental es una bocanada de aire para la "regularización masiva".
En el otro lado de la palestra política la reacción también es de desaprobación. Las distintas fuerzas de izquierda estiman, no sin matices entre ellas, que el proyecto de ley para controlar la inmigración y mejorar la integración" tiene una vez más como eje la represión. Entre otras cosas destacan que la “desmaterialización sistemática de los trámites y lugares de cita para obtener documentos, sin real alternativa humana, es causa de obstáculos y constituye un impedimento para poder acceder al servicio público”.
Un desglose de las cifras sobre las demandas de asilo ayuda a comprender mejor el debate actual. De las 137.000 demandas de asilo presentadas el año pasado, la mayoría son de afganos, bangladesíes, turcos y de personas procedentes de la República Democrática del Congo (RDC). Es decir, países de origen muy diferentes al discurso al que suelen apuntar la derecha y la extrema derecha.