Ortega cumple amenaza de no dejar "piedra sobre piedra", según activista
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, está cumpliendo la amenaza que hizo un exfuncionario de su Gobierno de que no dejaría "piedra sobre piedra" en el país, dijo este jueves la titular del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez.
A juicio de Núñez, una veterana defensora de los derechos humanos, la crisis sociopolítica que vive Nicaragua desde abril de 2018 es el resultado de la amenaza que hiciera el exprocurador general de la República Hernán Estrada, que en las oficinas del Cenidh, en el 2008, advirtió que "bastaría un llamado del jefe de Estado, del líder político del Frente Sandinista, comandante Daniel Ortega, a su militancia y no quedaría piedra sobre piedra sobre ningún medio de comunicación" crítico.
"Si el comandante Daniel Ortega dispusiera llamar a las calles, no quedaría piedra sobre piedra sobre este país y sobre ninguna emisora y sobre ningún canal (de televisión), pero gracias a Dios no lo ha hecho por la sabiduría y la serenidad del gobernante que tenemos", dijo entonces el exprocurador, que renunció a su cargo alegando razones de salud en medio de la crisis sociopolítica.
CÁRCEL, EXILIO Y MUERTE
Según Núñez, esa amenaza se está cumpliendo bajo el argumento de que las manifestaciones antigubernamentales que estallaron en abril de 2018 dejaron "más de 300 asesinados en la impunidad" y decenas de miles en el exilio.
Además, observó que actualmente hay "más de 130 presos políticos, entre ellos precandidatos presidenciales, dirigentes sociales, empresarios, universitarios y campesinos", y que en el marco de la crisis se le ha cancelado la personalidad jurídica a 34 organizaciones no gubernamentales, incluido al Cenidh.
Asimismo, sostuvo Núñez, el líder del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) buscará una nueva reelección en las elecciones del 7 de noviembre con sus principales contendientes detenidos, impidiendo la participación de dos partidos opositores que fueron ilegalizados, y controlando la estructura electoral con lo que prepara "un fraude electoral".
"Condenamos el continuo incremento de la represión en Nicaragua", continuó Núñez, en un mensaje.
La veterana activista hizo esta declaración un día después de que la Asamblea Nacional (Parlamento), controlada por los sandinistas, cancelara la personalidad jurídica a 24 ONG, la mayoría asociaciones médicas que cuestionan el manejo y las cifras oficiales de la pandemia de la covid-19.
34 ONG HAN SIDO ILEGALIZADAS
Con esas 24 ONG, suman "34 asociaciones civiles destruidas en Nicaragua" y "el régimen Ortega Murilo violenta a todas luces el derecho a la libertad de asociación", señaló.
Sobre el cierre de las asociaciones médicas, Núñez dijo que esas "acciones perversas significan un ataque directo a la vida, están sentenciando a muchos pacientes a morir" y alertó sobre el mismo a la comunidad internacional.
En la víspera, el Parlamento canceló la personalidad jurídica a 24 ONG, en su mayoría médicas, por petición del Gobierno, a través del Ministerio de Gobernación, bajo el supuesto que han incumplido con sus obligaciones legales y estatutarias.
Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), así como organismos humanitarios locales, condenaron la ilegalización de esos 24 asociaciones.
La crisis de Nicaragua inició el 18 de abril de 2018 cuando estalló una revuelta popular por unas controvertidas reformas a la seguridad social y que luego se convirtieron en una exigencia de renuncia del presidente Ortega, debido a que respondió con la fuerza.
La misma vive momentos de tensión con el arresto de dirigentes opositores, incluido siete aspirantes a la Presidencia, cuando faltan menos de cuatro meses para las elecciones generales, en las que Ortega busca extender por cinco años más un poder que recuperó en 2007.