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Una ley otorga poderes especiales al gobierno israelí contra el coronavirus

Esta última anuló el martes un decreto del gobierno que ordenó el cierre de restaurantes para detener la epidemia.

El parlamento de Israel aprobó el miércoles una ley que le otorga poderes especiales al gobierno para combatir la pandemia de la covid-19 y genera enojo en la oposición.

La "gran ley del coronavirus", como se le denomina, autoriza al gobierno a "decretar el estado de emergencia debido a la pandemia de Covid-19, promulgar reglamentos y aplicar restricciones en el espacio público y privado". Todo ello si el Ejecutivo está "convencido de que existe un riesgo real de propagación del nuevo coronavirus que implique daños importantes para la salud pública".

Un total de 48 diputados votaron a favor y 35 en contra en la tercera y última lectura.

Según los medios de comunicación israelíes, la legislación limita el control parlamentario sobre las decisiones de la coalición gubernamental dirigida por el primer ministro Benjamin Netanyahu retirando los poderes de la comisión parlamentaria encargada de los temas relacionados con la lucha contra el nuevo coronavirus.

Esta última anuló el martes un decreto del gobierno que ordenó el cierre de restaurantes para detener la epidemia.

Después de largos debates en la comisión de las leyes, el texto votado en primera lectura el 15 de junio ha sido revisado y permite al Parlamento invalidar en un plazo de 24 horas las medidas restrictivas adoptadas por el gobierno antes de que se apliquen, y no después como estaba previsto inicialmente.

"En los países democráticos, no se votan leyes draconianas y peligrosas como esta", declaró Nitsan Horowicz, líder del partido opositor de izquierda Meretz.

La Knesset (parlamento) acepta otorgar sus poderes al gobierno que actúa sin juicio ni lógica desde el comienzo de la crisis, agregó. "Es una vergüenza".

El descontento se ha intensificado en las últimas semanas en Israel, con manifestaciones contra la corrupción y la gestión de la pandemia de Covid-19 y sus consecuencias.

En virtud de la ley, el gobierno también podrá fijar condiciones para organizar las manifestaciones, pero no impedirlas.