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CORONAVIRUS PANDEMIA

Medidas adoptadas por los países contra el coronavirus

La pandemia de coronavirus que azota al mundo ha llevado a los gobiernos a adoptar medidas extraordinarias, más o menos restrictivas, para contener o para paliar los efectos de la misma. En China, el primer país afectado por la epidemia y donde el 24 de marzo de 2020 se levantaban ya las restricciones para salir de la provincia de Hubei, epicentro de la pandemia, las autoridades chinas cerraron el 23 de enero a cal y canto y por sorpresa la ciudad de Wuhan y durante los días siguientes, la provincia de Hubei. Se decretó la reclusión de los 1.400 millones de habitantes chinos en sus casas; se adoptaron rigurosas medidas para el personal médico y se redujeron a la mitad los días necesarios para el diagnóstico de la enfermedad. Aunque el país va recuperando la normalidad, Wuhan seguirá cerrada hasta el 8 de abril y los ciudadanos del resto de la provincia que quieran viajar deben acreditar que están sanos mediante una aplicación en el teléfono móvil. Por el contrario, Corea del Sur, que no limitó los movimientos de sus ciudadanos y que llegó a ser la segunda nación más afectada por el virus, empleó el método que los especialistas consideran más eficaz: establecer desde el 20 de enero de 2020, día en que se informó del primer caso, una amplia red de diagnóstico coordinada por el Ministerio de Salud con el objetivo de detectar el virus en sus etapas tempranas y reducir la tasa de mortalidad. El 10 de marzo de 2020 se había testado ya a 202.631 personas, lo que supone más de 3.900 pruebas por cada millón de habitantes, el mayor volumen hasta ahora en el mundo desde que comenzó la epidemia. Pero para no bajar la guardia ante los buenos resultados, el Gobierno insta en las próximas semanas a "mantener dos metros de distancia en los centros de trabajo, evitar comer frente a alguien, evitar el uso de espacios comunes, abstenerse de ir a trabajar si se tienen síntomas e irse directamente a casa después del trabajo”. Italia, el país de Europa más afectado por la pandemia cuyos primeros y más numerosos casos aparecieron en las regiones de Lombardía y Véneto (norte), sigue ahora estrategias similares a Corea del Sur, y sus métodos para afrontar la epidemia, aunque cambiantes, se han vuelto ahora más restrictivos. Desde el 23 de marzo, y por decreto del Gobierno, se cierra toda actividad productiva no esencial en el país, se prohíben los desplazamientos a otros municipios, se prevén multas para los incumplimientos, así como inspecciones y la utilización de drones para controlar a la población. Como en Corea, Italia se propone ahora la realización de muchos tests para la detección de los contagiados, aunque con síntomas leves y de las personas con quienes contactaron. Al igual que Italia y China, España, el segundo país europeo más afectado por el coronavirus, ha limitado la circulación de las personas e impuesto las restricciones “más drásticas” de toda Europa, según el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, para frenar la propagación del virus. El estado de alarma decretado el 14 de marzo por el Ejecutivo español y ampliado posteriormente hasta el 11 de abril, restringe el movimiento de personas por todo el país, salvo por motivos excepcionales; establece el cierre de centros educativos a nivel nacional, al igual que de los comercios no esenciales y de espectáculos deportivos y culturales. “Quédate en casa”, es el consejo de las autoridades españolas a la población contra el coronavirus. La prohibición con “carácter inmediato” de eventos públicos y privados con más de 50 participantes y el cierre de locales, o fórmulas de reducción de jornada temporal por motivos coyunturales y con garantía de empleo, son algunas de las medidas adoptadas en Alemania contra el COVID-19, al igual que en el Reino Unido, donde el primer ministro británico, Boris Johnson, ordenó el pasado 20 de marzo el cierre de pubs, restaurantes, locales de ocio y centros de enseñanza de forma indefinida. Y mientras, en Estados Unidos el confinamiento obligatorio de los ciudadanos en sus viviendas afecta desde el 23 de marzo a unos 137 millones de personas, casi el 42 % de la población.