Chile niega uso de balines de acero en represión de manifestaciones
El Gobierno de Chile negó ayer el uso de "balines de acero" en la represión de manifestantes durante la ola de protestas que sacude al país y aseguró que ese tipo de munición no se encuentra en poder de sus fuerzas del orden.
Así lo aseguró el encargado de Derechos Humanos y Migración del Ministerio del Interior, Mijail Bonito, durante una ponencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que el Gobierno de Sebastián Piñera fue acusado de graves delitos contra los derechos humanos.
Bonito, que se encargó de representar al Estado junto al embajador chileno ante la OEA, Hernán Salinas, indicó que "los carabineros no usan balines de acero" y que la munición "no está en las fuerzas del orden público en Chile".
Sí confirmó el uso de "perdigones de goma" pero, agregó, "sólo contra manifestantes violentos".
El Estado chileno negó asimismo el uso de balines combinados de goma y acero, y atribuyó muchos de los heridos por esas municiones a que los propios manifestantes las hubieran empleado.
Frente a las graves acusaciones de violación de derechos humanos y de 197 heridos por trauma ocular, el Estado no tuvo una respuesta clara, pero aseguró a la Comisión que enviará la información pertinente.
La CIDH, que sesiona en Quito, celebró este lunes una audiencia especial sobre los violentos disturbios en Chile desde el pasado 18 de octubre, los más graves desde el retorno a la democracia en 1990 y que ya se han cobrado la vida de veinte personas -cinco de ellas a manos de las fuerzas de seguridad- y han causado miles de heridos y detenidos.
Bonito, que ofreció una detallada lista de las agresiones y destrozos de ciertos grupos violentos de manifestantes, pidió a los miembros de la Comisión salirse de la "grandilocuencia" de las denuncias y asumir el contexto que deben afrontar las fuerzas del orden en las manifestaciones.
"Dar un contexto no significa justificar alguna violación (en particular), significa darles la información necesaria para ser rigurosos en las opiniones que puedan existir, por eso estamos acá", se justificó.
Habló de ataques contra "infraestructuras críticas", daños a la propiedad pública y privada, y de 1.300 heridos entre las fuerzas del orden, a su juicio, lo que refleja "una violencia sin parangón" y "no manifestaciones pacíficas".
Al mismo tiempo, aseguró que el Gobierno investigará cualquier denuncia y comportamiento improcedente por parte de las fuerzas del orden, y dijo que se han abierto unas "300 investigaciones sumarias" en el cuerpo de Carabineros.
La audiencia estuvo marcada por una grave tensión entre las distintas ONG que solicitaron el amparo de la Comisión, los entes estatales autónomos de protección de derechos, de un lado, y la parte gubernamental, del otro.
En medio los relatores de una Comisión que no ahorraron críticas al comportamiento del Gobierno y de sus fuerzas del orden.
Una comisión de la CIDH visitará Chile en los próximos días para investigar los sucesos en ese país, confirmó la presidenta de esa organismo, Esmeralda Arosemena de Troitiño.