Continuarán investigaciones de abusos en iglesia chilena
La Corte de Apelaciones de Rancagua, en el sur chileno, rechazó ayer un recurso de protección de la Diócesis de Valparaíso contra un juez que autorizó allanar su sede porque no avisó con 48 horas de anticipación, como establece la ley.
El fallo permitirá que el fiscal regional de O´Higgins, Emiliano Arias, pueda reanudar las investigaciones que involucran a curas abusadores de menores y a obispos que presuntamente los encubrieron.
Arias es el persecutor que más casos ha tomado desde comienzos de año, cuando estalló el escándalo de abusos sexuales que hundió a la Iglesia de Chile en la peor crisis de su historia.
La Fiscalía Regional de Rancagua allanó el 13 de septiembre la sede del obispado de Valparaíso e incautó documentos sospechosos de contener denuncias de abusos a menores que no fueron presentadas a la justicia civil o relacionados con encubrimientos. Hasta hace algunas semanas, la Iglesia no estaba obligada a denunciar delitos sexuales a los tribunales civiles.
La Corte dijo en su fallo que la petición del Ministerio Público para el allanamiento tenía fundamento y que se omitió el aviso previo "con el fin de impedir la destrucción u ocultamiento de cualquier tipo de evidencia, aprehensión que encontraba sustento en la existencia de redes de protección y en la negativa de la Iglesia Católica de entregar los antecedentes requeridos".
El organismo agregó que no hay acciones del juez o la fiscalía que puedan considerarse un "acto arbitrario y/o ilegal", indispensable para acoger un recurso de protección y el congelamiento de las acciones de la fiscalía.
Durante el allanamiento se halló información con la que antes no se contaba, por ejemplo, una carta del arzobispo de Santiago en 2009, Francisco Javier Errázuriz, dirigida al entonces nuncio Giuseppe Pinto, en la que le admite que no ordenó interrogar a Fernando Karadima, el peor cura pedófilo de la Iglesia Católica chilena, "por respeto", pues formó a 45 sacerdotes y cinco obispos.
El prelado agregó que tras preguntar al obispo Andrés Arteaga sobre Karadima, resolvió cerrar un caso y desechar las denuncias de las tres víctimas públicas de éste, condenado a una vida de penitencia y oración y expulsado del sacerdocio el 28 de septiembre pasado.
Un juez desechó en 2017 una demanda civil con la que los tres denunciantes públicos de Karadima querían probar que el Arzobispado capitalino encubrió los abusos que sufrieron. Sin embargo, apelaron y la semana pasada presentaron la carta a un tribunal como prueba del encubrimiento. Se espera que próximamente haya un pronunciamiento de la justicia sobre el caso.
Según informó el fiscal Arias, en el allanamiento se encontró otra carta del 13 de diciembre de 2016 en la que una madre de dos adolescentes denunciaba presuntos abusos del cura coreano Pablo Park. El documento ingresado por Arias a la Corte de Rancagua agrega que una investigación al interior de la Iglesia determinó la inocencia de Park.
Arias agregó que la mujer informó inicialmente al obispo Fernando Ramos, secretario de la Conferencia Episcopal, obispo auxiliar de Santiago y actual administrador apostólico de Rancagua en reemplazo del titular, cuya renuncia fue aceptada por el papa.
Ante la falta de resultados la madre mandó la misiva al obispo de Valparaíso, Gonzalo Duarte, cuya renuncia también fue aceptada por Francisco, pero tampoco tuvo respuesta.
Aún sería posible que salgan a la luz nuevos casos de abusos, pues la fiscalía ha realizado más de una decena de allanamientos a recintos de la Iglesia mientras el fiscal nacional, Jorge Abott, afirma que la jerarquía católica no colabora con la justicia.