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Grito contra impunidad se eleva junto a Romero a los altares en El Salvador

Foto Por Archivo EDH

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El grito contra la impunidad por el asesinato de monseñor Óscar Arnulfo Romero y los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la guerra civil en El Salvador (1980-1992) se elevó ayer de la garganta de cientos de manifestantes para compartir los altares junto al obispo mártir, que será canonizado el domingo.

La columna de activistas de derechos humanos, feligreses y familiares de desaparecidos durante la guerra civil (1980-1992) serpenteó por las principales calles de San Salvador y el eco de sus consignas resonó en varios sitios en los que corrió la sangre en antaño.

"Tu pueblo te hizo santo y pide justicia", gritaron los caminantes ataviados con camisas y pañoletas con el rostro del beato salvadoreño, que también se multiplicó en pancartas y afiches con su nombre y mensajes.

José Lazo, de la organización Pro-Búsqueda, dijo a Efe que la marcha se dio "en el marco de la alegría de la santificación" del "pastor mártir" de El Salvador, pero que también serviría para recordarle a la Justicia y al Estado sus "deudas".

"Es una vergüenza el tener un santo universal que encabeza la lista de víctimas de la represión del conflicto armado que no han tenido justicia en este país" y "su caso es un emblema de la impunidad", señaló Lazo.

"La voz de lo sin voz", como es conocido el religioso, fue asesinado por un francotirador de un comando armado de la ultraderecha el 24 de marzo de 1980, la causa penal fue cerrada en 1993 y hasta mayo de 2017 un juez instructor ordenó su reapertura.

Las cuentas del rosario de arbitrariedades del Estado salvadoreño son varias, según el ombudsman salvadoreño en funciones, Ricardo Gómez, y van desde el rechazo de la declaración del chófer del vehículo que transportó al francotirador hasta la falta de una orden de captura contra el supuesto autor intelectual, Roberto D'Abuisson.

"Tras su ejecución extralegal, las diversas instituciones públicas encargadas de la investigación del delito en el país se concertaron para que esa grave violación al derecho a la vida quedase impune y no se conociera desde el ámbito forense a los autores materiales e intelectuales", señaló Gómez en una resolución que fue leía en la marcha.

Los "romeristas" comenzaron su marcha desde la Plaza al Divino Salvador del Mundo, donde Romero fue beatificado en mayo de 2016 ante miles de personas, y se dirigieron hacia la sede del Tribunal Cuarto de Instrucción.

Pero los marchantes no solo pidieron por la causa del obispo, llamado desde hace muchos años "San Romero de América", sino que clamaron por los desaparecidos y ejecutados antes y durante la guerra civil.

Mujeres y hombres, la mayoría con el paso lento por los años vividos, llevaban junto al rostro de Romero fotografías de desaparecidos, que según diversas fuentes fueron entre 8.000 y 10.000.

"Dame una luz, ayuda a encontrar desaparecidos, porque está prohibido dejarlos en el olvido", sonaba una canción por los altavoces.

La columna solo se detuvo en el sitio donde fueron masacrados varios estudiantes universitario en 1975 por las fuerzas de seguridad para honrar su memoria y cerca de la sede de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), fundada por D'Abuisson.

"Aquí están, estos son los que mataron a Romero" y "¿quién mató a monseñor Romero?: D'Abuisson el escuadronero", gritaron los manifestantes, en referencia a los escuadrones de la muerte que supuestamente fundó el exmayor del Ejército.

La marcha llegó hasta el Centro Judicial Isidro Menéndez, que alberga a los tribunales de San Salvador, y una grupo de representantes ingresó para entregar al juez que abrió la causa, Rigoberto Chicas, un escrito.

Wilfredo Medrado, de Tutela Legal "María Julia Hernández", que es parte querellante en el caso, señaló que entre las peticiones que el juez Chicas debe resolver se encuentra la de solicitar una difusión roja a la Interpol contra el capitán Álvaro Saravia.

En mayo de 2017, Chicas anuló el sobreseimiento decretado el 31 de marzo de 1993 de la causa contra Saravia, el único procesado por el magnicidio y con paradero desconocido.

También señaló que han propuesto al juzgador, quien "ha manifestado que dará su resolución después de la canonización, una "reconstrucción de los hechos con nuevas investigaciones y nuevos testigos".

La Comisión de la Verdad de la ONU, que investigó los crímenes de guerra, acusó a D'Aubuisson en un informe de 1993 de ordenar el magnicidio.

Dicho informe también señala que en la planificación y ejecución del asesinato participaron, además de Saravia, el capitán Eduardo Ávila, así como Fernando Sagrera y Mario Molina, entre otros.

"No se puede permitir que en este caso, como en los miles del conflicto armado, la impunidad siga campeando, y vamos a seguirle recordando al Estado salvadoreño la deuda que tiene con las víctimas", sostuvo el activista Lazo.

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