El BID y 12 países evalúan represalias contra Ortega

El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno, y los 12 países del Grupo de Trabajo sobre Nicaragua de la Organización de Estados Americanos (OEA) se reunieron el jueves para evaluar represalias económicas contra el Gobierno del presidente nicaragüense, Daniel Ortega.

El vicecanciller peruano, Hugo de Zela, explicó ayer a Efe que la reunión tenía un carácter “exploratorio” y estuvo destinada a “analizar” diferentes posibilidades que podrían concretarse en el Directorio Ejecutivo del banco, responsable de aprobar las propuestas de préstamos y garantías.

“Se está considerando tomar medidas económicas, todavía no se ha definido exactamente cuáles, ese es un tema que tiene que discutirse en el Directorio del BID”, afirmó.

El vicecanciller confirmó que EE.UU. ha mencionado la posibilidad de que el BID congele los préstamos a Nicaragua.

La última vez que el banco congeló temporalmente los desembolsos a un país fue en 2009, después del golpe de Estado en Honduras que depuso a Manuel Zelaya como presidente.

El embajador estadounidense ante la OEA, Carlos Trujillo, explicó a la prensa el pasado 12 de septiembre que Washington quiere asegurarse de que el dinero del BID no se utiliza para “pagar a paramilitares o policías que están abusando del pueblo nicaragüense”.

Repercuciones económicas

En un mensaje en Twitter, Trujillo aseguró ayer que el encuentro con el BID fue “genial” y versó sobre “repercusiones económicas de la crisis nicaragüense”, sin ofrecer más detalles.

El directorio ejecutivo del BID, donde están representados sus 48 integrantes, tiene la última palabra para suspender los desembolsos a un Gobierno prestatario y, hasta ahora, esa cuestión relativa a Nicaragua no ha sido discutida, dijo ayer Efe uno de los portavoces del organismo.

Los 12 países que componen el grupo sobre Nicaragua, que nació el 2 de agosto, son Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guyana, México, Panamá y Perú.

Las protestas contra Ortega comenzaron el 18 de abril por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide su renuncia, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso de poder y corrupción.

Lea la historia completa en _Chilenos )) Dos más (EFE) Ciudad del Vaticano

El papa Francisco aceptó ayer la renuncia de otros dos obispos chilenos, el de San Bartolomé de Chillán, Carlos Pellegrín Barrera, y el de San Felipe, Cristián Contreras Molina, tras el escándalo de los casos de abusos a menores por parte de religiosos y la falta de transparencia.

El pasado mayo, el papa Francisco mandó llamar a 34 obispos chilenos al Vaticano y estos presentaron sus renuncias en bloque tras reconocer que habían cometido “graves errores y omisiones”, y desde entonces el pontífice ha aceptado la dimisión de cinco de ellos.

Asimismo, el Vaticano también informó de que, mientras se encuentran nuevos obispos, Francisco nombró como administrador apostólico de San Bartolomé al padre Sergio Pérez de Arce Arriagada, hasta ahora rector de la iglesia de los Sagrados Corazones de Valparaíso.

Mientras que en San Felipe nombró como administrador temporal a Jaime Ortiz de Lazcano Piquer, hasta ahora vicario judicial del Tribunal Eclesiástico de Santiago. Sobre ambos obispos retirados definitivamente de sus funciones ayer por el papa han vuelto a recaer recientemente nuevas acusaciones de abusos sexuales a menores.

Se trata del tercer decreto del papa Francisco tras aceptar la renuncia de los obispos de las diócesis de Rancagua y de Talca el pasado 28 de junio.

El 11 de junio aceptó las de los obispos de Osorno, Juan Barros; de Valparaíso, Gonzalo Duarte García de Cortázar, y de Puerto Montt, Cristián Caro Cordero, estos dos últimos mayores de 75 años.

Algunas de las víctimas de los abusos por parte del clero chileno esperaban que se agilizase la operación de limpieza en la Iglesia Católica en Chile.

El pasado enero, el papa Francisco viajó a Chile y en su periplo realizó una muy criticada defensa al obispo Barros, considerado uno de los encubridores del cura Fernando Karadima, condenado en 2011 por la Justicia canónica a una vida de reclusión y penitencia por violaciones y abusos sexuales a menores y las ramificaciones del caso.

A su vuelta al Vaticano, ordenó realizar una investigación sobre los casos, tras la que tuvo que pedir perdón y declarar que había sido mal informado.

A principios de mayo, el papa recibió a Juan Carlos Cruz, James Hamilton y José Andrés Murillo, tres víctimas de Karadima que en los últimos tiempos han luchado para que se haga justicia.

Este mes, Francisco volvió a abrir las puertas de su residencia, Casa Santa Marta, para reunirse con otro grupo de víctimas de Karadima en su infancia. EFE

uiza ha devuelto a sus países de origen en los últimos 30 años unos 2.000 millones de dólares procedentes de la congelación de acSalinas de Gortari (1988-1994). No obstante, aún hay varios casos _Brasil)) Corrupción (EFE) Washington

El vicefiscal general de EE.UU., Rod Rosenstein, propuso en 2017 activar el mecanismo que habría permitido deponer al presidente, Donald Trump, según un artículo publicado hoy por “The New York Times”, y algo a lo que el propio implicado ha rechazado como “incorrecto”.

Rosenstein, que ha sido ampliamente criticado por Trump y que es el responsable de vigilar a la fiscalía especial de la investigación de la trama rusa, propuso el pasado año grabar en secreto al mandatario en la Casa Blanca y sugirió convencer a miembros del Gobierno para aplicar el proceso de deposición.

El vicefiscal no tardó en responder a la afirmación y emitió un comunicado minutos más tarde de conocerse la noticia.

“El artículo del New York Times es impreciso e incorrecto en cuanto a los hechos. No voy a comentar más sobre una información basada en fuentes anónimas que están obviamente motivadas políticamente contra el departamento y que quieren imponer su propia agenda”, rechazó Rosenstein en un escrito difundido por el Departamento de Justicia.

El mecanismo en cuestión es la Enmienda 25 de la Constitución, por la que se puede deponer a un presidente por considerarlo incapaz de ejercer el cargo y que implica que el vicepresidente tome el mando tras conseguir el apoyo de dos tercios del Senado.

El número dos de Justicia también precisó que no cree que Trump esté incapacitado.

“Déjenme ser claro: basándome en mis contactos con el presidente, no hay base para invocar la enmienda 25”, incidió Rosenstein.

Las declaraciones del vicefiscal a las que se refiere el “The New York Times” se habrían producido cuando el presidente despidió al director del FBI, James Comey, en mayo de 2017, supuestamente tras pedirle “lealtad” para “dejar ir” una investigación contra un cargo de Trump, según la versión del propio exdirector del buró.

La noticia, rechazada por Rosenstein, se enmarca en un contexto en el que éste ha sido fuertemente criticado por el presidente por cómo ha gestionado la supervisión de las pesquisas de Robert Mueller, el fiscal especial de la trama rusa sobre supuestos contactos de la campaña de Trump con el Kremlin en las elecciones de 2016.

La información sobre Rosenstein, que sería el encargado de un posible despido a Mueller, llega en un momento en el que la investigación parece avanzar significativamente tras conseguir la cooperación del exjefe de campaña de Trump, Paul Manafort, y haber terminado de explotar la colaboración con tres de los imputados. EFE jpb/afs/dsc

l asesor especial de la Presidencia de Brasil José Yunes renunció ayer a su cargo salpicado por denuncias de corrupción que han sido atribuidas a exdirectivos de la empresa Odebrecht, informaron fuentes oficiales. En la carta que entregó al mandatario Michel Temer, difundida por la oficina de prensa de la Presidencia, Yunes dice que dimite para “preservar” su “dignidad” y “mantener encendida la llama cívica” que le hace “creer en los inmensos potenciales del país”.

Según informaciones obtenidas por la prensa local, Yunes fue implicado en asuntos de financiación ilegal de campañas asociados a la red de corrupción que operaba en la petrolera estatal Petrobras por un exdirectivo de Odebrecht que colabora con la Justicia y que en su testimonio también ha salpicado al propio Temer.

De acuerdo con esas informaciones, el exdirector de Relaciones Institucionales de Odebrecht Claudio Melo dijo que Temer pidió a la empresa 10 millones de reales (unos 3 millones de dólares) para la campaña de 2014, en la que era compañero de fórmula de Dilma Rousseff, destituida en agosto pasado.

y a quien sustituye desde entonces.

En la carta de renuncia que entregó a Temer, Yunes reconoce que decidió abandonar el Gobierno por esa denuncia, que rechaza en forma enérgica y califica de “abyecta”.

El propio Temer ya ha negado esas acusaciones, que además han salpicado a dos de sus más influyentes ministros y a decenas de políticos que en su mayoría pertenecen a partidos de su amplia base parlamentaria.

Sin embargo, el diario Folha de Sao Paulo afirmó hoy, según unas informaciones que obtuvo con fuentes de la investigación, que las acusaciones contra Temer fueron confirmadas por el expresidente de la constructora Marcelo Odebrecht, quien al igual que cerca de 80 exejecutivos de la empresa colabora con la Justicia.

Según Folha de Sao Paulo, Odebrecht confirmó en su totalidad el testimonio de Melo y ratificó que el propio Temer solicitó el dinero para la campaña del hoy gobernante Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que en esa época presidía.

Otro de los salpicados por la declaración prestada por Melo ha sido el secretario a cargo del plan de privatizaciones del Gobierno, Wellington Moreira Franco, sobre cuya posible renuncia conjeturaba hoy la prensa local.

Sin embargo, Moreira Franco salió al paso a esas hipótesis con una breve nota oficial en la que afirmó que está “dedicado” a sus tareas habituales en el Gobierno. “No abandono las luchas cuando creo en ellas”, aseguró.

_Diferencias )) Potencias (Agencias) Washington

El secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, acusó ayer a China de “diezmar” las creencias religiosas de la minoría étnica uigur, de confesión musulmana, y que habita en la provincia de Xinjang, en el noroeste del país.

“Cientos de miles, y posiblemente, millones de uigures son retenidos contra su voluntad en los llamados campos de reeducación, donde son forzados a soportar severos adoctrinamientos políticos y otros terribles abusos. Sus creencias religiosas están siendo diezmadas”, afirmó Pompeo en un acto en Washington.

El funcionario se refería a los campos donde el Gobierno chino supuestamente recluye a la miembros de la minoría uigur, a quienes obliga a comer cerdo o beber alcohol como método de presión psicológica, según denuncias de varias ONG, como CHRD (siglas en inglés de Defensores Chinos de los Derechos Humanos).

Pekín rechaza tajantemente la existencia de esos campos de reeducación en la provincia de Xinjang, y niega que los uigures sean víctimas de desapariciones forzosas o de restricciones para profesar su religión, como denuncias organizaciones defensoras de los derechos humanos.

Xinjiang vivió en 2009 graves revueltas de uigures contra “colonos” de la etnia han (mayoritaria en China), y en torno a 2013 una cadena de atentados en el país se ligó a grupos yihadistas que reivindicaban la independencia en esa región del noroeste del país, que grupos separatistas denominan Turquestán Oriental.

La región tiene gran importancia estratégica para China, al poseer importantes reservas de gas natural, petróleo y otros recursos naturales, además de ser un lugar de paso de futuros proyectos de infraestructura que enlacen el país con el resto de Asia, bajo el paraguas de las llamadas Nuevas Rutas de la Seda. EFE bpm/rg/cav

l ministro de Economía Luis Céspedes mostraba una enorme sonrisa cuando llegó hasta sus brazos una muñeca inflable de tamaño natural que en la boca llevaba un letrero -”Para estimular la economía”- y el precandidato presidencial del oficialismo aplaudía con entusiasmo a sus espaldas.

Por su parte, Guillier declaró: “Uno se ríe porque está descolocado, pero todos tenemos conciencia que fue una metida de pata que hemos lamentado pidiendo las excusas del caso”.

Tras la entrega de la muñeca, políticos y empresarios aún reían y posaron para las cámaras, pero tiempo después las redes sociales estallaron en críticas que señalaron lo sexista del regalo.

Céspedes recibió la muñeca de manos de Roberto Fantuzzi, líder de los empresarios exportadores de productos manufacturados que es reconocido por la creatividad de los regalos que ofrece en la cena de fin de año a la que asisten políticos y empresarios.

La presidenta Michelle Bachelet se sumó a la molestia y en su cuenta de Twitter escribió: “la lucha por el respeto a la mujer ha sido un principio esencial en mis dos gobiernos. Lo ocurrido en la cena de Asexma no se puede tolerar”. “Pienso que más allá de pedir disculpas, demuestra que en Chile todavía hay machismo y hay sexismo y en algunos casos, hasta misoginia”.

, agregó más tarde la mandataria. En Chile es una tradición que el líder de la Asociación de Exportadores de Productos Manufacturados (Asexma) haga regalos poco convencionales a sus invitados ópolíticos y hombres de negociosó pero nunca había despertado el rechazo generalizado como ahora. Céspedes se disculpó el miércoles por su actitud. Como muestran las fotografías divulgadas en redes, no tuvo reparos en reír y posar para las cámaras. Lo mismo hizo José Miguel Insulza, exsecretario general de la OEA, y Guillier, un periodista que busca una candidatura presidencial independiente al alero de la coalición oficialista de Bachelet. “Lamento y rechazo lo ocurrido ayer”, señaló Insulza. El otro precandidato presidencial oficialista a los comicios de noviembre de 2017, Ricardo Lagos, publicó en su cuenta de Twitter: “El regalo de (hash)Asexma es una falta de respeto y ofensivo para todos los chilenos. Se atacó la dignidad de la mujer y eso es inaceptable”. Por último, el aspirante de la derecha, el expresidente Sebastián Piñera, escribió que lo sucedido “refleja una vulgaridad y ordinariez inaceptable”.