Supremo de EE.UU. evalúa dividido el caso de aborto más importante en 20 años

El Tribunal Supremo de EE.UU. evaluó ayer uno de los casos sobre aborto más importantes de las últimas dos décadas y que puede cambiar la interpretación del derecho de la mujer a poner fin a su embarazo, permitido en todo el país, en una sesión marcada por la diferencia de posiciones de los jueces.

En la sesión participaron los jueces más progresistas, entre ellos Ruth Bader Ginsburg, Elena Kagan y Sonia Sotomayor, y los conservadores John Roberts, presidente de la corte y más neutral, y Samuel Alito.

La muerte hace tres semanas del magistrado conservador Antonin Scalia dejó al Tribunal Supremo con ocho jueces, por lo que los analistas apuntan a una decisión ajustada, en la que la posición del magistrado Anthony Kennedy puede ser determinante.

Los jueces analizaron ayer una ley de Texas promulgada en 2013 que exige a las clínicas de aborto cumplir con los mismos estándares quirúrgicos que los de un pequeño hospital y, además, que sus médicos tengan unos privilegios de admisión en un hospital que esté a menos de 48 kilómetros de donde se ubica el centro para abortos.

"Estos requisitos son innecesarios y tienen como objetivo dificultar el aborto", afirmó durante la vista Stephanie Toti, abogada que representa a los grupos de mujeres demandantes, entre ellos el Whole Woman's Health.

Frente a los jueces, Toti afirmó que la legislación ha ocasionado el cierre en Texas de 22 de las 41 clínicas abiertas antes de la ley, lo que castiga a las mujeres más pobres que no pueden costearse viajes de cientos de kilómetros para pagarse un aborto, permitido en EE.UU. desde 1973.

En defensa de los demandantes salió la jueza Sotomayor, la primera latina del Supremo y quien preguntó al abogado de Texas Scott Keller sobre la situación de la clínica de McAllen, en el valle del río Grande, fronterizo con México y predominantemente hispano.

"Es la única clínica en el área, había cuatro doctores en la clínica, no han conseguido privilegios de admisión y el único que puede trabajar es un doctor a punto de jubilarse. ¿Me puede explicar por qué ese doctor tiene que trabajar como un esclavo para poder dar abortos a todas las mujeres de ese área?", clamó Sotomayor.

Frente a las críticas de los jueces progresistas, el representante del estado de Texas afirmó que la ley pretende proteger la salud de las mujeres al asegurarse de que los centros tienen los recursos para hacer frente a cualquier complicación.

Para apoyar la postura de Texas, el juez Alito, considerado conservador, dijo que no le parecía tan descabellado que una enfermera de un centro abortivo tuviera un certificado de primeros auxilios, como requiere la ley.

Este es el caso sobre el aborto con mayor repercusión pública que llega al Tribunal Supremo desde 1992.

La decisión en junio de los jueces puede afectar no solo a Texas, sino también a una veintena de estados con leyes similares y que pueden verse obligados a revertir su legislación de darse un fallo en su contra.