Arresto a militares cambia perspectiva

Mientras gritaban lemas y ondeaban pancartas en protesta por los altos precios de la electricidad, miles de indígenas inermes bloqueaban una carretera en el oeste de Guatemala. Llegaron dos camiones de soldados y se escucharon disparos de armas de fuego. El saldo: ocho manifestantes muertos y 34 heridos. Lo que siguió a este incidente ocurrido el 4 de octubre no tenía precedentes en este país flagelado por décadas de guerra civil y violencia contra la mayoría indígena, así como por años de impunidad para las poderosas fuerzas militares. Las autoridades emprendieron las investigaciones de los hechos de violencia y detuvieron a los presuntos responsables. La fiscal general de la república — -ex activista de derechos humanos conocida por su audaz persecución de criminales- envío al menos 175 fiscales al lugar de la protesta, donde recogieron casquillos, muestras de sangre y evidencia de ADN. En una semana, los fiscales detuvieron a ocho soldados rasos y un coronel y los acusaron. Dos de los soldados y el coronel podrían afrontar cada uno penas máximas de 500 años de prisión por el cargo de ejecución.