Autorizan que el juez Garzón vaya a la Corte Penal Internacional

El Consejo General del Poder Judicial concedió ayer al juez Baltasar Garzón la autorización para trasladarse a la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya (Holanda), para ocupar durante los próximos siete meses un puesto de consultor externo de la Fiscalía. La decisión ha sido adoptada por tres votos a dos por la Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces, que sin embargo no ha accedido a declarar a Garzón en situación de servicios especiales, ya que considera que esta condición es incompatible con su suspensión cautelar, acordada el pasado viernes por el pleno del Consejo. Reglas del Poder JudicialLa Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) establece en su artículo 348 que “los jueces y magistrados pueden hallarse en alguna de las situaciones siguientes: servicio activo, servicios especiales, excedencia voluntaria y suspensión de funciones” y la comisión ha entendido que no se puede estar en dos de ellas a la vez. La portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, que ha informado a los medios de comunicación de la resolución adoptada por la Comisión Permanente, ha eludido responder a la pregunta de si la marcha de Garzón a La Haya, una vez denegada la situación de servicios especiales, implicará la pérdida de su destino en la Audiencia Nacional. El acuerdo dispone textualmente “participar” a Garzón, así como a la Fiscalía de la CPI, “que desde el punto de vista orgánico no se aprecian razones legales que impidan la contratación del expresado magistrado para prestar servicio de consultoría en la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional y, en consecuencia, la Comisión Permanente permite tal contratación”. Además del informe del secretario general del CGPJ, la Comisión Permanente tenía sobre la mesa otros cuatro escritos, en los que la propia Fiscalía de la CPI, la Fiscalía General del Estado, la sala de lo penal del Tribunal Supremo -que será la encargada de juzgar a Garzón- y el Ministerio de Asuntos Exteriores se muestran favorables al traslado del juez a La Haya.